Alcohol y populismo

El propósito: evitar las riñas callejeras que aquejan a la ciudad. Según números de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va del año se han registrado 116.246 peleas. Una cifra cuya magnitud se entiende mejor cuando se promedia: 680 riñas por día. No en vano las alarmas de las autoridades, ni en vano tampoco la voluntad del Distrito de afrontar los disturbios; más aún, cuando los recursos de seguridad tienen un uso notoriamente más apremiante: el desmantelamiento de las bandas criminales en la capital. No deja de sonar excesivo, por no decir inoficioso, tener que asignar pie de fuerza a controlar desórdenes de alcohol cuando los homicidios, fleteos, extorsiones y demás atacan, desde estructuradas delincuenciales, a la ciudad.

No obstante, el mejor uso de los recursos de seguridad es un argumento insuficiente para justificar, y en esa medida legitimar, un decreto restrictivo de la libertad. También lo es el argumento más lineal: las riñas callejeras generan disturbios públicos y, por tanto, hay que eliminar las causas que los promueven. Limitar el libre desarrollo de la personalidad y permitir una intromisión en la intimidad, si bien es posible, e incluso en algunos casos deseable —la vida en sociedad exige siempre la ponderación de los derechos individuales y el interés colectivo—, no por ello puede permitirse sin una contundente justificación. Es cierto que el mantenimiento del orden es necesario para el ejercicio de las libertades políticas y privadas, pero también lo es que el orden se garantiza para el ejercicio de éstas; los fines no pueden someterse, sin más, a los medios. La esfera privada no puede transgredirse al capricho de los gobernantes.

Es imprescindible, en la restricción de la libertad, demostrar, primero, que es la última salida, y, segundo, que en virtud de los resultados, ésta se justificará. Ignorar tales precauciones es terminar con un muy mal panorama: una política que resulta restrictiva de los derechos y que, además, no sirve para el propósito que fue pensada. O aún peor, que agrava el problema. Consideración especialmente importante en el contexto de las restricciones al expendio de alcohol. Lo último que necesita la ciudad es pasar de locales que venden licor a la calle a locales ilegales que vendan licor —adulterado posiblemente y en todo caso sin ningún tipo de control— en la calle. Toda medida prohibitiva implica, por su naturaleza, esfuerzos de evasión.

La opinión pública puede aplaudir siempre lo que percibe es un esfuerzo para garantizar su seguridad. Se espera, sin embargo, que la alcaldesa (e), Clara López, no se contente simplemente con hacer valer su autoridad, sino que justifique, como es debido, tal ejercicio del poder. Mal haría la cabeza actualmente más visible del Polo Democrático en comportarse de manera contraria a los derechos de los ciudadanos, al tiempo que pretende aumentar su aceptación con medidas, en apariencia fuertes pero en la práctica ineficaces. Un par de datos no son justificación suficiente para legitimar tal decreto. Ni tal decreto parece ser suficiente para resolver el problema. Si el partido del suspendido alcalde Moreno quiere enderezar el rumbo de la capital, deberá apostarles a proyectos comprensivos, que, en el largo plazo, no sólo protejan a los ciudadanos, sino que los forjen. El reto es más difícil.