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Varias noticias de las últimas semanas, que parecen no tener relación entre sí, están muy conectadas y pueden ser síntomas de una crisis de fondo en una sociedad que está perdiendo las normas y los límites a pasos agigantados.
En Bogotá los taxistas hacen retenes y bajan pasajeros como forma de protesta. En Soledad (Atlántico), la gente se lanza contra un centro asistencial de Cafesalud después de la muerte de un paciente; su familia argumenta negligencia en la atención. En Montecristo (Bolívar), la turba lincha a un militar borracho que a su vez había atentado contra tres personas.
La lista puede seguir y hay mucho más. En una investigación de la Universidad Nacional publicada por El Espectador se revela que 140 personas murieron linchadas en Bogotá en un año y 600 más fueron salvadas literalmente de las manos de la turba que las había sentenciado sin juicio. En ninguno de los casos, según contó el investigador Rosembert Ariza, se ha judicializado a los responsables de esas muertes. Hay una especie de pacto tácito de la sociedad para “aceptar” que se aplique la pena de muerte a los delincuentes, aunque la Constitución la prohíba.
Se siente la agresividad constante en esos linchamientos, en las asonadas, en el ataque cada vez más frecuente a la fuerza pública. Hoy es común ver a jóvenes policías acorralados y hasta golpeados por ciudadanos que, lejos de respetar a la autoridad, la retan de manera constante. Del otro lado de la moneda, claro, es frecuente ver a los policías corruptos capturados por sus alianzas con la criminalidad que deberían combatir. Pareciera como si la sociedad ya no tuviera claro quién la debe proteger y quién es el delincuente. Si la sal se corrompe…
Además de la agresividad, se percibe también un desasosiego, una falta de reglas, un irrespeto a los otros constante y permanente. La justicia se toma por la propia mano y el “sálvese quien pueda” nos rige aunque tengamos miles de leyes que regulan hasta lo mínimo, pero que no se cumplen en la práctica. Cada vez es más claro que los problemas no se resuelven con el “populisto punitivo”. No es suficiente aumentar penas ni crear delitos porque falta que las normas se cumplan. Ni la Policía ni los administradores de justicia han perdido confianza de la gente y el ciudadano de a pie acumula frustraciones permanentes porque sus problemas cotidianos no tienen respuesta y por eso de pronto estallan y terminan en tragedias.
Al Estado, con frecuencia, le quedan grandes los problemas, se demora en resolverlos y la gente se sale de cauce. Las instituciones van perdiendo su autoridad y sin darnos cuenta vamos cayendo en la ley de la selva en donde todo puede pasar.
Sabemos por nuestra historia de violencia hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la justicia personal y privada. Los grupos de autodefensa nacieron como respuesta de protección ante agresiones de la guerrilla y terminaron convertidos en otra pesadilla de violencia y muerte que hoy no hemos podido superar y que nos sigue amenazando.
Si no se regula Uber, si no se soluciona la atención médica, si no se garantizan los servicios públicos básicos, si no se castiga el robo menor y siguen sin respuesta tantos problemas del día a día, la sensación de desprotección seguirá latente y en los medios seguiremos reportando los linchamientos, las asonadas y los enfrentamientos entre ciudadanos que hoy parecieran no tener unos límites mínimos para la convivencia. En las calles se refleja esa debilidad de un Estado que debe regular a los ciudadanos para evitar que los asuntos se resuelvan por mano propia. Mientras tanto nuestros dirigentes, los llamados a resolver esta falta de institucionalidad, suben el tono de los gritos y los insultos en las redes sociales.
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