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Alejandro Ramelli Arteaga, nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se posesionó con una diferencia de 20 votos de sus contrincantes Danilo Rojas y Reinere Jaramillo. Para él, los derechos de las víctimas van primero y la emisión de las primeras sentencias podría tardar. En diálogo con este diario, el magistrado dio algunas puntadas sobre el papel del Gobierno en ese proceso y habló sobre varios puntos cruciales como las investigaciones a los mandos medios tanto de FARC y fuerza pública, así como de los procesos restaurativos.
Asume la presidencia de la JEP en un momento crucial para la jurisdicción por una razón fundamental: la definición de las primeras sentencias del sistema. ¿Qué falta para que se concreten esos fallos?
Respecto a la primera sanción o el auto que tiene relación con el tema de las FARC y el secuestro hay unos tiempos que hay que tomar en cuenta y unas complejidades. En primer lugar, la elevada participación de las víctimas, lo cual es muy gratificante. Han intervenido más de 3.200 víctimas con 200 observaciones y eso lleva a que los tiempos de resolución sean un poco más extensos. Al mismo tiempo, la defensa de los comparecientes de las FARC han presentado unos recursos de reposición, apelación, nulidades y recusaciones que obviamente están en su derecho de hacer, pero que igualmente tardan un poco más en ser resueltos. Y está también el tema de las sanciones propias que creo que es lo más complicado. Esto se trata de sanciones novedosas, que no existen donde los comparecientes tienen que realizar unas tareas y trabajos de contenido restaurativo.
Para ello, lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo es que el Gobierno tiene que proveer los proyectos y la financiación de esos proyectos, y nosotros lo que tenemos que hacer es mirar si sus proyectos se ajustan a las necesidades de las víctimas y efectivamente monitorear su cumplimiento. De igual manera, se establece la creación de una instancia de articulación presidida por el Gobierno, que no ha sesionado desde marzo, donde diversas instancias tienen que hacer ese balance de cuáles son esos proyectos que existen en el Estado y a los cuales deben sumarse los comparecientes.
¿Qué más debe hacer el Gobierno además de financiar los proyectos?
El tema no es solamente la financiación, y yo quisiera aclarar que esos dineros no van al presupuesto de la Jurisdicción ni nosotros vamos a administrarlos, eso lo harán las entidades correspondientes. Ese dinero sirve para financiar esos proyectos, pero lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo es que es competencia del gobierno nacional, el diseño de los proyectos. Nosotros tenemos que mirar si son proyectos viables para el restablecimiento de los derechos de las víctimas. El tema de las sentencias no es una responsabilidad únicamente de la JEP, quien tiene que fijar línea es el Gobierno.
Esos proyectos, además, van a servir para todas las sentencias, y hasta ahora estamos hablando de la primera, pero van a haber muchas más entonces el tema es tiene que haber una articulación muy fuerte entre la jurisdicción y todas esas entidades coordinadas por el Gobierno Nacional. A veces la opinión pública podrá tener la idea de que nosotros nos estamos demorando mucho porque nos queremos demorar cuando realmente el corazón de la sentencia es la sanción propia. De cierta manera lo que puedan tardar la sentencias también es una responsabilidad del gobierno nacional
Sus antecesores prometieron esas sentencias y le pusieron fecha, pero no se cumplieron. ¿Usted tiene una fecha en mente?
No me quiero comprometer con alguna fecha porque el proceso es el que marca los tiempos, entonces uno no puede fijar con exactitud qué día va a salir una sentencia de esta magnitud. Como esa sentencia depende, insisto, en gran parte del Gobierno, pues obviamente requerimos del concurso del apoyo del Gobierno y eso demanda sus tiempos.
Usted menciona los recursos que ha presentado el secretariado de las FARC respecto a las imputaciones por secuestro. ¿Cómo ha afectado ese tema la emisión de la sentencia?
Ellos tienen el derecho a ejercer su defensa. No digo que no puedan presentar los recursos, pero, por una parte, el Secretariado de las FARC dice que nos demoramos en sacar las sentencias y por la otra interpone toda esa cantidad de recursos, siendo que ya habían aceptado responsabilidad. Entonces también hay que mirar que los tiempos también están medidos por la actividad procesal de ellos.
Eso también ha generado una desconfianza de las víctimas hacia el sistema. ¿Qué estrategia tienen para evitar que esa desconfianza crezca?
Yo creo que la legitimidad nuestra descansa en la participación de las víctimas. Ellas han querido participar, y están en todo su derecho, ante el tribunal. Y está bien que participen, pero quisiera también insistir en un tema y es que en la justicia restaurativa el proceso que se ha llevado a cabo es tan importante como la sentencia y como las condenas. Esa, me parece a mí, es una diferencia sustancial con la justicia ordinaria, donde a nadie le interesa el proceso, solo importa la sentencia. En términos de justicia restaurativa, es tan importante todo ese recorrido que han transitado tanto las víctimas como los comparecientes con la sentencia.
Otro tema que me parece muy importante es que la justicia transicional no se puede medir únicamente en términos cuantitativos de decir cuántos autos o cuántas sentencias. En este caso se debe hacer en términos de cuál es la verdad que se ha obtenido, qué es lo que hemos descubierto que no se sabía y cuál es la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Además de los reclamos de las víctimas, también hay de las FARC. Uno de ellos es que para el antiguo secretariado las investigaciones están tocando a otros niveles de mando y, dicen, eso no estaba contemplado en el Acuerdo de Paz. ¿Cuál es su lectura de estas investigaciones?
Lo que establece el Acuerdo de Paz es que tenemos que investigar a los máximos responsables. La condición de máximo responsable no es sinónimo de comandante supremo. Y le hago un paralelo: si fuera eso así, en la fuerza pública técnicamente solo deberíamos investigar generales y no mandos medios de la fuerza pública. Los mandos medios tienen un conocimiento mucho más directo de la comisión de los delitos, entonces si alguien está en la cúpula responde es más por la política y la estrategia, pero no tiene conocimiento directo de los hechos y qué es lo que están pidiendo las víctimas, que es el conocimiento de los hechos y la verdad.
¿Usted cree que la justicia restaurativa para las víctimas, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, es sembrar árboles? Muchas de las víctimas ya dijeron que no están de acuerdo…
La justicia restaurativa tiene enormes desafíos y no siempre es fácil lograr traducir todas las demandas de justicia que tienen las víctimas, que son bastante elevadas, a unos proyectos específicos. Las víctimas tienen una expectativas de lo que se va a reparar, pero al mismo tiempo el Estado tiene unas limitaciones y nosotros tenemos que tratar que se aproximen los unos con los otros. No es poner a los comparecientes a realizar cualquier actividad en cualquier parte, esas actividades tienen que impactar positivamente a las víctimas y que sientan que sus derechos fueron restablecidos. En eso estamos trabajando.
¿Considera que la JEP es un tribunal de cierre del conflicto? ¿Qué opina de la discusión sobre cerrarla, la cual puso sobre la mesa el Gobierno hace unos meses?
Nosotros somos un tribunal de cierre de lo que nos correspondió, que era el proceso de paz con las FARC hasta el año 2016. Eso es lo que estamos cumpliendo. Ahora, lo que sí tiene que quedar muy claro es que cualquier modelo que se vaya a diseñar tiene que respetar los estándares internacionales que ya están fijados por la Corte Penal Internacional y por el Sistema Interamericano.
¿Qué mensaje puede enviarle al país y a las víctimas que están viendo con escepticismo el trabajo de la JEP?
Yo creo que las víctimas como siempre lo he dicho, están en el centro de nuestro sistema y todas las labores que realizamos día a día es para satisfacer sus derechos. Obviamente hay dificultades, incomprensiones y asuntos que tenemos que ajustar, pero yo creo que se ha logrado unos resultados muy importantes, que a veces nos han faltado, quizás, comentarlos mucho más con la opinión pública, pero también hay muchas víctimas satisfechas. Al mismo tiempo, los comparecientes también se transforman, pues muestran un debido arrepentimiento y ven la humanidad en sus víctimas. Eso es lo que hace la justicia restaurativa: acercar a las partes.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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