Buscando caminos de paz

Luego de que el presidente Juan Manuel Santos descartara la posibilidad de que un país amigo sirviera como mediador en la liberación de los seis uniformados que permanecen en poder de las Farc desde hace más de una década y que afirmara que “lo mejor a estas alturas es que no hagan nada, que no se metan, que esperen a que si el día de mañana —como lo hemos dicho tantas veces— se presentan las circunstancias adecuadas, pues ya veremos cómo procederemos”, diferentes personalidades de la vida pública le han advertido que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos.

A ellos Santos les envió un mensaje: “Lo más inconveniente es precisamente que comiencen a crear grupos de estudios, grupos de trabajo, a hacer propuestas públicas, porque eso no contribuye sino que, todo lo contrario, genera un ambiente negativo y contraproducente. Se han presentado todo tipo de iniciativas, mandan razones personajes nacionales, personajes internacionales que quieren hacer una propuesta, que quieren crear un grupo, que quieren intervenir”.

Sin embargo, las leyes colombianas establecen una serie de mecanismos y entidades creadas con el fin de trabajar en temas de paz. El ejemplo más evidente es el Consejo Nacional de Paz (CNP), creado por la Ley 434 de 1998 con el fin de que, junto con los Consejos Territoriales de Paz y autoridades nacionales, trabajen en el desarrollo de las políticas de paz. El CNP está conformado por el presidente de la República, autoridades de las ramas Ejecutiva y Legislativa, y los órganos de control, además de representantes de sectores económicos, sociales y políticos.

A pesar de que la ley consigna que este Consejo debe reunirse cada dos meses, el presidente Santos nunca lo ha convocado. Esta es precisamente la razón para que la representante del Polo Democrático Alba Luz Pinilla instaurara una acción de cumplimiento contra el presidente de la República. “No entendemos cómo este gobierno, por un lado, manda mensajes de reconciliación, reparación y abre la posibilidad de una eventual negociación, y, por otro, se niega a dar voz y a activar un espacio tan importante como es este Consejo, incumpliendo de paso la ley”, explicó la representante.

Por otra parte, mediante el artículo 66, de la Ley 5 de 1992, se crearon las Comisiones Accidentales de Paz tanto de Senado como de Cámara. Comisiones que desempeñaron un importante papel durante el proceso de diálogo con las Farc en el gobierno de Andrés Pastrana. Y que incluso fueron las primeras entidades en buscar acercamientos con las autodefensas desde el gobierno Samper.

Además, el 4 de agosto de 1995, se convocó la Comisión de Conciliación Nacional, la cual, en su momento, fue presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Pedro Rubiano Sáenz.

Con esta batería institucional varias personalidades de la vida política, que asistieron a un evento realizado ayer por la Coordinadora Humanitaria que lidera el expresidente Ernesto Samper, argumentaron que la paz es un asunto de toda la sociedad.

Para Samper ha habido una mala interpretación de las palabras del presidente. “Entiendo que lo que ha señalado es la necesidad de que primero se haga la liberación de los secuestrados y luego se empiece a pensar en si hay ambiente para buscar caminos de diálogo de paz. Lo que dice es que la paz es responsabilidad del presidente, lo cual es obvio, y les ha pedido a los países amigos que no intervengan sino cuando lo solicite el Gobierno Nacional”.

Sin embargo, Samper asegura que la paz no es un asunto exclusivo del Gobierno. “La sociedad civil es la que tiene más cabida en esto, porque es la que paga los platos rotos de la violencia. Precisamente en mi gobierno se estableció una Comisión Nacional de Paz para que la sociedad civil tuviera la oportunidad de participar organizada y activamente en estos temas”.

Por su parte, el representante y miembro de la Comisión de Paz de la Cámara Iván Cepeda le pidió al Gobierno diferenciar entre “intervenir de manera indebida en gestiones que requieren una alta discreción y que deben ser desarrolladas bajo la conducción del Gobierno Nacional y otra es que los ciudadanos no podamos hablar y sobre todo actuar por la paz”. Para Cepeda la Constitución es muy clara: “La paz no es sólo un derecho, sino un deber de los ciudadanos y, por lo tanto, nada puede impedir que instemos a las personas a que hagan esfuerzos y actúen por la paz”.

La exalcaldesa encargada de Bogotá y presidenta del Polo Democrático, Clara López, sostuvo que las declaraciones de Santos son de un entendimiento demasiado estrecho y deficiente para lo que se requiere en este momento. “Creo que es excluyente, porque la Constitución es diáfana. Pedirles a los países amigos y a todas las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sociales y políticas, que nos callemos y no hablemos de paz, me parece una profunda equivocación”, sentenció López.

La exsenadora Piedad Córdoba sostuvo, por su parte, que la respuesta a las declaraciones de Santos son las movilizaciones civiles encaminadas a buscar la paz. “Un ejemplo es la conformación del Consejo Patriótico Nacional, que ha recibido una asistencia masiva. La gente ya ni oye esas cosas. La paz es un derecho y no sólo para mirarla, sino también para militar en ella. Nosotros tenemos que construirla. Es obvio que los acuerdos políticos se hacen entre el presidente y la insurgencia, pero la sociedad no puede ni va a estar ausente de esos procesos”, sostuvo Córdoba.

Con estas declaraciones queda en evidencia que las organizaciones sociales y de derechos humanos están empeñadas en seguir buscando caminos de paz y hacen un llamado para que la sociedad civil sea protagonista en un eventual proceso de diálogo.