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Un nuevo obstáculo parece atravesarse en el camino de una de las licitaciones más millonarias y polémicas de los últimos años en la ciudad. Se trata del proceso a través del cual la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) escogerá la empresa que operará y tratará los lixiviados del relleno sanitario Doña Juana durante la próxima década. Un contrato que asciende a $230.000 millones, cuyo trámite de adjudicación “podría estar direccionado”, según una denuncia de un grupo de concejales que fue conocida por El Espectador.
En momentos en que la Uaesp anuncia una pequeña modificación en el cronograma de la licitación, extendiendo por tres días más el plazo que vencía ayer para contestar las preguntas de los interesados en los prepliegos —que fueron publicados el pasado 24 de enero—, seis cabildantes, liderados por Carlos Vicente de Roux, dirigieron una carta al alcalde Samuel Moreno en la que detallan las supuestas irregularidades encontradas en el proyecto de pliegos.
En concepto de los denunciantes, las condiciones exigidas a los proponentes en los prepliegos “son excluyentes y limitan la participación básicamente a tres empresas”. Por un lado, la Uaesp exige a los licitantes acreditar estar operando, o haber operado, en un máximo de dos proyectos, rellenos sanitarios de seis mil toneladas de basuras diarias, que es lo que todos los días se moviliza en Doña Juana. El concejal De Roux aseguró que, así las cosas, la puja se restringiría a Proactiva y Aguas de Bogotá. La primera porque operó el relleno a lo largo de ocho años y la segunda porque lleva cuatro meses a cargo del mismo, gracias a un convenio interadministrativo.
“Ninguna otra empresa del país podría acreditar la experiencia exigida. Ni siquiera si se asociaran los operadores de los rellenos de Medellín y Cali, pues sumadas estas dos plantas no alcanzan las seis mil toneladas”, explicó el cabildante.
Pero además, los prepliegos de la licitación (que unirá la disposición final de las basuras y el tratamiento de los lixiviados que hoy están en manos de dos empresas distintas) demandan que el proponente a la fecha de la propuesta esté “realizando, solo o en consorcio o en unión temporal o en cualquier otra forma de asociación” —numeral 3.1.5.2 del documento—, la operación de plantas de lixiviados con capacidad igual o mayor a 20 litros por segundo, en máximo dos contratos.
Los concejales —además de De Roux, Carlos Galán, Antonio Sanguino, Carlos Guevara, Ángela Benedetti y María Angélica Tovar— creen que con este punto se beneficiaría a la empresa STL, actual operador de los lixiviados de Doña Juana.
El Espectador pudo establecer que mientras la capacidad de la planta de lixiviados de Barranquilla no supera los cinco litros por segundo, y en Cali y Medellín ni siquiera cuentan con una, la de Bogotá es la única del país que alcanza los 20 litros por segundo. De hecho, la Uaesp le informó oficialmente a este diario que su capacidad exacta es de 21,5 litros por segundo.
“Estos prepliegos parecen tener nombres propios”, resumió el concejal Sanguino. “La sartén por el mango la tienen STL, Proactiva y Aguas de Bogotá”, dijo por su parte De Roux. “Le pedimos al Alcalde que desamarre los pliegos para que operadores medianos puedan participar”. En concepto de De Roux, la “prontitud” con la que se ha llevado a cabo la licitación, que finalizaría el próximo 31 de marzo, impide la participación de empresas extranjeras, pues éstas “necesitarían más tiempo para sus trámites”.
Esta denuncia se suma a la carta que los mismos concejales le habían enviado el viernes pasado a la directora de la Uaesp, Miriam Martínez, con observaciones sobre los prepliegos, que fueron contestadas por la funcionaria.
La situación queda ahora en manos del Alcalde, que deberá despejar las dudas que rodean el polémico proceso, que ya resultó fallido el año pasado.
“Esta licitación no es para los pequeños”
Miriam Martínez, directora de la Uaesp.
¿La experiencia exigida a los proponentes en los prepliegos limita la licitación a unas pocas empresas?
Nosotros necesitamos una experiencia altísima. Por eso, definitivamente, esta licitación no es para los pequeños. Será un proceso para los grandes operadores, con gran experiencia en manejo de residuos y lixiviados. No compartimos la posición de los concejales y estamos muy tranquilos.
¿Por qué se duplica el patrimonio exigido a los proponentes en estos prepliegos, con respecto a los pliegos de la licitación fallida del año pasado?
Estamos hablando de $42.000 millones porque estamos teniendo en cuenta $30.000 millones de inversión que le exigimos al operador que quede seleccionado para poder habilitar los terrenos del relleno.
Los concejales también cuestionan que en los prepliegos no se haya tenido en cuenta a la población recicladora…
Estamos de acuerdo con los concejales en esto y por eso cambiamos ese punto desde el 27 de enero pasado.
En los prepliegos tampoco se exige al operador sacar su licencia ambiental en un plazo determinado…
Le estamos diciendo al operador que se gane la licitación que el es el responsable de hacer los trámites para sacar la licencia ambiental. En eso lo vamos a acompañar y estamos de acuerdo con la observación que hacen los concejales. Vamos a exigir al concesionario que inicie de inmediato ese proceso, una vez arranque la operación del relleno.
¿Cómo está la vida útil del relleno?
No tenemos problemas por ahora, pero sabemos que se tiene que clausurar. Por eso vamos a crear una fiducia con el 6,8% de la remuneración mensual del operador, para realizar la posclausura del relleno.
Le vamos a cumplir a la ciudad creando allí el parque ambiental más grande de la capital.
Por Laura Ardila Arrieta
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