El estado insurgente de México

Guerrero ha sido uno de los estados donde la guerrilla y la insurgencia han permanecido a través de los años. Desde las décadas del sesenta y el setenta, dos egresados de la Escuela Rural de Ayotzinapa, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, fueron las figuras principales de la guerrilla en el estado. Fundaron el Partido de los Pobres, un movimiento que denunciaba, entre otras cosas, el despojo de tierras de los campesinos, la represión y la falta del estado de derecho en Guerrero. Ambos guerrilleros fueron perseguidos por el gobierno y murieron en circunstancias sospechosas. Organizaciones estiman que durante ese período y a consecuencia de la guerrilla y el activismo social desaparecieron más de 600 personas. Municipios como Atoyac de Álvarez sufrieron tal represión que se dice que casi de cada casa hay un desaparecido. Según Afadem, la organización civil más importante en el estado, 400 personas fueron víctimas de desaparición tan solo en el municipio.

Igualmente, Guerrero es uno de los estados que más han sufrido la marginación y la pobreza. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 30% de la población se encuentra en pobreza extrema, siendo así el segundo estado con mayores índices al respecto. El 74% de las personas en pobreza extrema se encuentran en Guerrero, así como en los estados vecinos de Chiapas y Oaxaca, teniendo también una larga historia de insurgencia y activismo social. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, municipios como Cochoapa el Grande se encuentran en niveles similares a los países más pobres del mundo, como Liberia y el Congo.

Esta situación de marginación y la herencia de los gobiernos represores durante la Guerra Sucia en los años sesenta y setenta ha continuado hasta épocas recientes. En 1995, 17 campesinos fueron asesinados cuando agentes de la policía de Guerrero les dispararon mientras se dirigían hacia una protesta en el municipio de Atoyac. Este hecho, conocido como la “Masacre de Aguas Blancas”, dio origen un año después al Ejército Popular Revolucionario, organización guerrillera que se encuentra actualmente activa. El 12 de diciembre de 2011 dos normalistas de Ayotzinapa murieron en un enfrentamiento con policías federales y municipales cuando bloqueaban una carretera. Por tanto, los hechos del 26 de septiembre no se pueden calificar como aislados, son consecuencia de la historia de un estado donde la represión y el activismo llevan mucho tiempo de la mano.

Sin embargo, aunados a los hechos de diciembre de 2011 existen otros antecedentes sobre la situación de inseguridad e ingobernabilidad en el estado, que se ha agravado en los últimos años. Desde mediados de 2013 la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) entregó al presidente, al gobierno de Guerrero y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un documento donde denunciaba el acoso del que eran víctimas por parte del crimen organizado. Igualmente, existen denuncias que aseguran que desde el año pasado ya había advertido a la Procuraduría General de la República que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había estado implicado en el asesinato de tres líderes sociales en el estado. Entre ellos se encuentran la organización Human Rights Watch, el obispo Raúl Vera y Sofía Mendoza, esposa de uno de los activistas asesinados.

Lamentablemente, fue necesaria la desaparición de 43 estudiantes para poner a la luz la grave situación. Por si fuera poco, el hecho de que se hayan localizado más de 15 fosas clandestinas es un indicio de que el problema es más grave que los desaparecidos. El país se encuentra en un momento de crisis y ya no son solamente los normalistas los que protestan, la sociedad civil se ha unido a la indignación.

El miércoles, cientos de estudiantes de las principales universidades del país protestaron frente a la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal. Bajo el grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, exigieron al Estado que se esclarezca la razón por la que 43 estudiantes siguen sin aparecer. Muchos de ellos culpan al Estado mexicano de ser el responsable de los hechos, algunos culpan al sistema económico capitalista, pero en lo que casi todos coinciden es en la necesidad hacer un cambio de gobierno.

Dos jóvenes egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se preguntan si será posible resarcir el daño irreparable a las víctimas y familiares. El panorama se vuelve desolador cuando dicen que ellas también sienten miedo de salir a la calle y de asistir a las protestas. Un grupo de estudiantes de historia dicen que es posible que este sea el peor caso de violencia contra estudiantes desde la matanza de 1968. Acusan que es la falta de humanidad lo que permite los altos niveles de violencia. Un estudiante de economía dice que lo que hace falta es dignificar las Normales Rurales. Un politólogo y activista dice que es necesario sacar a la luz las complicidades ente el narcotráfico y el gobierno. Los jóvenes transmiten su desconfianza a la clase gobernante y hacia las instituciones.

Estudiantes y activistas han reiterado que no se trata de un hecho aislado: las omisiones de los tres niveles de gobierno, la aparición de nuevas fosas y la historia reciente del país parecen indicar que lo sucedido en Iguala es justamente lo contrario, una constante.

Omarcela_alcantara@me.com / @marcealguerra