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Ya son más de 10 congresistas los que sumaron su respaldo a un nuevo intento de reducir sus salarios, una propuesta que esta vez será radicada por el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, tras el hundimiento de la ley de financiamiento. Aunque la iniciativa ha naufragado en repetidas ocasiones, el legislador asegura que esta vez hay dos cartas fuertes sobre la mesa: una crisis fiscal que enfrenta el país y el aroma electoral de 2026, que podría empujar a más de uno a subirse al tren de la austeridad. El proyecto cuenta con el apoyo no solo de miembros de la bancada de gobierno, sino también de figuras como Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, y Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal; desde fuera del Legislativo, tiene el apoyo incluso de la defensora del Pueblo, Iris Marín.
De momento, la idea no ha sido aterrizada a los números. Cepeda está recogiendo la mayoría de apoyos posibles para desarrollar y radicar el proyecto, si es posible, antes de que arranque oficialmente el trabajo legislativo en febrero. Y es que, con la mirada puesta en asegurar su regreso al Capitolio o incluso aspirar a la Casa de Nariño, muchos congresistas podrían estar dispuestos a abrazar esta causa. “Obviamente el electorado es muy sensible frente a este tema y va a tener los ojos puestos en el próximo periodo. No es un asunto nuevo, pero realmente genera en la ciudadanía mucha indignación”, explicó el senador del Pacto.
La última vez que esta idea fracasó en el Congreso fue al cierre de la legislatura pasada, en junio de 2024. En ese momento, la bandera la ondeaba el senador de la Alianza Verde Jonathan “Jota Pe” Pulido Hernández. En específico, el proyecto buscaba eliminar la Prima Especial de Servicios —que en el 2023 correspondía a 14′256.837 pesos—, y así reducir el monto que ganan los congresistas de forma mensual que alcanza los 48 millones de pesos. Esta cifra no incluye el incremento correspondiente al aumento del salario mínimo para 2025.
Aunque superó dos debates en el Senado, el proyecto de ley se hundió en el tercer debate en la Cámara, obteniendo solo 14 de los 21 votos a favor que necesitaba para sobrevivir. Al articulado se opusieron copartidarios de Pulido y representantes de varios partidos, incluyendo a todos los conservadores que estaban presentes en el debate. La mayoría se apegó de un concepto emitido por el Ministerio de Hacienda, entonces en cabeza de Ricardo Bonilla, que establecía que, de acuerdo con los artículos 150 y 154 de la Constitución, solo el Gobierno Nacional tiene la potestad de modificar el salario de los legisladores y de demás funcionarios públicos.
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En este nuevo intento de reducción salarial congresional, el gobierno de Gustavo Petro no se ha pronunciado. Tanto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, como la directora del Dapre, Laura Sarabia, han optado por desconectarse de las redes sociales hasta el próximo 6 de enero, argumentando la necesidad de una “desintoxicación” frente a la agresividad en esos espacios.
Sin embargo, siete congresistas del Pacto han expresado su respaldo a la idea de Cepeda a través de X. “En un país tan desigual es inaceptable que los legisladores ganemos sueldos tan altos. Votaré a favor de la reducción. Vamos a ver quiénes se oponen y que el país los conozca”, dijo la senadora Esmeralda Hernández.
En los últimos 10 años, más de una decena de proyectos para reducir los salarios de los congresistas han sido presentados en el Capitolio. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas comparten el mismo destino: comienzan con un respaldo sólido que se desmorona en el camino. En esta ocasión, la idea la sugirió Cepeda tras el hundimiento de la ley de financiamiento con la que el gobierno buscaba subsanar un vacío de cerca de 10 billones de pesos para el presupuesto general de este año. Tras el fracaso, en los últimos días de 2024, el gobierno expidió el decreto del PGN 2025 con un recorte de 12 billones de pesos, fijándolo en 511 billones de pesos.
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El hundimiento de la suerte de reforma tributaria que propuso el Ministerio de Hacienda durante el semestre pasado estuvo liderada, en gran parte, por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, con quien el mismo Petro tiene constantes choques directos. No obstante, el autor de la propuesta asegura que su interés no es “producir un castigo o sanción moral” a quienes se opusieron a la ley, sino cumplir con el mandato popular expresado en la consulta anticorrupción de hace siete años.
Para garantizar su éxito, Iván Cepeda propone presentar un proyecto “limpio” y unificado entre todas las bancadas. “Esta iniciativa la vamos a centrar sobre los salarios porque, cuando se le empiezan a agregar otros asuntos, su eficacia se diluye”, explicó. En la última década se han hecho otras propuestas que incluyen la reducción de asientos en el Congreso.
El senador del Pacto Histórico asegura, además, que ha percibido señales claras de respaldo ciudadano, con disposición incluso a movilizarse en las calles para apoyar la propuesta. De aprobarse pronto, el proyecto podría aportar en cierta medida a las arcas fiscales. En los últimos días de 2024, el gobierno Petro anunció recortes en varios subsidios sociales debido al desfinanciamiento, mientras numerosos sectores estratégicos enfrentarán restricciones presupuestales. Con las fuerzas políticas empezando a delinear alianzas de cara a los próximos comicios, la reducción salarial podría transformarse en una bandera irresistible en un escenario electoral cargado de tensiones.
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