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Durante el apartheid en Sudáfrica, los hombres y mujeres negros estuvieron apartados de los blancos.
Separados tajantemente de derechos y oportunidades. Desconectados físicamente de servicios como el de agua limpia y saneamiento básico. Una vez el movimiento contra el proyecto racista cosechó éxito, las comunidades segregadas quisieron entrar en el conjunto de derechos que cobijaba a los otros. Esto incluyó una serie de conexiones materiales: un enredo de tubos, canales, cables por el cielo y por la tierra. En su momento, agencias del Estado les exigieron a estas familias pagos por las nuevas conexiones, los medidores, el agua consumida. Barrios enteros salieron a protestar.
En cuestión de unos años, el debate se centró en una pregunta tramposa: ¿cuánta agua es necesaria para que estas familias sobrevivan? El Estado dará agua gratuita, pero solamente la necesaria. Un experto dijo que seis metros cúbicos mensuales. Otro dijo que tres. Otra que siete. Algunos argumentaron que la gente, por “su incultura”, desperdiciaba. Durante la discusión invitaron a mujeres a contar sus historias tristes, sus historias íntimas, corporales. ¿Cuántas veces, cómo y por cuánto tiempo va al baño? ¿Tiempo bajo la ducha? ¿Con qué mínimo de agua se puede cuidar a un ser querido que está enfermo?
La lucha por la ciudadanía se convirtió en una discusión “técnica” sobre fluidos del cuerpo, sobre mínimos y máximos cuantificables. Es muy probable que la lucha de distintas poblaciones del país contra la aspersión aérea de glifosato esté siendo empujada por un camino parecido. Comunidades en Nariño, Chocó, Guaviare, Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Putumayo, Caquetá, Meta, Bolívar, Córdoba, Valle y Vichada marcharon en grupos por años. En sus cartas, tutelas y manifestaciones exigieron el cese de las fumigaciones. Miembros de las diócesis, líderes, profesores de la universidad pública (como Socorro Ramírez) y organizaciones en general, hicieron denuncias sobre efectos del pesticida en la salud y la economía local.
Por años estas denuncias fueron descritas con algo de sorna como “anecdóticas”. Y no fue sino hasta hace poco cuando el estudio de los economistas Mejía y Camacho sobre relación entre aspersión y pérdida de embarazos abrió una puerta al debate sobre aspersiones en el Gobierno. Luego, fue el ministro Gaviria, en la cartera de salud, quien avocó por el fin el de las fumigaciones, citando un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer. Hoy Daniel Rico, candidato a doctor de la U. de Maryland, estudioso del tema, cuestiona el rigor de la discusión. Afirma que el estudio de Mejía y Camacho “distrajo la atención y que ha sido citado sin contexto”. Nos recuerda que la evidencia de los efectos en la salud no es concluyente (y que “debemos hacer es generar respuestas basados en la ciencia”).
Así, cuatro expertos en economía, con credenciales universitarias similares, todos con la posibilidad de tener incidencia directa sobre la política nacional, se enfrascan en una conversación sobre cuánto, cómo y qué tipo de glifosato es tolerable para las comunidades. Sobre qué constituye evidencia científica (¿cuántas pérdidas de embarazos son anecdóticas? ¿Cuántas serán científicas?).
Angustias y alergias no son el tipo de evidencia que entrarán en esta discusión de expertos. Angustia de pisar tierra que puede estar contaminada. De respirar el viento que se mete en la boca, en la nariz, con la idea de que quizá traerá enfermedad. De que tal vez llenará de enfermedad al cuerpo, a los hijos, a los animales que se quieren o se comen. De que se echará a perder la leche, los huevos, el agua de beber.
Con los días, el susto de saberse fumigado va colonizando espacio por espacio. En el departamento del Chocó comunidades fumigadas dejaron de cosechar agua de lluvia, una práctica tradicional con la que se recogía el agua de bañarse, lavar baños, ropa y platos, por miedo a que estuviera “envenenada”. El Estado llenó de angustia a la población desde el aire. Por eso hacia delante habrá demandas. No creo, como Daniel Rico, que sea el papel de la academia prevenir que sancionen al país, en una suerte de patriotismo sensato.