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Al considerar que no existían argumentos ni pruebas suficientes sobre su posible participación en el tráfico de influencias, el Consejo de Estado mantuvo la investidura del senador Mauricio Lizcano.
El congresista había sido denunciado, por haber presuntamente postulado a un candidato para el cargo de la Coordinación de Derechos Humanos del Senado a Yilber Olarte.
La Sala Plena del alto tribunal aceptó la solicitud de la Procuraduría General, la cual manifestó que no se evidenciaba cómo el dirigente podía sacar provecho de ese nombramiento.
El demandante pretendía que el senador caldense fuera inhabilitado de por vida para ejercer cargos de elección popular.
Lizcano, hijo del exsecuetrado por las Farc Óscar Tulio Lizcano y hermano del también secuestrado por la guerrilla del EPL Juan Carlos Lizcano, también enfrenta una investigación preliminar ante la Corte Suprema de Justicia por supuestos nexos con paramilitares.
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