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Ante la juez 59 de garantías, un fiscal anticorrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, tráfico de influencias y falsedad en documento público a la exdirectora del CTI Marilú Méndez dentro del proceso que se le adelanta por el escándalo de Fondelibertad.
Según la Fiscalía, Méndez Rada presionó e influyó al entonces director de Fondelibertad, Harlan Henao para la entrega de dos contratos para la capacitación de los Gaulas del Ejército a empresas de su exesposo Luis Isdrobo.
Prueba de esto serían las reiteradas presentaciones en las que la exfuncionaria de la Fiscalía señalaba que las empresas de su exmarido contaban con la experiencia necesaria para la capacitación de miembros del Gaula en actividades relacionadas contra el secuestro.
“La adjudicación de los contratos en 2009 y 2010 por un valor superior a los 140 millones de pesos a la empresa Isdrobo Limitada se relaciona principalmente con la influencia de la doctora Marilú Méndez en Fondelibertad”, precisó el fiscal encargado.
Durante la diligencia judicial también se señaló que la exfuncionaria habría llamado a 15 agentes del CTI con el fin de que dictarán las capacitaciones al Gaula, hecho irregular y que va en contra de todo principio pues en el contrato firmado por Isdrobo este manifestaba que las personas que iban a realizar los cursos eran parte de su empresa.
“Lo que es materia de censura es que la exdirectora del CTI le haya ordenado a subalternos suyos alejarse de sus actividades para hacer cumplir con el contrato que tenía Isdrobo con Fondelibertad”, aclaró el fiscal anticorrupción.
Esta actividad produjo un detrimento patrimonial en el CTI pues incluso se le ordenó agentes que trabajaban en Cali que se trasladaran a Bogotá con el fin de dictar los talleres y los cursos, “para esto se presentaron documentos falsos sobre unas operaciones en la capital de la República, lo cual no era cierto”, aclaró.
En este proceso se llamó a más de 15 funcionarios del CTI para que dictaran las capacitaciones, pagándoles a las personas que estaban por fuera de la ciudad los pasajes de avión y viáticos, camuflados en operaciones ficticias.
En este caso, Méndez habria incurrido en un desfalco de 2 millones 800 mil pesos por la compra realizada por el ente investigador de pasajes para el traslado de los agentes del CTI que se encontraban fuera de Bogotá.
La exdirectora del CTI no se allanó a los delitos imputados por la Fiscalía, y por los cuales podría para una condena de 15 años de prisión.
La Fiscalía le solicitará al juez que se le cobije con medida de aseguramiento en su domicilio.
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