Imperio de la ley sitiado

Antes de que la nueva Asamblea Nacional asumiera funciones, el chavismo nombró trece nuevos magistrados con miras a blindarse contra la oposición. Con esto, Nicolás Maduro no solo ha podido vetar los intentos del legislativo de ejercer contrapeso –como ocurrió con la declaración de la emergencia económica–, sino que ha allanado el camino para que el TSJ recorte “legalmente” sus funciones de control.

A pesar de existir un acervo de evidencias de que Santiago Uribe tuvo vínculos con el grupo paramilitar los Doce Apóstoles, su captura (como la de otros uribistas) por parte de la Fiscalía ha sido tildada de persecución ilegal por parte del Centro Democrático. En lugar de apartarse del proceso, el presidente Santos anunció que habría veeduría internacional, no sin antes nombrar al saliente fiscal Montealegre como embajador en Alemania, reforzando con tal ambigüedad el desprestigio de la justicia y las sospechas de que el arresto tiene motivaciones políticas.

En el caso de Lula, los líderes legislativos y sindicales del Partido de los Trabajadores han denunciado un complot en contra del PT y la presidenta, Dilma Rousseff, quien también está bajo investigación por el mismo escándalo de corrupción de Petrobras. Pese a la seriedad con la que se realiza el proceso judicial y la existencia de un caso previo, el mensalão, que culminó con 25 condenas a altos oficiales del partido, éste ha llamado a la movilización masiva en contra de lo que ha tildado de intento de “golpe de Estado”.

Gestos como estos solo confirman los indicadores del rule of law en América Latina de entes como el Banco Mundial y el Proyecto de Justicia Mundial, que clasifican a la mayoría de los países entre un punto crítico y regular en lo que al imperio de la ley y al control de la corrupción respecta. Peor aún, también son una invitación a que los ciudadanos desacaten las decisiones judiciales, ya que refuerzan la idea de que existen “fines superiores” que justifican la impunidad. No debe sorprender, entonces, que en todas las encuestas de opinión realizadas en la región, la disposición de acatar la ley es tibia entre la mayoría de la ciudadanía latinoamericana, en especial si ésta se considera injusta.

Desafortunadamente, en un contexto de imperio de la ley sitiado en donde sigue primando la máxima “para mis amigos todo, para mis enemigos el peso de la ley”, la desobediencia de las reglas se vuelve norma.