50 piletas

Un vecino de San José en Buenaventura no entiende por qué, si desde hace más de 60 años vive ahí, ahora se le clasifica como invasor. “El malecón lo van a tener que hacer conmigo acá, porque de mi casa nadie me saca” advierte, y no está solo ya que 3.400 familias pelean contra el desalojo. Intentan exponer algunas propuestas para quedarse, pero es un diálogo empantanado en inercia. El Distrito les responde que “tendrán que abandonar sus viviendas en ese deprimido sector del puerto, que deberá desaparecer cuando construyan el malecón”. Ya no en el mar, sino en el río, 6.728 familias se niegan a abandonar sus casas en el jarillón del Cauca. Argumentan que no pueden irse a un apartamento, pues en sus hogares tienen marraneras, pollos, palos de aguacate, tiendas, modisterías, peluquerías. Han escrito planes para permanecer en sus barrios y “soluciones agroecológicas” para cuidar el río, pero este es otro diálogo empantanado en inercia. El Distrito les responde que “tendrán que abandonar sus viviendas en esa zona de riesgo que tendrá que desaparecer este año”.

Hoy hay tutela y celulares con cámara e Internet. Puede denunciarse un desalojo. También abundan los fondos y permisos para hacer más megaproyectos de vivienda en los que ubicar a la gente. Sin embargo, subsisten las continuidades con los momentos de rápida urbanización del pasado.

En el norte del país, por ejemplo, familias que comenzaron a ser desplazadas de sus hogares tras acciones paramilitares construyeron nuevas casas en el suroccidente de Barraquilla. Solo dos de una veintena de barrios recibieron piletas comunitarias (un tubo para todo el barrio). El entonces conocido senador Pedro Martín Leyes se bañó en una de ellas, como en un bautizo adulto, para recordar a todos que le debían votos por el favor. Cuando el suroccidente se hizo grande y en la medida en que nuevos habitantes no paraban de llegar, Juntas de Acción Comunal hicieron un plan. Consiguieron que, a través de un préstamo internacional, se les instalaran 50 piletas públicas. Las Juntas comprarían el agua al acueducto municipal y venderían así agua limpia a buenos precios.

Aunque el dinero del préstamo fue desembolsado, los planes de las comunidades eran sólidos y las familias ya estaban ilusionadas, las piletas nunca fueron instaladas. Sin atender a estos planes ni ideas, en el Distrito había quienes guardaban la ilusión de desalojar los barrios y anexarlos quizá a un municipio vecino como Soledad o Malambo. El propio gobernador del Atlántico, Rodolfo Espinosa Meola, propuso en 1996 la creación de un municipio nuevo “para los desplazados”. En este “nuevo municipio se construirían en serie, hileras e hileras de edificios de bajo costo”, “para solucionar el problema producto del desplazamiento, de la reinserción, de los damnificados”. Al “ubicarlos” a todos en este nuevo municipio (tan parecido a una de las megasoluciones de vivienda construidas hoy en las afueras de las ciudades), quedarían libres de problemas todas las ciudades existentes.