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El alcalde Dumek Turbay lleva lo que va de su mandato intentando consolidar la narrativa de que, tras años de malos gobiernos, Cartagena vuelve a brillar. Para ello, ha seguido la receta que dio popularidad a sus amigos del clan Char (que lo asesoran y le dan espaldarazos públicos), que en palabras sencillas consiste en: mostrarse operativo contratando obras civiles, impulsar un equipo de fútbol y tener medios amigos. Basta con levantar un poco la alfombra, sin embargo, para notar que el cantado brillo tiene mucho de turbiedad. Así lo evidencia el millonario contrato que con Turbay se ganó un consorcio en el que están, ocultas detrás de una telaraña empresarial, personas vinculadas al corrupto campeón de torcidos en Colombia: Emilio Tapia. Algunas aparecen, de hecho, en el escándalo de Centros Poblados, que involucró el desvío de $70.000 millones del erario.
Se trata del contrato con el consorcio Villa Olímpica para hacer infraestructura deportiva por valor de $8.591 millones. Se entregó a dedo gracias a que el Distrito, en cabeza del Instituto de Deportes, concedió el proyecto vía convenio interadministrativo a una empresa industrial y comercial del Estado (que se rige por el derecho privado) llamada Edurbe, que luego contrató directamente. Esta es una práctica que dificulta seguirle el rastro a la plata pública.
El consorcio Villa Olímpica está conformado por dos empresas: Ingenieros Consultores & Constructores Ingecon, registrada en Cartagena, dueña del 30 %, y Grupo Constructores Antioqueños, registrada en Medellín, dueña del 70 %. A pesar de su nombre, ese socio mayoritario pertenece en realidad a dos compañías registradas originalmente en Cartagena, que aparecen como accionistas, como consta en actas oficiales que pude revisar. Según esos documentos, el Grupo tiene tres vasos comunicantes con el entramado empresarial relacionado con Emilio Tapia.
Primero, el Grupo Constructores Antioqueños, que se constituyó hace apenas tres años, ha tenido como representante legal a Álvaro Eduardo Torres Buelvas, quien estuvo de administrador y representante de la sociedad Omega Buildings Constructora, que Emilio Tapia controlaba en el caso de Centros Poblados. Torres Buelvas, incluso, fue sancionado en ese proceso por la Superintendencia de Sociedades con multa de $385 millones.
Segundo, como presidente de la junta directiva del Grupo Constructores Antioqueños aparece Luis Alberto Morales Acevedo, que fue representante legal de LT Buildings, una empresa que tuvo entre sus cabezas a Juan Sebastián Vergara, quien gerenció Omega Buildings Constructora, la cuestionada empresa del consorcio Centros Poblados.
Por último, entre las dos empresas dueñas del Grupo Constructores Antioqueños está Inversiones Grandes Vías e Ingeniería, una compañía que registra como única accionista a otra compañía (en interminable aparición de empresa dentro de empresa, como la muñeca rusa matrioska), cuya dueña unitaria se llama Karol Eugenia Huertas Barrios. Ella es una ingeniera de obra, que viene de trabajar en al menos tres consorcios bajo la dirección de Juan Carlos Aldana, el primo de Emilio Tapia Aldana que fue condenado por el cartel de la contratación de Bogotá.
Ya La Contratopedia Caribe había contado de otra contratación de Dumek Turbay, liderada a dedo por Edurbe, en la que la interventoría fue entregada a un hermano del propio contratista. Estas redes se cuentan más fácil de lo que se pueden investigar. El fin parece claro: ocultar tras infinitos cambios de vestido, siglas, números de identificación tributaria, a los verdaderos beneficiarios de los negocios públicos. En este caso, los caminos conducen a un nombre. Y este no brilla mucho.
Por Laura Ardila Arrieta
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