Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El temor es latente en los municipios del norte del departamento de Cauca, donde los grupos armados ilegales se han trenzado en una lucha constante por el control del negocio del cultivo y tráfico de estupefacientes, dejando como principal damnificada a una población civil víctima de los hostigamientos y actos terroristas de la guerrilla, y parada en medio del fuego cruzado cuando Policía y Ejército van a la ofensiva en esta guerra sin cuartel.
Esta es la realidad de la región y, aunque el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado que “no está de acuerdo con aquellos idiotas útiles que quieren magnificar la acción de delincuentes y terroristas para hacer política con los temas de la seguridad y le están haciendo el juego a la delincuencia”, los hechos de los últimos meses han demostrado que el norte del Cauca se ha convertido en una tierra donde se libra una guerra entre las Farc, las bandas criminales (‘Rastrojos’ y ‘Águilas Negras’), Eln y narcotraficantes por el control del negocio de las drogas.
Así lo planteó el alcalde del municipio de Caloto, Jorge Edilson Arias, quien en sólo mes y medio de gestión ha tenido que hacerles frente a tres ataques terroristas, razón por la cual hizo un llamado a “buscar una salida negociada en la que participen el Gobierno, la comunidad internacional y la gente de bien, porque de lo contrario nunca va a haber una solución al conflicto”. Caloto, un municipio ubicado en los límites de los departamentos de Cauca y Valle, es precisamente un punto estratégico para el transporte de estupefacientes hacia la Costa Pacífica.
Elías Larrahondo, alcalde de Buenos Aires —localidad ubicada en la ruta hacia la región del Naya y el Mar Pacífico, — sostiene que la característica rural del municipio lo convierte en un escenario habitual para los cultivos ilícitos y el tránsito y permanencia de grupos al margen de la ley: “Por eso vivimos en un ambiente de tensa calma y sólo en este año se han realizado tres hostigamientos que afortunadamente no han generado pérdidas que lamentar”. Incluso, para el burgomaestre, el incremento de los actos delincuenciales obedece al aumento del pie de fuerza policial en la región, ante lo cual “están tratando de demostrar que tienen cómo responder”.
Este planteamiento es compartido por James Guillermo Mina, alcalde de Villa Rica, municipio situado a sólo media hora de Cali y cuya calma habitual fue rota el pasado 2 de febrero con un atentado dinamitero de las Farc, que dejó seis muertos y más de 40 heridos. “Nosotros somos conscientes de que en la región el conflicto es evidente y es posible que con el fortalecimiento de la presencia militar los delincuentes estén migrando a otras localidades, como Villa Rica. Sabemos del esfuerzo que ha realizado el Gobierno para enfrentar a los terroristas, pero creo que está haciendo falta inversión social, que es la forma de quitarle insumos a la guerra”, señaló Mina.
El último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), sobre la presencia de bandas narcoparamilitares, plantea que en el departamento del Cauca hay 14 municipios con presencia constante de Farc, Eln, ‘Águilas Negras’ y otras bandas criminales (bacrim). El detonante de este conflicto, tal como lo han planteado los mandatarios de los municipios de la zona —quienes se encuentran por estos días en Bogotá participando en el Congreso Nacional de Autoridades Locales— es el cultivo, la producción y el tráfico de estupefacientes. Según el informe de Indepaz, en el Cauca cerca de 6.000 hectáreas están sembradas con plantas de coca, siendo uno de los departamentos del país con mayor densidad de cultivos ilegales.
Por eso, el alcalde de Miranda, localidad ubicada al nororiente del departamento, Wálter Zúñiga, hace una llamado a que “el Gobierno continúe haciendo presencia para que la región salga adelante lejos del negocio de la droga, que hace mucho daño. Los actos delincuenciales, como el que se dio en Miranda hace 15 días (explotó un carro bomba en la entrada del municipio), lo único que generan es que se desestimule la inversión lícita, que es la que puede sacar al departamento del círculo de violencia del que está siendo víctima”.