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El Congreso de la República regresará a las Altas Cortes el ‘poder nominador’ para la elección del Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República. Así quedará en la reforma a la justicia, según la ponencia que será radicada para discusión en la comisión primera del Senado.
Aunque en los cuatro primeros debates de aprobación (de los ochos que debe surtir la iniciativa) les fueron quitadas las facultades para nominar y presentar candidatos para los órganos de control, en el Capitolio se estudió con más detenimiento esa idea y se reversó dicha posibilidad.
Así las cosas, todo seguirá igual en cuanto a esa facultad nominadora. En la actualidad, el contralor es escogido por el Congreso en pleno de una terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Para el caso del Procurador lo elige el Senado de una terna que debe ser integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Sin embargo, los legisladores consideran necesarios establecer un régimen de inhabilidades a los magistrados de las Cortes, luego de que surtan esa facultad nominadora.
La idea es que se les quite ese “estigma” a las Cortes que hoy postulan para la elección de los altos dignatarios del Estado en los órganos de control y después llevan a las nóminas de esas entidades a sus familiares.
El Gobierno Nacional ha expresado que no es buena la “politización” de la justicia, a través del poder nominador y, de hecho en el proyecto original, el Ejecutivo pidió quitar esa facultad a las Cortes.
En ese sentido, en anteriores debates de la reforma en el Congreso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que esa facultad “no ha sido útil para la justicia y ha contribuido a su politización».
“Sería más bien útil preguntarles a las Corte porqué quieren conservar funciones nominadoras”, aseguró el funcionario.
Ahora, la comisión primera espera que después de Semana Santa se lleve a cabo el quinto de ocho debates de aprobación en la corporación.