El Inpec, al banquillo otra vez

Así pasó, luego de que la revista Semana publicara un largo informe en el que denuncia las múltiples y sistemáticas violaciones que ocurren dentro de las cárceles. No se trata solamente de las que día a día denuncian los presos a través de millones de tutelas acumuladas: falta de agua, hacinamiento, golpizas, abusos de la guardia, etcétera; están también las que caricaturizan a la autoridad, como los internos falsificando la firma de los directivos para obtener traslados o moviendo a dedo las fichas de la delincuencia desde la comodidad de su celda. Es un caos de parte y parte.

El actual director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, ha manifestado abiertamente las cosas que ya conocíamos desde hace mucho: la corrupción, la venta de cupos, la tenencia de objetos ilegales, la complicidad de la guardia que, en conjunto con muchas otras, hicieron colapsar el sistema disciplinario llevando el caso de 8.882 (entre 10.800) funcionarios investigados. La solución que plantea Ricaurte es liquidar el Inpec y transformarlo en una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, bajo el mando directo de la Policía Nacional.

Está bien pensar en una solución. La situación actual del Inpec es insostenible. Debe lidiar con todo: desde pequeños detalles, como el ingreso de celulares y entradas clandestinas, hasta grandes errores, como directores de establecimientos desnudándose para la diversión y entretenimiento de los reclusos. Debe saber sobrellevar las prerrogativas que, de facto, se adjudican parapolíticos y paramilitares condenados. No puede más, ya reventó por dentro y está muriendo a fuego lento. Pero, ¿la solución adecuada será crear un nuevo instituto, como si se tratara de “borrón y cuenta nueva”?

No parece muy acertado trasladar la administración de los centros penitenciarios a quienes ya tienen la obligación de perseguir a los delincuentes. Suena como una salida fácil, pero ineficiente, de dudoso éxito y que despierta muchos problemas. Si de algo han servido estos escándalos del Instituto es para saber que la guardia debe cumplir con elementos básicos de entrenamiento enunciados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que son obligatorias en Colombia. ¿Para qué dejarlos entonces en manos de la Policía? Los empleados miembros de un centro penitenciario deben apelar a la disciplina y el orden, sí, pero teniendo en cuenta que el fin último de la pena es la resocialización —no en vano el personal debe destacarse por ser especialista en otras áreas más allá de la seguridad—.

Además, con la reestructuración del Instituto, ¿qué pasará con todo el personal que actualmente trabaja allí? ¿Nuevos contratos con nueva gente? ¿A qué horas se entrenará a 10.000 funcionarios distintos a los que existen hoy? Ya lo hemos mencionado en este espacio: lo de las cárceles no sólo es un problema logístico, sino también de enfoque. De saber qué directrices se cumplen en el escenario punitivo y penitenciario en Colombia, y cuáles hay que empezar a aplicar. Como primera medida, si no se destituye a los dirigentes corruptos y no se da un entrenamiento constante a la guardia de acuerdo con lo que el derecho internacional obliga, es muy difícil que se eliminen los problema estructurales con un simple cambio de administración. En segundo lugar, y ahora que el Inpec pasará a control político en el Congreso, habrá que responder a conciencia las muy pertinentes preguntas del senador Juan Manuel Galán: ¿Comparte el Gobierno este diagnóstico? ¿Por qué insiste en el aumento de penas privativas de la libertad? ¿Cómo es que se dice que las bandas criminales se han desarticulado? Y ¿qué acciones se toman contra la corrupción?

Es perfecto el escenario, puede ser el inicio de la gran reforma a una situación que la Corte Constitucional y miembros de la sociedad civil vienen denunciando hace más de una década.