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Baltasar Garzón, el juez español que saltó a la fama en 1998 al dictar una orden de detención internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet, quien falleció en 2006, ahora es acusado por presuntamente ordenar escuchas ilegales en un caso de corrupción. El primer proceso contra el magistrado está en marcha en el Tribunal Supremo de España y, desde el 24 de enero, el mismo tribunal lo juzgará otra vez por haberse declarado competente para investigar crímenes del franquismo.
El juicio comenzó con la lectura de la causa, que Garzón escuchó junto a su defensor, Francisco Baena Bocanegra. El juez es acusado de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar la grabación de conversaciones que mantuvieron desde prisión —confiados en que disponían de máxima confidencialidad— varios imputados del caso Gürtel y sus abogados. El caso Gürtel investiga desde 2009 una trama de corrupción liderada por altos cargos del Partido Popular (PP), encabezados por Francisco Correa, quien habría creado un conglomerado de empresas para obtener fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de las regiones de Madrid y Valencia, gobernadas por el PP.
Garzón, que permanece suspendido de su puesto en la Audiencia Nacional española por estos juicios desde hace casi dos años, sostiene que las escuchas eran la “única vía” para evitar que los cabecillas de la red Gürtel ocultaran las pruebas o los fondos que manejaban. Sus argumentos, sin embargo, no consiguieron convencer a los magistrados del Tribunal, que han rechazado la mayoría de las pruebas que él había solicitado.
La causa por las escuchas telefónicas se abrió a raíz de una querella presentada en 2009 por Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados del caso. Peláez solicita diez años de inhabilitación para el juez. El defensor de Correa, considerado el cerebro de la trama, pide la máxima condena a la que Garzón podría ser sentenciado: 17 años de inhabilitación, lo que equivaldría al fin de su carrera judicial en España, aunque no necesariamente de sus oficios como miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos para el apoyo al proceso de paz en Colombia y como coordinador de una comisión internacional que supervisa la reforma de la justicia en Ecuador.
La Fiscalía reclama la absolución de Garzón y considera que no cometió los delitos que se le imputan. Las audiencias se prolongarán al menos hasta mañana y la sentencia se podría conocer a mediados de febrero.
Pero a partir del 24 de enero el juez tendrá que volver al Tribunal, esta vez a un juicio por intentar investigar las más de 100.000 desapariciones de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), pese a la existencia de una ley de amnistía aprobada en España en 1977.
Hay un tercer caso en el que Garzón está siendo investigado y el cual no tiene una fecha definida para su juicio. Se trata de la desestimación de una querella por delito fiscal contra el Banco Santander, después de que esta entidad financiara, junto a otras, unos cursos que el juez dictó en 2005 y 2006 en Nueva York.
En defensa de Garzón se ha movilizado, además de sus compañeros de la Audiencia Nacional, la plataforma Solidarios con Garzón, que reúne organizaciones para la recuperación de la memoria histórica, activistas, artistas e intelectuales y que ha declarado que es insólito que un juez esté acusado en tres casos al mismo tiempo y que existe una “persecución política” en su contra.
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