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Las declaraciones fuera del contexto real del país, expresadas por los miembros del Centro Democrático (CD) a raíz de la medida de aseguramiento contra el ganadero Santiago Uribe , son tan irresponsables que podrían conducir al desorden público nacional. La representante María Fernanda Cabal, en una de sus injuriosas ideas, expresó: “Lo único que le falta al régimen del terror de Santos es asesinar a Álvaro Uribe Vélez”, y su copartidario, José Obdulio Gaviria, en análoga reflexión, dijo: Uribe es “un preso de la Fiscalía”, dado que el fiscal “dirige un cartel de falsos testigos”. Los añejos y repetitivos pronunciamientos del CD acusando al Gobierno y a la justicia de “persecución política”, son decires negados por la justicia aplicada a más de una docena de inmediatos exfuncionarios del gobierno anterior, acompañados del encarcelamiento de más de 60 congresistas uribistas por parapolítica. El caso de Santiago Uribe ha llevado a la Fiscalía a establecer la hipótesis de que los 12 Apóstoles fue un grupo paramilitar creado para establecer una política de exterminio, sistemática y generalizada, lo cual origina el delito de lesa humanidad, sin prescripción. Suficiente acervo probatorio tiene la Fiscalía para tomar tal decisión ante un ciudadano que como todos no debe esgrimir “usted no sabe quién soy yo”. La ley no puede tener intocables. No sorprende la detención efectuada sobre Santiago Uribe, por: 1) Según el documento que soporta la orden de captura contra Santiago Uribe, el fiscal delegado ante la Corte afirma que se hace necesaria la detención preventiva debido a que “existe evidencia sobre la interferencia de Santiago Uribe Vélez, por interpuestas personas, para controlar los resultados de las investigaciones penales a favor de otros miembros de la organización armada y como estrategia para garantizar su silencio. Existe una concertación de testigos que están faltando a la verdad para favorecer los intereses de Santiago Uribe Vélez y desviar la investigación” (según revista Semana). 2) Las circunstancias políticas actuales han cambiado en el tiempo, la polarización se ha extremado y la aproximación del cierre positivo de los acuerdos de La Habana se hace inevitable. 3) En varias ocasiones y de menos calibre delincuencial, partidarios del CD han huido del país al aplicarles la justicia, incluso con la eficaz ayuda del expresidente Uribe a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, para su asilo en Panamá, declarado inconstitucional, hoy presa y condenada en Colombia. 4) Los detenidos tienen derecho a presentar recursos dentro y fuera del país. El Estado Social de Derecho dará las suficientes garantías para que se cumpla el debido proceso. 5) Acogerse a la justicia en estos momentos de finalización de los diálogos de La Habana será beneficioso para los implicados en la guerra. 6) Es la Fiscalía la encargada de investigar este caso y otros para que la justicia transicional falle y logremos construir un nuevo país, terminando con las tormentosas detenciones propiciadas por el largo y letal conflicto.

Ómar León Muriel Arango

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