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La Fiscalía adelanta una serie de interrogatorios con el fin de investigar varios proyectos por más de $150.000 millones que el Gobierno le pagó en 2012 a Electricaribe, los cuales tenían el fin de ampliar las redes eléctricas de dos municipios del departamento de Córdoba, Chinú y Magangué, y de las zonas rurales de Dibulla (Guajira).
Por esta razón la Fiscalía llamó a declarar a dos altos exejecutivos de Electricaribe, entre los cuales se encuentra el español José García Salendro, exrepresentante de la empresa.
También fueron citados a declarar el exalcalde de Magangue, Marcelo Torres, y la exalcaldesa de Dibulla, Silvia Ospina.
Benjamín Gustavo Payares Ortiz, quien se desempeñaba a como gerente operativo y el exalcalde de Chinú, ya declaró ante la Fiscalía.
De acuerdo con Caracol Radio la Fiscalía tiene en la mira a más de 30 posibles implicados, los cuales serán llamados a interrogatorio en las próximas semanas.
La semana pasada la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la liquidación de Electricaribe y anuncio que buscará un nuevo operador que garantice la prestación del servicio. La medida motivó a Gas Natural Fenosa (el dueño de Electricaribe) a instaurar una demanda por $1.000 millones de euros contra el Gobierno colombiano.
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