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Los partidos de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo tienen enfiladas sus baterías en cómo frenar el relato constituyente de la Casa de Nariño y al mismo tiempo ponerle palos en la rueda de la agenda oficialista en el Capitolio, sino que también buscan impulsar por su lado una serie de iniciativas y reformas que, a su juicio, son el punto de equilibrio ante lo que consideran es el riesgo que genera la actual administración.
Y aunque como bloque no tiene mayorías en las comisiones y plenarias de Cámara y Senado, sí tienen la fuerza para mover y convencer adeptos que les permitan sumar los apoyos que requieren para sacar adelante proyectos que hacen parte de su agenda política y con los que les hablan a sus votantes, esos mismos que están cuidando para intentar arrebatarle el poder a la izquierda en el 2026.
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Aunque también existen herramientas legales como el Estatuto de la Oposición, el cual les da las bases para pedir sesiones especiales con la agenda que consideren las colectividades que están reconocidas políticamente como contrarias a la administración de turno, la Casa de Nariño no está quieta y tiene a varias de sus fichas moviéndose para que los propósitos legislativos de la oposición no afecten los intereses propios del oficialismo.
En medio de este pulso se sabe que, al menos en Senado, el senador David Luna, de Cambio Radical, solicitó que se le asigne el martes 18 de junio, a solo dos días del término de la legislatura, para ejecutar el debate de control político sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El parlamentario quiere dilucidar si la entidad dirigida por Carlos Ramón González –también salpicado por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)– tiene o no una estrategia de seguimiento y perfilación sobre los opositores.
La DNI lo ha negado enfáticamente en varios escenarios, pero aún falta que pase al tablero a nivel congresional.
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Pero ahí no para todo. Para el siguiente día, el 19 de junio, los partidos Cambio Radical y de Centro Democrático quieren que se les asigne el manejo de la plenaria del Senado para tramitar los proyectos que estas colectividades de oposición consideren.
No obstante, voceros de ambas colectividades reconocen que aún no tienen claro qué iniciativas llevarían si la mesa directiva, en cabeza del senador Iván Name –otro salpicado por el expediente de la UNGRD–, les termina asignando la sesión de este miércoles. Y aunque aspiran a que la tercera fecha a la que tienen derecho como oposición se les otorgue el último día legal de la legislatura, el 20 de junio, es poco probable que lo logren porque eso implicaría una pérdida tácita para el Ejecutivo.
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En la Cámara, donde el Gobierno tiene más afinidad con los congresistas que en el Senado –un escenario que le es más adverso–, se les otorgó una de las tres fechas este miércoles, pero aún están pendientes de asignarse las otras dos fechas. Esta instancia la lidera el representante liberal Andrés Calle, otro de los mencionados en los expedientes de la UNGRD y muy afín a la Casa de Nariño.
Pero, más allá de ese escenario, el segundo vicepresidente de la corporación, el representante del Centro Democrático Juan Espinal, le confirmó a este diario que están utilizando todas las herramientas legales y políticas para promover una “paro legislativo” que frene las agendas del Ejecutivo.
Eso sí, en medio de todos estos movimientos también están pendientes de que se definan las fechas de las cinco mociones de censura que como bloque opositor presentaron varios partidos en la Cámara. Quienes deben pasar al banquillo son los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; de Defensa, Iván Velásquez; de Minas, Andrés Camacho; y de Igualdad, Francia Márquez, quien a su vez es la vicepresidenta.
Los mismos ministros y sus aliados han calificado la jugada como un intento de sabotaje al trámite de reformas que aún están vivas, como la pensional, la laboral y la de educación, por lo que insistieron en que se den los debates con altura.
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En todo caso, no todo ha sido negativo para el Ejecutivo en los días previos al cierre de la legislatura que culmina el jueves 20 de junio. Solo en las últimas 48 horas lograron aprobar en tercer debate la reforma a la educación –falta la discusión definitiva en la plenaria del Senado–, sacar la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y la mesada 14 para los retirados de la Fuerza Pública; sobre estas dos últimas iniciativas oposición y oficialismo cobran en parte su autoría.
“Recuperada la mesada 14 para el retiro de los integrantes de la Fuerza Pública. Lo prometido se cumple” aseguró el presidente Petro. “Nos alegramos de que se haya aprobado en cuarto debate el proyecto de mesada 14 en la plenaria de la Cámara. Ahora nuestra Fuerza Pública tiene blindada su mesada y el personal civil no uniformado va a tener una feliz y gran navidad”, dijo el representante José Jaime Uscátegui, del opositor Centro Democrático.
En todo caso los nueve días hábiles que quedan para sesionar en el Congreso no son sencillos para ninguna de las dos partes, porque el oficialismo quiere sacar sus reformas y tiene interés en otros proyectos, pero es consciente de que los movimientos de la oposición pueden terminar cerrándole espacio y maniobrabilidad.
Y, en medio de todo, la confrontación política que existe por el relato constituyente y el anticipado debate electoral por el 2026 marcan mucho la pauta, que no es otra que la imposibilidad de lograr acuerdos más sólidos y que sobrepasen intereses particulares de ambas partes. Además, tema no menor, sigilosamente ya se viene librando el pulso por quiénes ostentarán las jefaturas de Cámara y Senado a partir del 20 de julio próximo, dignidades que tanto el Gobierno como la oposición quieren controlar.
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