La lámpara de la discordia

Un aprecio que, por demás, no tomó en cuenta el Ministerio de Cultura cuando decidió desmontar la primera por su alegado peso y las segundas por su supuesta incomodidad. De haberlo discutido, probablemente la cartera se habría evitado el disgusto de los capitalinos, quienes, al parecer, tienen muy claro que el espacio de lo público está ligado indisolublemente con el espacio de la democracia y no se contentan con que se les asegure que “se cumplieron las reglas oficiales de enajenación gratuita”. Tal vez les hubiera gustado quedarse con sus viejas sillas y sus viejas lámparas; el patrimonio es suyo al final del día.

Los mecanismos públicos de concertación tienen, además, una ventaja especial: amplían la perspectiva, lo que si bien puede hacer más difíciles las concertaciones lograría proteger mejor los legados culturales de arbitrariedades. En el caso de la lámpara que colgaba sobre la cúpula, los conocedores, con razón, se preguntan: si se quería proteger la estructura del peso, ¿por qué se removió ésta y no las cerchas de madera que la atraviesan? No deja de ser extraño que a los encargados de la restauración les pareciera adecuado dejar unos tradicionales y sobredimensionados arcos de madera, que generan un peso muerto sobre los muros de carga, y que nadie ve porque están entre el cielorraso y la cubierta, pero sí les pareciera justificado desmontar la icónica lámpara. Claro, el espacio de discusión es amplio, pero ciertas decisiones no dejan de parecer, por lo menos desde lejos, caprichosas e improvisadas.

De esta manera, si bien es de celebrar la conclusión de la primera etapa de la restauración del Colón, al igual que el carácter didáctico y ejemplificador de estos ejercicios de restauración monumental que, por demás, deberían provenir siempre del Estado, es importante aprovechar la experiencia para aprender de los errores. Y no sólo de los arquitectónicos, sino también de los administrativos, ¿o acaso sirvió de algo que la licitación original se abriera con términos de referencia que no incluían un proyecto de intervención y sólo decían que sería elaborado sin precisar dónde y por quién, exigiendo del proponente la conformación de un equipo humano numeroso en exceso, para suplir la carencia de estudios técnicos? Al parecer, no mucho. En cambio, sí quedaron ciertos sinsabores, entre ellos, que el director designado de la restauración, Max Ojeda, sea el mismo arquitecto que afectó de manera irreversible la fachada del Museo Nacional y a quien el Ministerio debió imponer sanciones.

Deja también un sinsabor que de la Unión Temporal TC, firma ganadora de la licitación, no exista mucha información y que el Consorcio Intercol, el interventor, esté siendo investigado por la Procuraduría por asuntos relacionados con la Fase III de Transmilenio. Aunque menor, no deja de incomodar que la firma alemana Bühnen Planung Walter Kottke Ingenieure, muy especializada en asuntos técnicos de teatros (tramoyas, iluminación acústica, etc.), pero sin mayor experiencia en restauración, sea la encargada de avalar la obra. Todo, esto, claro, puede estar justificado. La aparente falta de coherencia, sin embargo, exige, por lo menos, un par de explicaciones del Ministerio de Cultura. Además, por supuesto, de la presentación del plan sobre cómo se blindará la siguiente etapa, para la cual se han destinado ya 4.500 millones de pesos de los 16.400 que se necesitan.