Niegan calidad de ‘víctima’ a la Contraloría en proceso por AIS

Según la funcionaria judicial, esta solicitud “es un despropósito” puesto que los empresarios samarios ya devolvieron los 4.532 millones de pesos que recibieron del programa, razón por la cual no puede existir un prejuicio patrimonial, como lo alegaba la defensa del órgano de control fiscal.

Igualmente durante la diligencia judicial, se presentaron reiteradas críticas al papel de la Contraloría durante la observación y control en la entrega de los multimillonarios subsidios. “Si ustedes (Contraloría) hubiera cumplido con sus funciones no estaríamos aquí en estos procesos por estas multimillonarias irregularidades”.

Según la Fiscalía, esta familia samaria recibió más de 4.500 millones de pesos en 11 subsidios para programas de riego y drenaje para su hacienda San Diego, ubicada en el municipio de San Diego, en el departamento de Córdoba.

A finales de este año, meses después de ser llamados a audiencia de imputación de cargos, los miembros de la familia Vives entregaron la totalidad del dinero que recibieron a la Fiscalía y al Ministerio de Agricultura.

Los acusados serán: Álvaro Luis Vives Lacouture, Roberto Eusebio Vives Lacouture, María Teresa Vives Lacouture, Patricia Vives Lacouture, Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano.

Por su parte, se espera que en los próximos días se presente el escrito de acusación contra Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture, quienes se presentaron hace unos días ante la Fiscalía, tras llegar a un acuerdo para devolver cerca de 340 millones de pesos que recibieron del programa que buscaba ayudar a medianos y pequeños agricultores.

La diligencia judicial fue reprogramada para el próximo 18 de febrero, tiempo en el cual se espera que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva la apelación presentada por la Contraloría.