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“Estos cárteles (del narcotráfico) son el Al Qaeda del hemisferio occidental, usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como a terroristas: serán perseguidos y eliminados, tal como se hizo con Al Qaeda”.
Con estas palabras, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, reforzó esta semana la retórica del gobierno de Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico en el hemisferio, a los que ha buscado tratar como organizaciones terroristas desde que inició su segundo gobierno.
Sin embargo, esta nueva comparación de los cárteles con esta organización yihadista debe tener una lectura más profunda. Hay tres preguntas esenciales que deben hacerse sobre la formulación de Hegseth:
- ¿En qué sentido Al Qaeda es igual a los cárteles?
- ¿Por qué el afán de compararlos?
- ¿Ponerlos al mismo nivel sirve de algo en la práctica?
La respuesta a cada una de estas preguntas debería alarmarles.
¿Al Qaeda es igual a los cárteles?
La comparación de Hegseth entre cárteles latinoamericanos y Al Qaeda no se sostiene si se analiza el contexto de sus acciones. Al Qaeda es una red terrorista transnacional, responsable de ataques coordinados contra objetivos civiles y militares extranjeros, incluidos los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron cerca de 3.000 muertos.
También cabe destacar que es una organización jerárquica en su liderazgo y con un objetivo claro de generar terror y desestabilización política.
En cambio, los cárteles del narcotráfico, como el de Los Zetas en México, que fue designado como organización terrorista a principios de este año, son grupos criminales dedicados al narcotráfico y al control territorial, con estructuras fragmentadas y dinámicas internas hipercompetitivas donde la violencia surge más de la competencia entre cárteles que de una ideología global.
Su violencia, aunque significativa, está ligada a la competencia por rutas, el dominio local y la protección de sus operaciones ilícitas, sin ataques directos contra Estados Unidos.
“Estos grupos no están en conflicto armado con Estados Unidos y sus miembros no son combatientes”, señaló John Bellinger, ex asesor legal del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional.
Los ataques directos al corazón económico y de seguridad de Estados Unidos por parte de Al Qaeda sirvieron para que se creara un marco legal internacional y doméstico más sólido, incluyendo la autorización del Congreso y objetivos claramente identificables contra el terrorismo.
“Debe existir una línea entre crimen y guerra. No podemos considerar que todo lo que daña al país sea automáticamente asunto militar. Eso podría incluir cualquier delito”, señaó John Yoo, ex subsecretario adjunto de Justicia bajo la administración de George W. Bush, en la revista Time.
Hay muchos riesgos de equiparar actividades criminales con actos de guerra, como dice Yoo. Esta distorsión conceptual es particularmente grave porque al equiparar crimen con guerra se legitiman ataques letales sin supervisión judicial ni garantías procesales, erosionando normas internacionales y derechos humanos fundamentales, y sentando un precedente peligroso para futuras operaciones militares fuera de los límites del conflicto armado.
“El hecho de que los funcionarios estadounidenses describan a las personas asesinadas por el ataque como narco-terroristas no las convierte en objetivos militares legítimos. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela o con la organización criminal Tren de Aragua”, señaló Michael Becker, del Trinity College de Dublin.
¿Por qué compararlos?
Una de las razones detrás de la insistencia en comparar cárteles con Al Qaeda es política y simbólica. Al presentar a estas organizaciones criminales como amenazas existenciales para la seguridad nacional, el gobierno de Trump busca justificar el uso de la fuerza militar en el hemisferio occidental, incluso en aguas internacionales, y consolidar una narrativa de acción decidida frente a enemigos “terroristas”.
Designar a los cárteles como organizaciones terroristas permite trasladar herramientas legales y militares del contexto antiterrorista, como ataques selectivos y operaciones encubiertas, a un problema que, en realidad, es criminal y transnacional.
Finalmente, la comparación también tiene un componente estratégico interno, pues fortalece la imagen de un gobierno firme frente a la criminalidad que busca respaldo político y electoral para acciones agresivas sin necesidad de autorización del Congreso.
¿Sirve de algo?
La respuesta es inquietante: puede ser incluso dañino.
Para empezar, la etiqueta de “terrorista” tiene poco impacto operativo real, porque muchas de las medidas que esa categoría habilita ya se aplican por otras vías. Como le dijo a la NPR Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, “realmente no haría nada, porque las acciones que se realizarían bajo una designación de terrorista ya se están haciendo… Esto no es más que teatro político”.
Según Vigil, la etiqueta permitiría confiscar cuentas y propiedades dentro de Estados Unidos, sancionar a ciudadanos estadounidenses vinculados a empresas de los cárteles y dificultar la entrada de sus miembros al país, medidas que ya se aplican desde hace décadas.
La experiencia histórica refuerza esa cautela. Estudios sobre la táctica de supresión de “objetivos de alto valor” en contextos de guerra contra organizaciones terroristas muestran que tuvo éxito en contextos relativamente centralizados (como Afganistán, Iraq y los grandes cárteles colombianos de los 90) donde la eliminación o captura de líderes desarticuló cadenas de mando.
Sin embargo, el caso mexicano es aleccionador: al aplicar la misma receta en un ecosistema multipolar contra el narcotráfico, la detención o abatimiento de jefes suele fragmentar los grupos, provocar una “carrera armamentista preventiva” entre facciones y, en muchos casos, disparar la violencia local en vez de reducirla, según Roberto Arnaud de Foreign Affairs.
Copiar modelos de antiterrorismo sin adaptar el contexto puede producir, entonces, efectos imprevistos y contraproducentes. Vigil advierte que atacar a los cárteles en suelo extranjero sería un acto de guerra que podría alinear a otros países latinoamericanos con la nación atacada e incluso con potencias externas como China, generando un efecto geopolítico adverso.
Finalmente, la estrategia de etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas puede afectar a ciudadanos y empresas que, en la práctica, no tienen opción frente al control territorial de estas organizaciones criminales. Muchas personas viven y comercian en zonas donde los cárteles ejercen influencia directa y obligarlas a romper lazos con negocios locales podría perjudicar sus ingresos sin reducir realmente la violencia o la circulación de la droga.
Además, tomando como referencia el caso mexicano, no hay que olvidar que buena parte de esa violencia está vinculada a factores externos, como el tráfico de armas desde Estados Unidos.
“Aproximadamente el 80 % de las armas que se encuentran en México provienen de Estados Unidos, y los cárteles generan mucha violencia e intimidación como resultado de esas armas. La pregunta clave es: ¿por qué estamos armando a las personas que se supone debemos combatir?”, dice Vigil.
Es en esto último donde también se debería poner el dedo, pero Estados Unidos ha rechazado en repetidas ocasiones las acciones para frenar el flujo de armas.
Para ahondar en este tema, le recomendamos: México contra los fabricantes de armas de EE. UU.
¿Cree que está bien la comparación entre Al Qaeda y los carteles de la droga en la región?
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