Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
William Gaviria Bermúdez supo en noviembre de 2022 que había sido querellado por la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S. BIC, por su lucha para defender el agua y el territorio en el municipio de Jericó, subregión del suroeste de Antioquia. Era la primera vez que resultaba envuelto en un problema legal.
A dos años de haberse interpuesto la primera querella, ya son en total tres, no solo en contra suya, sino también en contra de más de 50 personas, entre campesinos, periodistas, activistas y hasta una religiosa de las Hermanas Lauritas de Jericó. Su punto en común: la defensa del territorio en una región de vocación agrícola y turística, en medio de una disputa contra una empresa que no tendría los permisos para explotar ni medio centímetro de tierra.
El origen de esos recursos, que no son otra cosa que quejas policivas, se remonta a 2002, cuando las autoridades otorgaron la primera licencia de exploración de minerales en Jericó y Támesis a una topógrafa que, en 2007, le traspasó el permiso a la empresa AngloGold Ashanti. Su objetivo: extraer 2.9 millones de toneladas de concentrado polimetálico de oro, cobre y plata de la montaña Mama.
Contenido relacionado: Anla archiva de nuevo trámite de licencia ambiental para proyecto minero Quebradona
Desde hace dos décadas, a la ya problemática ecuación de la multinacional y la comunidad, le apareció otro factor: la empresa Minera de Cobre Quebradona, que lleva varios años en un intenso trabajo de “lobby”, para convencer a los líderes y a los campesinos de los “beneficios” de la extracción a gran escala.
Sin embargo, desde 2021, la licencia que permite ese tipo de labores está suspendida. El 25 de octubre de ese año, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la solicitud que elevó Minera de Cobre Quebradona para explotar esta región en la que, además, hay un bosque seco tropical y una zona de alta concentración de riqueza de fauna y flora y de interés ambiental y ecológico.
El 29 de abril de 2022, la autoridad ratificó su decisión de archivo. Pese a esa determinación, la comunidad denunció que la empresa siguió adelante de forma “clandestina” con sus labores de exploración. Los campesinos se han mantenido firmes en su defensa territorial, pero la respuesta fue la lluvia de querellas. Ahora, intentan defender, no solo el territorio, sino también su dignidad.
Las querellas
La primera querella fue en noviembre de 2022, en contra de 46 habitantes de Jericó. La interpusieron Minera Quebradona y un ciudadano llamado Javier Bermúdez, que le entregó a la empresa un predio ubicado en la vereda Vallecitos, a través de un contrato de servidumbre.
La razón de esa queja fue que campesinos de la región sorprendieran el 28 de ese mes a un grupo de funcionarios de la empresa que entraron al predio, disfrazados de recolectores de café, para preparar el terreno e instalar una plataforma minera.
Los defensores del territorio hicieron un plantón para impedir su ingreso, por lo que Bermúdez y la empresa respondieron con la querella en la que alegaban una perturbación a la propiedad y derecho a la servidumbre.
Luego, el 12 de diciembre de 2023, los campesinos desmontaron una plataforma de perforación, puesta, al parecer, por funcionarios de la minera, en una finca que es propiedad de la esposa de Rafael Arteaga, exalcalde de Jericó. Él, como apoderado, le había entregado la tierra a la empresa bajo un contrato de servidumbre.
Por esa razón, Arteaga y Minera Quebradona interpusieron una segunda querella en contra de las 61 personas que desinstalaron el piezómetro con el que la empresa buscaba determinar los niveles de agua en el subsuelo.
Los habitantes argumentaron que la intervención de los funcionarios había sido clandestina; y que, sumado a que la licencia está archivada, desde 2012 la empresa se había comprometido a no operar en la zona.
Lea también: “La AngloGold Ashanti entró mintiendo a Jericó”
La tercera queja fue interpuesta por Ana Sofía Loaiza, una líder ambiental de 17 años, que en un evento de defensa del territorio fue agredida verbalmente por una funcionaria de Minera Quebradona. La agresión fue grabada y publicada en redes sociales, lo que produjo señalamientos y ataques hacia la menor. Pero los roles se invirtieron en la investigación y ahora es la empresa la que señala a Ana Sofía de estar inmersa en una riña con una de sus funcionarias, negando que esta haya sido agredida en indefensión.
La cuarta y última querella la interpusieron los campesinos en contra del exalcalde Rafael Arteaga, por haber cerrado un camino veredal en La Hermosa. Aunque el camino pasa por una propiedad que Arteaga entregó en servidumbre a la Minera Quebradona, los campesinos defienden que ese ha sido un paso real durante más de 50 años, que conecta a varias veredas con el resto del corregimiento. Incluso argumentan que tienen documentos sobre la antigüedad del camino, cuyo cierre no sería posible porque dejaría incomunicada a la comunidad.
En medio de las querellas de un lado y del otro, las autoridades por ahora no se pronuncian al respecto y líderes, como William Gaviria Bermúdez, insisten en que su prioridad está en seguir defendiendo la tierra, así tengan que hacer lo mismo, pero para proteger su dignidad.
Denuncias de irregularidades
Algunos de los querellados, como William Gaviria, fueron señalados dentro de las dos primeras quejas colectivas, como explican las abogadas Xiomara Mendoza y Claudia Serna, del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), instituciones que acompañan a los campesinos en la defensa.
Pero los procesos, según la comunidad, han estado plagados de irregularidades, vicios y falta de imparcialidad por parte del inspector de Policía, Mauricio Alejandro Escobar. “Ha sido descarada la forma en la que el inspector ha actuado (…) Es un escenario desigual para los campesinos que se enfrentan a una empresa multinacional; ha sido evidente que no tienen posibilidad de acceso a la justicia”, señaló la abogada Mendoza.
Uno de los puntos que más ha incomodado a los querellados es que el inspector Escobar no haya resuelto ni la primera querella que ya cumple dos años. “Si los campesinos quieren hacer la defensa material de las condiciones en las que ocurrieron los hechos, deberían tener el espacio y el tiempo para hacerlo y el inspector no lo ha permitido. En la penúltima audiencia se negó a que los descargos fueran presentados directamente por los campesinos. Lo que dijo fue: ‘o hablan los campesinos, o hablan los abogados, los dos no van a hablar’”, narró la abogada Mendoza.
Le puede interesar: Los dos procesos claves que enfrenta la fiscalía de la JEP de cara al 2025
También el accionar del inspector, que se ha negado a celebrar las audiencias los fines de semana, para no afectar el jornal de los campesinos, se ha saltado partes del proceso, no ha aceptado pruebas como escrituras y documentos de soporte entregados por los campesinos ni responde por la pérdida de actas y grabaciones de audiencias. “La licencia social la han querido obtener por medio de las autoridades locales, que son quienes están impartiendo, entre comillas, justicia. ¿Qué pueden esperar los campesinos que históricamente se han opuesto a este tipo de proyectos? Es completamente adverso el panorama”, agregó Mendoza.
El Espectador trató de comunicarse con la Policía del municipio y con la Minera de Cobre Quebradona, pero no obtuvo respuesta. Los campesinos esperan que pronto se resuelvan las querellas a su favor, pues una decisión en su contra “implica cercenar su movilización”, como indicó la abogada Claudia Serna.
Piden a las autoridades ambientales, al Ministerio de Ambiente y hasta al presidente Gustavo Petro, que ya ha hablado desde Jericó sobre el tema y ha mostrado su apoyo a los defensores del territorio, para que se niegue definitivamente la licencia ambiental y que no haya ningún otro atajo para que cualquier empresa insista en la extracción de minerales de la montaña Mama.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
Conoce más