Investigan “prorroguitis” de contratación en Relleno Doña Juana

La Personería de Bogotá inició investigación disciplinaria contra las ex directoras de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) Gloria Lucía Ospina Sorzano y Fabiola Ramos Bermúdez (encargada), por presuntas irregularidades en las prórrogas sucesivas del contrato de manejo del relleno de Doña Juana, que permitieron su continuidad por encima de lo establecido en las normas.

De acuerdo con la indagación, el Distrito suscribió un contrato de concesión en el 2000 por cinco años (60 meses), para el manejo del relleno de Doña Juana. En enero de 2005, en cambio de dar por terminado el contrato, la Uaesp concedió una adición y prórroga, con la condición de que sólo se ampliaría hasta tanto se cumplieran algunas de las siguientes condiciones: se llegara al 50% del valor inicial del contrato, se cumplieran 30 meses más o se completara la capacidad de la Zona VIII del Relleno.

Pese a que unas de esas condiciones se cumplieron, el 31 de agosto de 2007, es decir, casi 32 meses después el contrato se volvió a prorrogar hasta el ocho de diciembre del mismo año (16 meses más). Luego, el siete de diciembre de 2007 se prolongó nuevamente el contrato por cuatro meses. Una vez más, el siete de abril de 2008 hasta el ocho de octubre de 2009 (17 meses).

Por esas prórrogas sucesivas que llegaron casi a 70 meses (más del 100 por ciento del tiempo pactado inicialmente en el contrato) deberán dar explicaciones a la Dirección de Investigaciones Especiales de la Personería, las funcionarias que dirigieron la Uaesp.

Los investigadores no se explican por qué el Distrito, durante cerca de cuatro años, no realizó oportunamente la licitación para la entrega en concesión del relleno.

"Pese a que la Personería desde el pasado 24 de febrero realizó una serie de observaciones a la licitación del Distrito para la entrega en concesión del manejo del relleno de Doña Juana, varias de esas inconsistencias aún no han sido atendidas", puntualizó el ente de control.

"Por ejemplo, la Uaesp estableció en el proyecto de pliegos del concurso público, que el proponente deberá realizar los estudios de la licencia ambiental, tramitarlas a su costo y obtener su aprobación, cuando precisamente la licitación anterior fue suspendida por falta de licencia ambiental. Además, la Corporación Autónoma Regional (CAR) estableció en su momento que ésta debía ser tramitada por la entidad estatal responsable del Relleno y no por el contratista concesionario.

Igualmente, se cuestionó el hecho de exigir una experiencia de sólo seis meses en el manejo de los rellenos de basuras, pese a la importancia de contar con un concesionario con la suficiente idoneidad y probada pericia en la administración de este tipo de rellenos.