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La fiscal general Viviane Morales, encabeza una comisión de investigación que llegará este jueves al sur de Bolívar, con el propósito de establecer si en efecto se presentó un desplazamiento forzado en la finca Las Pavas.
El grupo de investigación de la Fiscalía realizará entrevistas y recaudará información de los campesinos de la zona para establecer lo que ocurrió, luego de la controversia que se generó por el archivo de un proceso en el que la fiscal de Cartagena, Myriam Martínez, aseguraba que en el año 2009 no hubo ningún tipo de desplazamiento forzado de 123 familias.
Esta decisión de realizar una inspección en la zona, se tomó luego de las reuniones llevadas a cabo entre el viernes y el lunes con la fiscal Martínez y el padre Francisco de Roux, quienes le manifestaron la necesidad de establecer qué pasó en realidad en los años anteriores a 2006.
“Iniciamos esta investigación desde cero, no vamos a empezar con especulaciones”, haciendo referencia a la posibilidad de las denuncias que existen sobre presuntas presiones de un grupo de palmicultores para sacar a las personas que recibieron estas tierras.
En los últimos días se ha conocido una denuncia hecha en 2003 por la Asociación de Campesinos Cacaoteros de Buenos Aires (Asocab) en las que manifestaron haber sido víctimas de desplazamiento por parte del Bloque Central Bolívar de las Auc.
Un caso que deberá tenerse en cuenta en el proceso investigativo emprendido por la propia fiscal será el establecimiento de la existencia de un desplazamiento, o por si el contrario lo que se registró en Las Pavas fue una extinción de dominio por parte de organismos estatales.
“Aún cuando no hay desplazamiento, puede haber extinción de dominio por parte del Incoder y del Ministerio de Agricultura. Pues no se puede confundir la posibilidad de darles tierra a los campesinos a través de las leyes agrarias, que señalan como causales de la extinción haber explotado un bien con fines sociales, aquí no se podría hablar de desplazamiento”, precisó la Fiscal General.
La jefe del ente investigador aclaró que “las personas que ya presentaron denuncia y se retractaron, se iniciará investigaciones por fraude procesal y falso testimonio”, haciendo expresa referencia al caso de Fernando Pedro Moreno.
El desplazamiento de las Pavas se encuentra en el ojo del huracán después de la revelación de una fiscal de Cartagena en la que se manifestó que «existen varias irregularidades en la denuncia de 123 familias» quienes habrían mentido sobre su condición apoyados por ONG con el fin de lucrarse con la restitución económica por parte del Gobierno.
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