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El presidente Gustavo Petro cumple este 7 de agosto sus primeros 12 meses en el poder y, pese a los logros y avances que su Gobierno quiere mostrar, también se han generado varios escándalos que tocan directamente a la Casa de Nariño. Todos pusieron al primer mandatario a trinar con órdenes, aclaraciones y hasta disculpas; incluso, a exigir la renuncia de sus más cercanos colaboradores y pedir las garantías en la justicia para investigar a uno de sus propios hijos: Nicolás Petro.
Petro vs. Barbosa
El 5 de mayo un rifirrafe entre el presidente Petro y el fiscal General, Francisco Barbosa, subió las tensiones entre ambos poderes: Presidencia y Fiscalía. Una serie de mensajes publicados en medios y redes levantaron un debate sobre la división e independencia de las ramas del poder público. Todo comenzó cuando el fiscal Barbosa respondió a una serie de trinos en los que el primer mandatario pedía investigar al fiscal Daniel Hernández por supuestamente beneficiar a integrantes del Clan del Golfo, de acuerdo con publicaciones de prensa.
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Según Barbosa, las acusaciones estaban poniendo en peligro la seguridad de Hernández y de su familia, por lo que responsabilizó al mandatario si algo les llegara a pasar. Le recordó, además, que ese fiscal es víctima del conflicto armado y que señalarlo de “defensor de los paramilitares es una acusación gravísima”. Como respuesta, en medio de una visita a España, el presidente aseguró que “el fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena, yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”.
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La discusión creció tanto que el fiscal calificó a Petro de “dictador”. En ese momento entró a la escena la mismísima Corte Suprema de Justicia para jalarle a Petro las orejas. El alto tribunal señaló que el mandatario desconoció de la autonomía e independencia judicial. Ante el llamado de atención, Petro se disculpó, una vez más, públicamente. “Es verdad que, en términos generales, el fiscal no está subordinado a funcionario alguno”, dijo el jefe de Estado.
La salida de sus más cercanos
Lo que comenzó con un robo terminó con la renuncia de dos de las personas más cercanas al presidente Petro. Se trata de Laura Sarabia, la entonces jefa de gabinete presidencial, y de Armando Benedetti, el ahora exembajador en Venezuela. Sarabia está bajo la lupa de las autoridades al ser investigada por presuntas chuzadas telefónicas a dos mujeres. Una de ellas, la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, a quien sometió, supuestamente, a maltrato durante una prueba de polígrafo por considerarla sospechosa de un millonario hurto dentro de su casa.
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Según la Fiscalía, Meza y otra empleada de Sarabia fueron interceptadas ilegalmente durante 10 días, autorización que dio un fiscal de Chocó luego de que el número lo aportara un miembro de la Policía, haciendo pasar a las mujeres como posibles enlaces del Clan del Golfo. Luego se conoció que el embajador de Colombia en Venezuela y exjefe de Sarabia, Armando Benedetti, estaba involucrado en el caso.
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Resulta que en una serie de audios que parecen estar dirigidos a Sarabia, Benedetti cuenta que él había ayudado a conseguir, presuntamente, $15.000 millones para la campaña presidencial en la Costa Caribe, que sabía “la verdad” sobre la misma y que, si contaba esos secretos, todos se iban presos. Según Petro, las puertas de la Casa de Nariño están abiertas a cualquier tipo de investigación. Este es apenas uno de los hechos por los que la Fiscalía comenzó a investigar si hubo o no irregularidades en la financiación de su campaña para llegar en 2022 al poder tras obtener 11.2 millones de votos.
Mancuso, ¿gestor de paz?
Dentro del proyecto de paz total, con el que el presidente Gustavo Petro espera una salida dialogada del conflicto con todos los grupos armados ilegales, se presentó una designación bastante comentada. El pasado 23 de julio, el mandatario anunció que Salvatore Mancuso será designado como gestor de paz. En respuesta a la decisión, Mancuso, quien fue uno de los paramilitares más cercanos a Carlos Castaño, emitió un comunicado en el cual detalló a qué está dispuesto con su designación para aportar en el proceso de paz total.
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Anunciando que con su experiencia puede contribuir a reabrir y continuar con el proceso de paz de Santa Fé de Ralito, que ajustó ya 20 años, el exparamilitar contrastó la designación que le hizo el presidente Petro. Se refirió a que hace 19 años, cuando el mandatario era representante a la Cámara, fue declarado como objetivo militar al confrontar a las autodefensas con su discurso, y ahora él mismo promueve e invita a participar a los exparamilitares que alguna vez lo amenazaron dentro de un proceso de paz.
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Un hijo y un lío ante la justicia
Desde marzo de 2023, las autoridades le pusieron el ojo a Nicolás Petro. Su propio padre le pidió a la Fiscalía que lo investigara. La pesquisa avanzó y el pasado 29 de julio, Nicolás Petro fue capturado junto con su expareja, Day Vásquez. Mientras que él tendrá que responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ella podrá ser imputada por lavado de activos y violación de datos personales.
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La diligencia para determinar la responsabilidad del hijo del presidente en estos delitos avanzó durante la primera semana de agosto y en una audiencia para definir la medida de aseguramiento que cobijará a Petro y a Vásquez, el fiscal Mario Burgos anunció un hecho que puso el foco sobre la campaña presidencial.
Resulta que Nicolás Petro, supuestamente, movió altas sumas de dinero a través Samuel Santander Lópesierra (conocido como el hombre Malboro), Máximo Noriega, Gabriel Hilsalca Acosta, hijo del polémico Alfonso El Turco Hilsalca; y de Óscar Camacho, un poderoso empresario de Cúcuta; y lo habría utilizado para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada. Y no solo eso, pues el fiscal dijo: “Otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022″.
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El presidente respondió un par de horas después de que Nicolás Petro confesara que sí hubo ingreso de dinero irregular a la campaña de su papá. Dijo, desde Sincelejo (Sucre), durante el lanzamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria, que “yo he prometido no interferir en el proceso judicial y no lo voy a hacer, lo repito, pero como no es un juez puedo analizar lo que dijo”. El primogénito del jefe de Estado y su exesposa quedaron en libertad y los dos ya están de nuevo en Barranquilla.
Un cese al fuego que va y viene
En pleno 31 de diciembre, fiesta de inicio de año nuevo para muchos colombianos, Gustavo Petro anunció lo que parecía una celebración mayor: el cese bilateral al fuego con cinco grupos ilegales, entre guerrillas, carteles y bandas, el cual duraría seis meses. Sin embargo, un par de días después, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia, desmintió al presidente y no fue sino hasta el pasado 3 de agosto que varios de los jefes de este grupo dieron oficialmente arranque a un cese al fuego con el Gobierno por 180 días, como un paso clave para avanzar en el proyecto de paz total.
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Con otros grupos como el Clan del Golfo, el presidente Gustavo Petro anunció en marzo 19 la suspensión del cese al fuego que había ordenado en diciembre. Sin embargo, con el anuncio más reciente, una misión de verificación conformada por la Fuerza Pública, delegados del ELN y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Conferencia Episcopal y la Misión de la ONU en Colombia integrarán el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), serán garantes de este proceso. A esto se suma el compromiso del Consejo de Seguridad de la ONU con la paz del país, que también considera verificar la implementación de un acuerdo con el Estado Mayor Central de las disidencias de FARC.
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