Una bomba de tierra

Muchos años después, en 1995, el alcalde Guillermo Paniza pensó hacer el negocio más lucrativo de la historia administrativa de la heroica vendiendo la isla a particulares, arreglo por el que esperaba recibir la suma de 200.000 millones de pesos para el Distrito. Y hace algunos días el actual alcalde quiso darles la razón a los vecinos del barrio de Manga —que se oponen a la construcción de más marinas en la bahía–, diciendo que no permitiría que se vulnerara el derecho a la tranquilidad del lugar, de modo que los muelles siguientes debían hacerse, a lo sumo, en las islas de Barú o Tierrabomba.

Lo que queda claro es que el destino de la isla parece decidirse sin tener en cuenta a quienes siempre la han habitado. De Tierrabomba se habla, se especula sobre su potencial para los negocios turísticos y portuarios, se destacan sus condiciones de paraíso natural, pero pocas de estas iniciativas tienen en cuenta a la población negra que siempre ha estado allí. Mientras el director de la Dirección General Marítima (Dimar) se avergüenza porque Cartagena no tiene marinas con la capacidad para recibir el ostentoso yate de un magnate que visitó hace pocos días la ciudad, las familias propietarias de las 70 casas que el mar se engulló hace algunos años, junto con tres calles del pueblo, siguen sufriendo en la absoluta miseria las consecuencias de la tragedia.

Resulta perverso e infame pensar en marinas y yates de lujo –cual Mónaco tropical–, cuando sabemos que en el corregimiento de Tierrabomba el 86,6% de la población, de acuerdo a la medición por ingresos, se encuentra por debajo de la línea de pobreza. No hay servicios públicos, y a diario se ven romerías de gente acarreando agua de pozos, que deben comprar a altos precios. Y ya se ha vuelto un lugar común que sus habitantes digan, para referirse a esta situación, que consumen agua de estrato 1, pero la pagan a precio de estrato 6.

Cansados del abandono estatal y de los inversionistas voraces que desde Cartagena miran a la isla y se frotan las manos, el 18 de julio de 2013 la comunidad, argumentando la posesión ancestral sobre el territorio, solicitó la titulación colectiva de 400 hectáreas de tierra. En agosto del año pasado, el Instituto de Desarrollo Rural (Incoder) –entidad en liquidación– expidió una resolución en la que dijo que los terrenos pertenecían a la Alcaldía de Cartagena, y ahora la comunidad de Tierrabomba aspira a que la administración titule las tierras a su favor.

No me quiero imaginar la presión que debe tener el alcalde de Cartagena, Manuel Duque, de parte de los inversionistas privados para que estos terrenos no sean blindados con la titulación colectiva. Lo cierto es que tiene la oportunidad inédita de pasar a la historia no como el alcalde que permutó la isla o el que quiso venderla a privados, sino como el administrador que salvó a un pueblo del desplazamiento producto de la avaricia de un modelo económico. “Primero la gente”, es el eslogan de la actual administración distrital. Mirando a Cartagena, desde la isla, esperanzados, los habitantes de Tierrabomba rezan porque sea cierto.