Seguridad nacional: entre la política y la defensa

Y lo es, básicamente, porque equipara lo que no es equiparable. Si bien es políticamente conveniente ubicar al país entre dos polos de violencia, al tiempo que se gobierna cómodamente desde el centro del espectro, el panorama es de lejos más complejo. Primero, porque las amenazas a la seguridad no son sólo políticas —están, y cada vez con más fuerza, las llamadas bacrim— y, segundo, porque de las que sí son políticas, sólo una es realmente fuerte, y de oscura no tiene nada: desde hace medio siglo sabemos que luchamos contra los grupos insurgentes. Más a la luz, difícil. Además, las guerrillas no acechan como una mano negra. Simplemente atacan. Y son, hoy todavía, la principal amenaza a la seguridad por su estructura, por su pie de fuerza, por su conocimiento, por su historia, por su penetración en la cultura, por su reserva armamentista y, en general, por su capacidad para aplicar la violencia.

Sin desconocer la necesidad de identificar todas las amenazas para la seguridad del país, conviene poco perder de vista las justas proporciones, además de difuminar un debate técnico en oportunismo político. Incluso concediendo que la ‘mano negra’ de la ultraderecha esté haciendo campaña para alterar la percepción de seguridad —lo que es muy posible, aunque no esté demostrado— e, incluso, que haya tomado las armas y ella misma haya perpetrado ataques terroristas para avanzar en su propósito —lo que es menos posible, aunque el atentado contra el busto de Laureano Gómez no deje de generar suspicacias— el aumento en el número de secuestros, homicidios y atentados no puede perderse, ni en asuntos de percepción, ni en chivos expiatorios.

Cuando el país le reclama al Ejecutivo por el incremento en 30% de los secuestros, casi en su totalidad extorsivos, cuando demanda la seguridad en las ciudades, que se ha deteriorado notoriamente en el lapso de un año, y cuando pide cuentas por los atentados, como el del pasado sábado en Popayán, que dejó un muerto y 16 heridos, la respuesta, se espera, debe ir más allá de señalar que hay una nueva fuerza de derecha. Que existe, sí, pero que ciertamente no explica el grueso de la amenaza a la seguridad nacional que enfrenta en este momento el país. La intervención que espera la ciudadanía hoy del Ejecutivo debe ser sobre cómo vamos a enfrentar a las bacrim, con su casi infinito flujo de financiación proveniente del narcotráfico, y cómo vamos a enfrentar a unas guerrillas que han cambiado de estrategia, reduciendo las confrontaciones armadas y aumentando los actos terroristas.

El quebranto en los indicadores de seguridad, más que a nuevos actores, responde a transformaciones que han sabido cogerle ventaja al Estado. El aparato de defensa debe adaptarse y, para ello, tiene que terminar el proceso de organización interna tras el desastre de los falsos positivos; además, claro, de completar su iniciado proceso de modernización, en el que es cardinal fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, no sólo en las fuerzas especiales. Colombia tiene unidades de primera categoría, pero no es así con el resto del cuerpo. Y de este cuerpo forma parte también la justicia. Fortalecer la defensa, sin fortalecer la institucionalidad de la ley es perder el esfuerzo. Queda sólo esperar que las reformas pendientes, por lado y lado, no se terminen, como ya lo hizo el debate público, politizando.