La elección del fiscal y la lucha contra la corrupción

Sin embargo, la historia reciente de estos dos países tienen dos elementos en común: por un lado, la movilización ciudadana para exigir investigaciones y sanciones ejemplarizantes contra los corruptos. Y por el otro, un sistema judicial que actuó eficazmente, sin importar si los implicados son empresarios que hasta hace poco tiempo eran todopoderosos y se consideraban intocables, o gobernantes y políticos en ejercicio o que ocuparon las más altas posiciones del Gobierno.

Las protestas masivas de miles de ciudadanos hace unos meses en Guatemala para exigir la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina fueron un motor muy importante. Sin embargo, posiblemente no hubieran surtido efecto si al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo adscrito a Naciones Unidas con sede en ese país, no estuviera el colombiano Iván Velásquez, decidido a develar los hechos de corrupción que finalmente precipitaron la dimisión del expresidente guatemalteco, tal como lo hizo con las investigaciones sobre la llamada parapolítica que culminaron con la condena de congresistas, alcaldes, gobernadores y exministros, entre otros.

En Brasil, las marchas masivas del año pasado contra el Gobierno para protestar contra la corrupción y la deteriorada situación económica se repitieron hace unos pocos días, esta vez pidiendo la dimisión de la presidenta Dilma Rousseff. Nuevamente, a este escenario de protestas multitudinarias se suman las investigaciones y decisiones de la Fiscalía brasilera que se han traducido en investigaciones y condenas contra altos ejecutivos de Petrobras y del expresidente Lula da Silva, ente otros, acusados de diversos delitos relacionados con hechos de corrupción.

Una ciudadanía que se moviliza masivamente para rechazar la corrupción y la impunidad, exigiendo resultados, apoyada por un aparato judicial que cuenta con los recursos, la decisión y la voluntad política para combatirlas, parece ser la fórmula necesaria para avanzar en la lucha contra este flagelo. Si no nos movemos en esta dirección, seguiremos abocados a que los corruptos sigan actuando, amparados en la inercia de la justicia, la omnipresencia de la impunidad y la impotencia y pasividad de los ciudadanos.

La elección del nuevo fiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el presidente de la República es una oportunidad para que éstos demuestren que la lucha contra la corrupción no es solamente un discurso, sino una prioridad irrenunciable. Una de las formas de hacerlo es nominando y eligiendo para el cargo a una persona que haya evidenciado en su vida personal y profesional que este es su compromiso. Y según lo establece el Decreto 450 del 14 de marzo de 2016, los ciudadanos también tienen la oportunidad de pronunciarse sobre los candidatos.

* Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia. @eungar1