El desastre de la minería

No de otra forma se explica que Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, estuviera saqueando territorio colombiano con su empresa “Exploración y exportación minera del Llano” de la mano de Óscar de Jesús López Cadavid, el hoy preso exgobernador del Guaviare. O que Rodrigo Granda, canciller de las Farc, sea socio de la empresa minera “Inversiones Granda Restrepo”, dueña de una mina de oro en el municipio de Caucasia. De hecho, el desorden es de tal magnitud que no sólo ha sido aprovechado por los poderosos de la ilegalidad para lavar sus dineros. Como lo documentó la revista Poder, letreros como el siguiente abundan en las carreteras: “Vendo titulo minero en Boyaca 1.500 hectareas sobre via prinsipal pavimentada carbonaltos medios y bajo coque” (sic). Y es que la especulación llegó a todos los que vieron dinero en la cesión del título a las grandes mineras.

 De aquí que no sorprendan casos inverosímiles como los que reveló este martes el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, entre ellos, la adjudicación de un terreno de 31 centímetros de ancho por 835 metros de largo, es decir, de una franja en la que no cabe, ni siquiera, una persona de pie. Los accidentes mineros, sus muertos, y los estragos ambientales, —que afectan, por demás, directamente a los campesinos y sus aguas— son, en gran medida, producto de lo que el ministro ha llamado “la fiesta de los títulos”. Una que, como muchos de los escándalos destapados en los últimos meses, se veía venir: en sólo ocho años el número de títulos otorgados se multiplicó por 33, pero no por 33 se multiplicaron los controles. Se puede aceptar, siendo generosos, que tal crecimiento —se pasó de 187 títulos otorgados en el gobierno Gaviria, 172 en el gobierno Samper y 221 en el gobierno Pastrana, a 7.397 en el gobierno Uribe— obedece a la llamada confianza inversionista y al importante incremento de los precios mundiales de hidrocarburos. Lo que no se puede perdonar es la piñata que se permitió.

Una piñata que extendió a las regalías: en 2007 el sector minero-energético pagó $5,96 billones y tuvo exenciones de impuesto de renta por $870.000 millones. En 2009, sólo dos años después, las regalías alcanzaron los $6,53 billones y las exenciones subieron a $3,51 billones. No cabe duda de que una casa desordena es la que ha recibido el ministro Rodado. Y en buen camino van no sólo sus denuncias, sino su propuesta de dejar a Ingeominas como un instrumento meramente técnico, de manejo de información geológica y control sísmico, y crear una Agencia Nacional de Minería que, a diferencia de la actual Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), no se dedique a promover la inversión, sino a ponerla en cintura. Hay que fiscalizar y supervisar esta llamada “locomotora” para que, de hecho, le sirva en algo al país tener 8,4 millones de hectáreas concedidas  y  70% de la zona andina solicitada.

El primer paso, sin embargo, uno que no sólo debe tomar esta cartera, pero en el que el atraso con países de la región es más dramático, consiste en la publicidad de la información.  Perú, por ejemplo, país que ha sabido aprovechar como ninguno su minería para traducirla en crecimiento, tiene un sistema de catastro en internet con todos los registros de los títulos concedidos, libres y en trámite, además de su historial. Mientras la información del país siga archivada en las dependencias de nuestra caótica burocracia, el control va a ser siempre difícil. El manejo de la información es requisito indispensable para la transparencia. ¿Solucionará esto el caos de la minería? No. Muchas de las estrategias institucionales del ministro Rodado deberán adelantarse. Pero por un sistema moderno y sistematizado de información tenemos que pelear. El Estado tiene que dejar de ser un hoyo negro. Más si recordamos que somos nosotros los que lo pagamos.