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Uno de los episodios menos indagados por la justicia colombiana es el relacionado con quiénes fueron las personas y empresas que financiaron a finales de la década de 1990 y principios de los 2000 a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el grupo armado criminal liderado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Gran parte de esa verdad, según los expedientes judiciales, la tiene Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, más conocido por ser la cabeza del brazo financiero de esa organización paramilitar y narcotraficante que perpetró miles de crímenes de lesa humanidad entre 1997 y 2004, cuando finalmente se desmovilizaron durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.
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Hace pocas semanas, Lucas, quien fue recapturado en abril de 2021, volvió a ser mencionado, pues la Fiscalía lo acusó de organizar la masacre de Juradó (Chocó) en 1996, en la que fueron asesinadas nueve personas del caserío de Coredó. Sin embargo, este no es el único crimen por el que ahora Soto está rindiendo cuentas, pues también se le endilga ser uno de los coautores del asesinato de tres funcionarios del CTI que investigaban el narcoparamilitarismo en Antioquia entre 1997 y 1998. Lucas habría sido pieza clave de la expansión de la Casa Castaño pues administró, en pleno centro de Medellín, las oficinas del Parqueadero Padilla, considerado como el corazón de las finanzas de las Auc.
El Espectador tuvo acceso a la audiencia de indagatoria de Lucas, que duró tres horas y en la que la Fiscalía le preguntó sobre sus movimientos mientras estuvo en las entrañas del paramilitarismo, manejando los dineros que patrocinaron esa estructura criminal. Al inicio de la extensa diligencia, realizada a los pocos días de su recaptura, el ente investigador le preguntó sus datos personales y familiares, los cuales algunos decidió reservarse por motivos de seguridad. Luego, el fiscal del caso inició la indagatoria pidiendo aclaraciones sobre el pasado judicial de Lucas, pues no era muy claro cómo no terminó pagando condena por ser uno de los hombres de confianza de los Castaño.
El propio Lucas explicó que en abril de 1998 fue capturado en medio de las acciones de la Fiscalía en el caso Parqueadero Padilla, operativos que fueron encabezados por los entonces fiscales Gregorio Oviedo e Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa. También precisó que, luego de su captura y de aceptar cargos, se fugó de la cárcel de Bellavista en Bello (Antioquia) y que solo duró cinco meses detenido. Cuando la Fiscalía le preguntó quién financió su fuga, aseguró que no tenía conocimiento. “Me imagino que fueron los hermanos Castaño”, señaló Soto Toro, quien permanece preso en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, mientras sus procesos judiciales avanzan.
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Luego de su fuga de la cárcel de Bellavista, cuenta Lucas, se escondió de las autoridades en varias fincas del Urabá, como La 15, de los Castaño, “y allá seguí en lo mismo, ayudando en la parte administrativa (de las Auc), en compra de insumos y cosas así porque no tenía movilidad, hasta 2003 cuando me desmovilicé (…) Le solicité (al gobierno) desmovilizarme con el bloque Cacique Nutivara de los paramilitares y vieron que era viable porque yo había participado en Medellín (…) Luego consulté con Vicente (Castaño) y él lo aprobó. Le dijeron a alias Don Berna (jefe de ese bloque) y aceptó que me desmovilizara con ellos”, indicó Lucas en la indagatoria.
Previo a que las Auc tuvieran su contabilidad en el Parqueadero Padilla, Lucas contó que él, junto a dos mujeres (de las que no entregó sus nombres), manejaban las cuentas en un garaje en Laureles, un zona de Medellín que en los años 90 era de las más exclusivas. Dijo que se enteró de la existencia del parqueadero días antes de su primera captura en abril de 1998. Sin embargo, la Fiscalía encontró un contrato de arrendamiento, con fecha de abril de 1996, en el que figura el propio Lucas como arrendatario de las oficinas del parqueadero. Soto Toro dijo que no recordaba ese documento y que, aunque la firma que aparece en ese contrato es similar a la suya, no descarta que la hayan falsificado.
Alias Lucas dijo que mientras manejó esas oficinas, en pleno centro de Medellín y donde se encontraron cheques y facturas de los financiadores de las Auc, siguiendo órdenes de Vicente Castaño, “quien era el encargado de la parte administrativa” de los paras. Por ejemplo, señaló que dentro de sus labores estaba enviarles dinero a varios comandantes paramilitares, como alias Pedro Bonito, jefe del bloque Bananero en Urabá. También, según su relato, era el encargado de mantener en orden las cuentas de los bienes de los Castaño, entre ellos la mansión Montecasino, la base del Clan Castaño en El Poblado de Medellín.
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“En el parqueadero había mucho papel escrito y factura de compra de ropa, de comida, de medicamentos. Eso era muy artesanal, porque yo no tengo ningún estudio contable y ahí había mucha información. Todo eso está en el expediente de 1998. Allá no se manejaban platas, a mí me llamaban y, por intermedio de otras personas, me entregaban y me decían qué le debía dar a tal persona”, declaró Lucas. A renglón seguido, el fiscal del caso empezó a citar testimonios de exparamilitares que indicaron que Lucas enviaba dineros al bloque Centauros en el Meta y al Bananero en Urabá y que algunas de esas entregas se hacían en Montecasino, hechos que fueron confirmados por el propio Lucas.
Incluso, dijo que a esta mansión de los Castaño eran convocados otros líderes criminales y paramilitares pero, según él, nunca le era permitido entrar a las reuniones. Por ejemplo, allí también era citado alias el Negro, el temido jefe de la banda La Terraza, usada por las Auc para ejecutar crímenes como el de Jaime Garzón y el del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien denunció la masacre paramilitar de El Aro (octubre de 1997). Al que sí desmintió Lucas fue a Isaías Montes Hernández, alias Júnior, uno de los perpetradores de esa masacre, quien dijo que previo a ese crimen, Lucas le enviaba material de intendencia a Ituango (Antioquia).
Cuando el fiscal le pidió mayor información sobre La Terraza, Lucas dijo que había olvidado muchas cosas luego de contagiarse de covid-19, pero que en sus declaraciones previas ante las autoridades su relato era más preciso, porque tenía los recuerdos más frescos. En medio de la diligencia, Lucas señaló que, a raíz del contagio de coronavirus, quedó con muchas dolencias y pidió que tuvieran en cuenta su vida. “Usted (el fiscal) y yo hace dos años nos entrevistamos en Medellín. Luego de eso me tocó retirarme porque me iban a matar (…) el martes pasado yo le dije que cuidara de mi vida. Desafortunadamente, esa entrevista me ocasionó problemas y usted sabe de quién”, señaló Lucas.
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Sin embargo, el fiscal le aclaró que no sabía a quién se refería, pero que si quería especificar algún nombre, que lo hiciera en ese momento. De inmediato alias Lucas contestó: “No, no, dejémoslo así. Todo está bien así”. Retomando la indagatoria, el investigador le preguntó sobre varias personas que han sido relacionadas con el narcoparamilitarismo en Antioquia, de las cuales admitió conocer al asesinado Gustavo Adolfo Upegui, socio de Pablo Escobar y antiguo dueño del Envigado Fútbol Club, y a los sucesores de alias Don Berna como jefes de la Oficina de Envigado: alias Danielito y Rogelio, este último un exfuncionario del CTI que estuvo al servicio del crimen organizado.
Pero no entregó mayor información sobre ellos. Solo que los veía entrar a Montecasino e insistió que no tenía más detalles porque no entraba a esas reuniones. “Siempre he dicho que entre menos supiera, sería el último en ser capado (…) Yo era un mandadero (…) hacía la parte administrativa, claro dentro de un grupo ilegal (…) No tenía la jerarquía para ordenar matar a alguien. Cometí un error y lo estoy pagando”, indicó Soto. No obstante, la Fiscalía insistió en que su papel fue clave en las Auc y citó testimonios de exparas, como alias Don Berna y Ricardo (secretario de Vicente Castaño), que lo señalaron de ser el encargado de llevar “las cuentas de los paramilitares” y de sentarse con sus financiadores.
En la recta final de la audiencia, Lucas señaló que no tuvo nada que ver en el asesinato de los tres investigadores del CTI de la Fiscalía que hacían su labor para cortar los tentáculos del paramilitarismo en Antioquia. En ese mismo contexto fueron asesinados otros nueve funcionarios del CTI, pero los que el ente investigador le endilga a Lucas son: Manuel Guillermo López Umaña, el 5 de septiembre de 1997; John Jairo Ruiz, el 14 de marzo de 1998, y Luis Fernando González, el 13 de abril de 1998, crímenes cometidos en Medellín y previo a la captura de Lucas y el allanamiento del Parqueadero Padilla, ocurridos el 30 de abril de 1998.
Sobre la indagatoria quedaron preguntas por formularse. Por ejemplo, ¿qué políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública se reunían con alias Lucas y eran aliados de la Casa Castaño? Por ahora, el señalado cerebro financiero de las Auc está a la espera de que sea llamado a juicio por estos tres homicidios, que fueron claves para que los tentáculos de las Autodefensas Unidas de Colombia, la Oficina de Envigado y los Castaño se expandieran por todo el país, cooptando miembros de la fuerza pública, el DAS, congresistas, gobernadores, alcaldes, empresarios y otros funcionarios del Estado colombiano.
Por David Escobar Moreno
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