Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Colombia quiere disminuir el uso del efectivo, que hoy se utiliza en el 80 % de los pagos. Bre-B, el nuevo sistema del Banco de la República, se estrenó este mes con la promesa de llevar al país a la nueva era de los pagos digitales, con transferencias inmediatas, gratuitas y fáciles de hacer. Parecía que todos los esfuerzos apuntaban a aumentar la inclusión financiera, pero esta semana se conoció un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que, según analistas y gremios, va en otra dirección y socava lo logrado en los últimos dos años.
La cartera busca imponer una tarifa de retención en la fuente del 1,5 % para los pagos electrónicos por la venta de bienes o prestación de servicios; hasta ahora la medida solo aplicaba para pagos con tarjetas débito y crédito. En el documento, el Gobierno defendió que es necesario igualar la cancha entre los diferentes métodos de pagos, considerando que “los sistemas han evolucionado” y ahora existe código QR, tarjetas digitales y transferencias electrónicas entre depósitos de bajo monto.
Los alcances de la medida
La retención en la fuente, aclaró el Ministerio de Hacienda, “no se practicará si el pago o abono no constituye ingreso tributario o si no se trata de adquisiciones de compras de bienes o servicios”. Básicamente, este cambio no afectaría las transferencias entre personas (por ejemplo, cuando enviamos dinero a un familiar), pero sí impacta a las empresas y personas naturales responsables de impuestos sobre las ventas (IVA). Si pagamos a un comercio con Nequi, Daviplata o llaves de Bre-B, a ese establecimiento se le aplicará la retención del 1,5 %, pero si transferimos plata a un compañero de trabajo no habría cambio.
Brandon Espinel, profesor de la Universidad del Rosario, aclara que, como las transacciones a personas no responsables de IVA —entre otros quienes en 2025 hayan percibido ingresos gravados con IVA menores a $174.297.000— no estarán sometidas a la retención, no se verán afectadas las pequeñas transacciones ni el comercio popular. Eso no quiere decir que la medida no tenga impactos.
El profesor, miembro de la Red de Trabajo Fiscal, también explicó que como la retefuente es el cobro anticipado de un impuesto (se resta o descuenta del total del impuesto cuando llega la hora de pagar), la propuesta del Gobierno no es un nuevo tributo “como erróneamente se dice en redes sociales, comparándolo con el gravamen a los movimientos financieros (4×1.000)”.
Colombia Fintech, que reúne a más de 360 empresas del ecosistema de innovación financiera, advirtió que aunque estas retenciones solo se apliquen a pagos de personas a comercios, el mensaje sobre la “fiscalización” puede tener consecuencias en la adopción de Bre-B, en un momento en el que se busca, justamente, que los colombianos lo usen. El gremio citó un ejemplo de Brasil, con el exitoso sistema PIX: un anuncio de la autoridad tributaria de aumentar los controles fiscales sobre las transacciones hizo que los pagos por ese medio cayeran en 15,3 %.
“El efectivo no tiene retención alguna”, destacó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria). Aunque la medida busca nivelar la cancha de los pagos en Colombia, a fin de cuentas termina incentivando el uso del efectivo, en contravía de los esfuerzos del Banco de la República para crear un sistema de pagos interoperables.
La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) sostiene que la retefuente a las tarjetas débito y crédito es una carga tributaria que ha frenado la masificación de los pagos digitales y que ha incidido “de manera determinante y negativa” en la inclusión financiera. Al querer igualar las cargas extendiendo la medida a todos los pagos, según la Cámara, “se perpetúa una visión de corto plazo centrada únicamente en el recaudo fiscal sin miras a ofrecer rutas de desarrollo económico en el largo plazo a través de la digitalización”.
Además, dice la Cámara, se está encareciendo la digitalización de miles de micro y pequeñas empresas que aún no aceptan pagos digitales por sus altos costos fiscales. Para Colombia Fintech, el camino para que todos tengan las mismas reglas de juego no es extender la retefuente a todos los pagos electrónicos, sino lo contrario: eliminar la retención para los pagos con tarjeta débito y crédito.
Es claro que el Gobierno quiere aumentar los ingresos para evitar más recortes y aumentar la inversión social en un momento de cuentas apretadas, pero para gremios y analistas soluciones como estas son contraproducentes. Para Asobancaria, ese decreto “elevaría la informalidad del país y terminaría generando un efecto contrario: que el recaudo que se pretende aumentar por esta vía se pierda al hacer que los comercios eviten los pagos digitales”.
Entre otras cosas, como destacó Colombia Fintech, el no uso de los pagos digitales trae retos para las personas y los comercios, entre otras cosas, limita el potencial de ahorro, “exacerba la informalidad, y los invisibiliza frente al sistema financiero”.
Pero, ¿por qué la medida va en contra de la inclusión financiera? Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, explica que aunque estos son impuestos fáciles de recaudar, dan el mensaje de que bancarizarse es pagar más. “Es plata de corto plazo, pero la retención y autorretención puede ser mayor que los impuestos que se deben pagar. Muchas veces se vuelve plata que la gente le da al Estado y nunca recupera (por los procesos necesarios para las devoluciones)”. Si algunos comercios deciden inclinarse por recibir efectivo, los usuarios pierden las facilidades que se prometieron con Bre-B, entre otras cosas.
Para Espinel, la medida tiene tres problemas. El primero es que las personas naturales no están acostumbradas a ser objeto de retenciones en la fuente “automáticas”, entonces se desincentiva el uso de transferencias digitales, como advierten los gremios. El segundo es que la medida representará un incremento operativo para las entidades adquirentes y agregadores (lo explicaremos más adelante). El tercero es que con la introducción de esta nueva retención, un pago realizado en favor de un responsable de IVA (empresa o persona natural) queda gravado con tres cobros anticipados: la retención normal que realiza el agente de retención al momento de comprar (que tiene tarifas del 2,5 %, 4 %, 11 %, entre otras), la autorretención para sociedades que se incrementó este año y la nueva retención especial por pagos electrónicos.
“El Gobierno pretende recaudar, fácilmente, un 7 % y hasta 15 % de forma anticipada en cada transacción, afectando seriamente la caja de las empresas”, advierte.
El borrador tiene vacíos
La retefuente permite adelantar el recaudo de distintos tipos de impuestos, incluyendo renta e IVA. Liliana Heredia, directora de Tributación del Observatorio Fiscal de la Javeriana y profesora de la Javeriana Cali, dijo a este diario que el decreto es confuso.
“Tiene tres artículos. El primero alude a retención a título de renta, el segundo, retención a título de IVA y el tercero, la tarifa aplicable. Este último artículo incluye un nuevo parágrafo, donde dice: ‘Se exceptúa de la retención en la fuente establecida en el presente artículo’, pero como ese artículo es de tarifa, entonces no queda claro si se está exonerando por retención en renta, retención en IVA o ambas”, señaló la directora.
¿Quién aplicará la retención en la fuente?
El documento modifica al responsable de practicar la retención: actualmente esta la realizan las entidades emisoras de las tarjetas de crédito y débito, pero como la medida busca que también se aplique para pagos electrónicos, serán responsables de practicar la retención en la fuente los “adquirentes y agregadores”, es decir, los bancos, pasarelas de pagos, las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos y los procesadores como PSE.
Espinel destaca que como las retenciones se realizarán automáticamente, la carga operativa de esas entidades también aumentará.
El Ministerio de Hacienda, que solo se ha pronunciado por medio de X, defiende que la medida busca “equidad y eficiencia tributaria”, “eliminar la diferencia que existe entre pagos de tarjetas y otros pagos electrónicos”, pero voces de todas las orillas advierten que es inconveniente. El proyecto de decreto está para comentarios.
Entretanto, en Bre-B ya se han inscrito 90 millones de llaves, de 32,9 millones de usuarios que confiaron en que el sistema sería gratuito. El Gobierno necesita recursos, las finanzas públicas están apretadas, pero, ¿esta es una buena alternativa? Ese es el debate que abrió el Minhacienda.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más