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La historia de los enredos de contratación, líos fiscales y abandonos que han retrasado la construcción del edificio de las ligas deportivas de la ciudad, en predios de la Unidad Deportiva el Salitre (UDS), continúa. Deportistas de 11 disciplinas continúan sin un lugar idóneo para su preparación y entrenamiento.
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La obra, contratada desde en 2017, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, planteaba la remodelación y modernización del edificio para que, tras adecuaciones que nunca se realizaron, cumpliera con las normas de sismo resistencia exigidas por ley. Ese contrato, gracias a varios enredos que se tratarán en este escrito, fue abandonado y duró así hasta el año pasado.
En 2023 se determinó que, debido al abandono de la obra, ya no bastaba con una remodelación. Ahora debían demoler todo, para volver a empezar. Fue así como el IDRD adjudicó los estudios y diseños para el nuevo proyecto, que empezó en octubre de 2023, por un valor cercano a los $44.000 millones. Para abril de este año, la obra, nuevamente se encontraba detenida, hecho que llevó a la Personería de Bogotá a tomar cartas en el asunto.
Veeduría permanente
Esta semana, el personero distrital, Andrés Castro, estuvo recorriendo las instalaciones del complejo deportivo, para verificar el estado actual de las obras. “Es lamentable lo que está pasando acá. La obra se mantiene en condiciones de abandono. Sacarla adelante requiere un trabajo mancomunado. Nuestros deportistas merecen la mejor infraestructura para su entrenamiento”, señaló el funcionario tras el recorrido.
A raíz de la reciente suspensión del contrato firmado en 2023, por $43.951 millones, para intervenir, nuevamente, las instalaciones de la Unidad Deportiva El Salitre -tras el siniestro del contrato adjudicado en 2017 para el reforzamiento y adecuación del edificio-, la Personería realizará una veeduría permanente al avance del proyecto, con el fin de vigilar el cumplimiento del cronograma y lograr que el complejo deportivo se entregue en los tiempos previstos, a fin de garantizar los derechos de los deportistas”, señaló la entidad.
Para ello se llevó a cabo una reunión entre el ente de control, el IDRD (como entidad responsable del desarrollo de la obra), el interventor y el contratista, para tener un panorama claro respecto al proyecto, que contemplan la construcción de instalaciones idóneas para la práctica de 13 disciplinas deportivas, entre las que se cuentan boxeo, tenis de mesa, levantamiento de pesas, judo, baloncesto, voleibol, fútbol sala, karate, esgrima, taekwondo, gimnasia y ajedrez.
Tras la reunión, parece que se identificó el punto que incide en los retrasos de la obra, la cual, se supone debe estar ejecutada y terminada en 2025, y en la reciente suspensión de los trabajos, que se ordenó el pasado abril. Se trata de “la ausencia de aprobación previa y resolución de intervención, por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), dado que una parte del complejo deportivo es catalogada como bien de interés de cultural. Una vez se obtenga la aprobación del IDPC, deberán tramitar la expedición de la licencia de construcción ante una curaduría urbana”, de acuerdo con la Personería.
¿Qué dice el Instituto de Patrimonio?
Dado que este inmueble está declarado como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, por ser un exponente importante de la arquitectura moderna del país, “es competencia del Instituto garantizar que la intervención esté acorde con sus valores patrimoniales”, señala la identidad.
“Desde el IDPC debemos evaluar, conforme a las normas de protección del patrimonio cultural de la ciudad, la propuesta presentada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, que corresponde a la construcción del edificio complementario al Coliseo”, indica María Claudia Vargas Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio del IDPC, explicando que “esta evaluación comprende aspectos arquitectónicos, estructurales y jurídicos, por lo tanto, en ese marco, vamos a expedir próximamente un requerimiento con las observaciones pertinentes”.
Sobre la ausencia de la autorización que da luz verde para la construcción del edificio, al IDPC indicó que la autorización para la intervención en la UDS, obra de la firma Camacho y Guerrero Arquitectos, actualmente se encuentra en trámite, cumpliendo con los tiempos establecidos para ello.
“El estudio de las propuestas de intervención que se presentan ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural tiene un término de 65 días hábiles, que corresponden aproximadamente a 3 meses, en los cuales se realizan análisis profundos en aras de proteger el patrimonio cultural construido. El proyecto que corresponde a la construcción de la Unidad Deportiva El Salitre fue radicado el 22 de marzo de este año 2024″, señala la entidad en un comunicado oficial.
Finalmente, concluye Vargas, “Desde el IDPC continuaremos acompañando al IDRD para que presente una propuesta adecuada a las condiciones patrimoniales, sin que los tiempos de finalización se vean afectados y al mismo tiempo se garantice, en cumplimiento de nuestra misionalidad, la debida protección del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad”
Siete años de negligencias y tropiezos, ¿y las autoridades?
La obra inicial, como ya se dijo, fue adjudicada en 2017. El proyecto, además de robustecer la estructura del edificio, también planteó el remplazar la cubierta y cambiar las antiguas tejas de asbesto, por tejas de láminas de acero inoxidable, conocidas como Standing Seam. El contratista elegido fue la ‘unión temporal San Antonio. En un principio, se dijo que la obra duraría nueve meses, es decir, se entregaría en 2018. Como suele suceder con muchos contratos públicos, no se cumplió los pactado y el contratista pidió una prórroga. Fue así como se le pagaron más de $2.800 millones, para seguir con la ejecución del proyecto.
Pese a que se realizó el pago, para 2020, tres años después de arrancar la ejecución, el proyecto seguía en las mismas, lo que llevó al IDRD a empezar un proceso legal por incumplimiento. Debido a los malos manejos del proyecto, que en cuatro años solo reportó un avance del 38% (pese a que estaba planeado para 10 meses), el edificio llegó a tal nivel de deterioro, que se optó por demoler la estructura, debido a que representaba un riesgo.
Fue entonces cuando la Contraloría puso los ojos en el proyecto. Tras una minuciosa verificación del contrato 2999 de 2017, el ente fiscal confirmó que configuró un hallazgo administrativo con posible incidencia fiscal, por $8.775 millones contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Luego, abrió formalmente un proceso de responsabilidad fiscal (PRF), con el fin de establecer el posible detrimento y la responsabilidad de funcionarios, exfuncionarios, contratistas o interventores, para imponer las sanciones del caso y, por supuesto, buscar el resarcimiento de los perjuicios económicos”, señaló la entidad en su momento.
“Los factores relacionados denotan de forma clara, la gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente desempeñada por el IDRD, el contratista de obra y la interventoría, con el contrato de reforzamiento y adecuación del inmueble de las ligas deportivas, ubicado en la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), contrariando así el principio de planeación en la gestión desplegada por dicha entidad en el desarrollo del mismo”, afirmó el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz.
Nuevo proyecto, nuevos retrasos
Decidida la demolición del edificio, cuya construcción data de 1973, el IDRD suscribió el nuevo contrato para la construcción de edificio, por un valor de $45.000 millones, el cual, nuevamente se encuentra detenido por una autorización que se encuentra en trámite, que se suma a la cadena de líos que afectan el desarrollo deportivo de la ciudad y de miles de deportistas, que continúan entrenando sin una sede digna. Entre tanto, la Personería, la Contraloría y demás entes de control seguirán con la labor de veeduría permanente, para evitar nuevas sorpresas que terminen en atrasos y malos manejos de dinero público. ¿Esta historia continuará?
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