Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Cada 36 horas desaparece una persona en el país, según la Defensoría del Pueblo. Cada 36 horas una mujer, madre, hermana, hija o esposa transforma su vida al dolor, la ausencia y la resistencia de buscar en medio de manglares, esteros, ríos, escombros, selvas y pozos las respuestas a preguntas que parecieran eternas. ¿Dónde están? ¿Por qué los desaparecieron? ¿Volverán a casa?
En Colombia, la búsqueda ha estado liderada principalmente por mujeres, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cerca de 27.882 mujeres adelantan procesos de búsqueda humanitaria. Ellas han tenido que luchar para que se indague en los lugares denominados como escenarios complejos de búsqueda, y recuperar a sus seres queridos.
Durante la época del conflicto, los grupos armados, con sevicia, se ingeniaron formas para asesinar y desaparecer. Entre las dinámicas de violencia estaba arrojar los cuerpos desmembrados, a veces completos, a los ríos y al mar, para que la corriente se los llevara. También los arrojaron a montañas de escombros, para que nadie pudiera encontrarlos.
Pero las mujeres buscadoras no han desfallecido en ese proceso y han insistido que se busque en esos lugares, aunque parezca imposible. Dentro de esos escenarios complejos para la búsqueda de personas desaparecidas están La Escombrera (Medellín), el estero San Antonio (Buenaventura), el Canal del Dique, el río Magdalena y el río Cauca. Pero a esos puntos identificados también se le suman los cementerios y las fosas comunes sin registro.
“Nos han dicho que la búsqueda es imposible, pero hemos persistido en que es posible buscar. Es posible que el Canal del Dique sea recíproco con las mujeres buscadoras. Que en la búsqueda pueda existir alguna posibilidad de encontrar un resto de las personas que hoy no están. Para nosotras las mujeres, la desaparición forzada es algo que desangra gota a gota. Resistir a la búsqueda en medio de no tener garantías ha provocado que muchas mujeres hoy no estén con nosotras, están enfermas del alma”, señaló a El Espectador, Aura Camargo, vocera de la Ruta del Cimarronaje, un proceso colectivo compuesto por más de 200 organizaciones sociales del Caribe Colombiano, que ha liderado una sólida defensa de los derechos de las comunidades étnicas en esta subregión.
En respuesta a este trabajo, en 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas de protección específicas para las obras de infraestructura en el Canal del Dique. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la búsqueda de personas desaparecidas y asegurar el derecho a la participación de las víctimas. Según detalló la JEP, en este punto, habría alrededor de 9 mil desaparecidos y 121 puntos de interés forense.
“La búsqueda ha sido implacable, incansable. Las mujeres negras nos han enseñado métodos para resistir y para seguir buscando. Hemos tenido la posibilidad de transformar un territorio como el Canal del Dique en un escenario propicio para la búsqueda completa”, añadió Camargo.
Un caso similar ocurrió con el río Cauca, un escenario que se utilizó como fosa común de los grupos paramilitares, con el apoyo de miembros de la fuerza pública. En las épocas más intensas del conflicto armado, las comunidades se encargaron de rescatar los cuerpos que bajaban por el río. De acuerdo con registros, entre 1982 y 2016 fueron rescatados 549 cuerpos o partes de ellos en ese afluente.
El 11 de julio de 2023, tras una lucha histórica de los consejos comunitarios del norte del Cauca, el alto tribunal declaró a ese cuerpo de agua como víctima dentro del caso 05. La Sala de Reconocimiento detalló que entre 2000 y 2004 hubo una conducta sistemática en asesinar personas y arrojarlas al río.
Dadas las complejidades de la guerra, la sentencia no estipula el número posible de cuerpos arrojados al río Cauca durante el conflicto y los que pudieran hallarse en los cementerios de las comunidades ribereñas.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el país hay 6.665 desaparecidos en los municipios ribereños, pero no hay un dato concreto sobre los cuerpos arrojados. Además del Cauca, existe información de que en 230 ríos del país se encontraron cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto.
Por eso, la historia se repite cuando se busca en el río Magdalena. Según cifras de la UBPD, en este río se estima un universo total de 2.365 cuerpos que fueron arrojados. Recientemente esa entidad lanzó una ruta de búsqueda por el río para llegar a las comunidades ribereñas, recoger información, datos y muestras de ADN para adelantar las búsquedas. Sin embargo, así como sucede con el río Cauca, el nivel de éxito es bajo, casi nulo, por los factores que condicionan esa búsqueda, como las corrientes de agua, el sedimento, y el nivel de deterioro de los cuerpos en el agua.
Sin embargo, las mujeres buscadoras de esa zona mantienen la esperanza de saber, al menos, qué fue lo que pasó con su ser querido desaparecido. “Esto es una esperanza para las familias que tenemos desaparecidos y que no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Nos hemos acercado a firmantes de paz y a diferentes grupos armados y no encontramos respuestas. Llevamos casi 25 años buscando y seguimos esperando. Esta ruta es una esperanza para los que conocemos la realidad sobre nuestro seres queridos que fueron arrojados al río. Aquí tenemos un cementerio en el agua, una fuente de vida que fue convertida en muerte. Les pedimos a los firmantes de paz y a los exparamilitares que digan la verdad, eso es lo que más queremos”, relató en un reciente encuentro con El Espectador, Noralba Mora, miembro de la Asociación de Víctimas de Barrancabermeja.
Esa insistencia de buscar también se mantiene en el estero de San Antonio, en Buenaventura. La orden de los grupos armados era abandonar el cuerpo en el estero y no recogerlo. Para ello usaban pescadores que ataran a las víctimas, pero luego esos pescadores eran asesinados. De un universo total de 900 personas desaparecidas en Buenaventura, se estima que más de 190 cuerpos habrían sido dispuestos en ese lugar.
Según la UBPD, el 92 % de las personas presuntamente desaparecidas son hombres negros y afrocolombianos entre los 16 y los 40 años de edad, pescadores, comerciantes, estudiantes, mineros y constructores; el otro 5 % son mujeres entre los siete y 45 años.
En 2020, organizaciones de víctimas, la Fundación Nydia Erika Bautista y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la protección de los esteros para continuar con la búsqueda de sus seres queridos. En respuesta a la petición, la JEP dictó una medida cautelar que va hasta diciembre y le ordenó a la Unidad de Búsqueda elaborar un plan de búsqueda en el estero. Una de las organizaciones de mujeres buscadoras que más han insistido es Madres por la Vida, quienes en repetidas ocasiones han señalado que lo importante no es encontrar algo, sino buscar.
Ángela Sinisterra, profesional psicosocial que acompaña el proceso de búsqueda de las mujeres explica que para las comunidades negras es muy importante tener una tumba a donde ir para hablar y llorar a su familiar, aunque sean conscientes de que ese familiar ya no los puede escuchar. Por eso, aunque no han encontrado a los desaparecidos del estero San Antonio, el trabajo de búsqueda ha sido importante.
“Más que el acompañamiento de una entidad, el hecho es que el Estado reconoce los derechos de las víctimas y pone a la UBPD como una entidad que cuenta con las herramientas para hacer la búsqueda. Es una manera de que las comunidades sientan que no están solas, que tienen respaldo y le dan valor a su sentir”, explicó.
Otro escenario complejo es La Escombrera, en Medellín, que ha sido declarada como la fosa común más grande a cielo abierto en América Latina.
En ese lugar, el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad ha sostenido la lucha de encontrar a sus seres queridos desaparecidos en el marco de la Operación Orión. Su resistencia ha dado frutos y hasta ahora han logrado encontrar siete cuerpos. Para ello, se tuvieron que enfrentar a entidades que en principio dijeron que era imposible encontrar a alguien allí.
Según la Corporación Jurídica Libertad, en esa zona podría haber más de400 cuerpos de personas desaparecidas de la Comuna 13, unos 100 de los cuales fueron víctimas de la Operación Orión. En este primer año de excavaciones se han removido más de43.000 metros cúbicos de tierra y escombros para intervenir un polígono de 10.700 metros cuadrados, luego de que la JEP ordenara, en mayo de este año, la ampliación del área.
“Durante estos doce meses, Mujeres Caminando por la Verdad hemos recorrido este proceso de búsqueda con dolor, dignidad y firmeza. Hemos llorado y resistido juntas, sosteniéndonos en el abrazo, la palabra y la memoria. Hoy, tras un año de haber comenzado esta excavación, nos conmueve profundamente decir que se han recuperado siete víctimas. Aunque no bastan frente al inmenso número de personas desaparecidas en la Comuna 13, estos hallazgos representan un paso importante en la lucha por la verdad”, relató en una entrevista reciente, Luz Helena Galeano.
Como si toda esa lucha fuera poca, las mujeres buscadoras han sido revictimizadas mediante estigmatización, violencia sexual, desplazamiento forzado, amenazas y hostigamientos. A eso se le suma que, aún en medio de la búsqueda, las mujeres han tenido que seguir cumpliendo labores en el hogar, la crianza y la búsqueda de sustento.
Nada de esto, por más complejo que parezca, las ha hecho desistir en su resistencia, por el contrario, a raíz de su fuerza han logrado hechos históricos como la inclusión del artículo 12 en la Constitución Política de 1991: “Nadie será sometido a desaparición forzada, torturas o tratos crueles, degradantes e inhumanos”. Ese fue un primer paso para años más tarde lograr la expedición de la ley de mujeres buscadoras que establece condiciones dignas para la búsqueda y un día para su reconocimiento, el 23 de octubre.
La Fundación Nydia Érika Bautista, Mujeres Caminando por la Verdad, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, las Madres de Soacha, el Colectivo 16 de mayo y el resto de mujeres buscadoras del país se unen en una misma petición: buscar con dignidad.
La urgencia es expresa. En sus dos primeras sentencias restaurativas, contra exintegrantes del último secretariado de las antiguas Farc y exmilitares del Batallón La Popa en Valledupar, la JEP ordenó buscar a los desaparecidos en el marco de secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Una orden que exhorta de frente a las instituciones para que sigan adelante con este trabajo. Hoy, tras un año de la creación de una ley que las protege y les da dignidad, las mujeres buscadoras siguen pidiendo garantías y que sus desaparecidos, por más difícil que parezca, nunca se dejen de buscar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
Conoce más