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Aplazada decisión sobre la libertad de los Nule

El próximo lunes, la defensa de los polémicos empresarios solicitan que se le levante la medida de aseguramiento a sus clientes.

07 de diciembre de 2011 – 09:55 a. m.

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La fiscal 44 de garantías reprogramó para el próximo 12 de diciembre la audiencia en la cual la defensa de los primos Nule solicitará que se les levante la medida de aseguramiento que tienen desde marzo pasado en el proceso que se les adelanta por el llamado carrusel de la contratación. 

La audiencia se instaló en la mañana de este miércoles, sin embargo el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Ricardo González solicitó su aplazamiento debido a que tenía que realizar un interrogatorio al exsubdirector del IDU Luis Eduardo Montenegro, investigado por el carrusel de la contratación, y quien sufrió un infarto en la mañana de hoy.

Esto provocó un fuerte llamado de atención por parte de la funcionaria judicial manifestando que la Fiscalía no presentó argumentos claros para este aplazamiento. “Si el fiscal insiste en su renuencia se tomaran las medidas correspondientes”, precisó la juez sobre el hecho de que el fiscal no se hizo presente en la tarde de este miércoles en la continuación de la diligencia judicial.

Se espera que el próximo lunes, la defensa de los polémicos empresarios solicite la libertad manifestando que no se encuentran en igualdad de condiciones procesales con la de otros imputados por el carrusel de la contratación.

Según los abogados, a los Nule se le han violado las garantías procesales puesto que otras personas investigadas por este escándalo de corrupción que están buscando un preacuerdo con la Fiscalía “se encuentran en libertad”, haciendo énfasis en el caso de los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, así como el abogado Álvaro Dávila.

En los últimos días, la defensa de los miembros del Grupo Nule solicitaron la nulidad del proceso que se les adelanta por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y cohecho.

La solicitud se hizo ante un juez de conocimiento, manifestando que la Fiscalía les incumplió el preacuerdo que tenían firmado con el fin de obtener beneficios jurídicos y procesales. Sin embargo, fue rechazada al encontrar que no tenía fundamento.  

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