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Durante la última semana las noticias en cuanto a la tensa relación que mantienen Estados Unidos y Colombia estuvieron cargadas de más y más agravantes. Lo que comenzó por un cruce en redes sociales, exactamente hace ocho días, entre Donald Trump y Gustavo Petro terminó el viernes con la inclusión de este último en la llamada Lista Clinton y con el despliegue de uno de los mayores portaaviones militares estadounidenses en aguas continentales: el potente USS Gerald R. Ford.
Ya desde agosto se habían desplegado destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, en una ofensiva que esta semana cruzó al océano Pacífico y destruyó dos embarcaciones en esas aguas en las últimas 72 horas, sumado a una más en el Caribe, que dejó 10 muertos. Según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, transportaban narcóticos para el Tren de Aragua.
“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda. Así como Al-Qaeda libró una guerra en nuestra patria, estos carteles están librando una guerra en nuestra frontera y contra nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, dijo Hegseth en una reunión el jueves en la Casa Blanca frente a Donald Trump. Aseguró que tienen perfectamente identificados los objetivos que han atacado, que saben quiénes son. A pesar de la seguridad en sus declaraciones, no es información que, por lo menos, sea de conocimiento público, como tampoco las coordenadas.
Cabe resaltar que, situando en cifras concretas, hasta el viernes hablábamos de 10 ataques (dos en el Pacífico), con más de 40 tripulantes muertos, por lo menos dos colombianos, y uno de estos operativos cerca de la costa Pacífica de la nación. Esto fue confirmado por medios como El País y CBS News, pero los reportes no especifican una ubicación geográfica exacta o coordenadas precisas para este ataque en particular.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó el jueves que “este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (…) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales”. Un llamado que coincide al pie de la letra con el de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch. Petro insistió en que si son narcotraficantes los tripulantes, deben ser llevados a la justicia, no asesinados en alta mar.
¿Qué es lo que sabemos entonces? Hegseth afirmó que este ataque preciso fue en aguas internacionales, y el derecho internacional es claro: si el hecho tuvo lugar dentro de las 12 millas náuticas, equivaldría a una violación directa de la soberanía colombiana, ya que ese espacio corresponde a su mar territorial. En cambio, si fue en la zona contigua —que se extiende hasta las 24 millas—, el impacto recaería sobre las competencias aduaneras, fiscales y de seguridad del Estado. Finalmente, si ocurrió en la zona económica exclusiva, que llega hasta las 200 millas, no se trataría de una invasión de soberanía, aunque sí implicaría una afectación a los derechos de Colombia sobre la exploración y el aprovechamiento de los recursos naturales en esa área.
Ecuador, un reflejo asimétrico
De 10 ataques realizados, solo dos personas han sobrevivido: el colombiano Jeison Obando Pérez, de 34 años, y un ciudadano ecuatoriano de apellido Tufiño. El presidente Gustavo Petro confirmó que Obando fue recibido en Colombia “en estado crítico” y con trauma cerebral. Será procesado conforme a las leyes colombianas. En cuanto a Tufiño, la justicia ecuatoriana ordenó su liberación tras determinar que no había pruebas suficientes para mantenerlo detenido.
Sin embargo, aquí surge un detalle que en absoluto resulta menor: Ecuador, al liberarlo, contradice por completo la retórica de Trump frente a estos dos sobrevivientes. Dijo que son “narcoterroristas” que iban a ser procesados en sus países de origen, pero esto no ocurrió y, por el contrario, pasó inadvertido.
Mientras tanto, la situación con Colombia solamente crece como una bola de nieve, aumentando la crisis diplomática. Mientras el USS Gerald R. Ford era desplegado, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti; la primera dama, Verónica Alcocer, y Nicolás Petro, hijo del mandatario. Todos bajo “designaciones antinarcóticos”. En concreto, fueron añadidos a la Lista Clinton, la designación del Tesoro que bloquea a los sancionados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar cualquier tipo de transacción con ellos.
En este listado han estado personajes como Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, Diego León Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, Daniel “Loco” Barrera, miembros del Clan del Golfo y su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, “Otoniel”.
Esta medida, de impresión radical, coincide con lo que Lawrence Gumbiner, exdiplomático estadounidense, afirma del carácter de Trump, quien “apoya muy fuertemente a sus amigos y castiga muy fuertemente a sus enemigos”. Añade: “Tenemos un presidente que es muy transaccional; no es costumbre para él mirar estrategias de largo plazo ni relaciones de largo plazo. Su manera de negociar es ir a la amenaza más drástica y después caminar hacia atrás”.
La forma más práctica de ver esto es el caso de Ecuador. Tufiño fue liberado y, desde la Casa Blanca, no hubo una mayor reacción frente a esto, ni Noboa fue objeto de reprimendas públicas, como sí ha ocurrido con Petro, ahora puesto, según Trump, al nivel de los mayores criminales de la historia de Colombia en la lista del Departamento del Tesoro. Para Gumbiner es claro el porqué: afirma que Petro y Trump funcionan como el agua y el aceite, mientras que con Noboa prima una cercanía ideológica. De cierta forma, es un aliado útil y esto lo exonera; afirma el exdiplomático que liberar a esta persona es un “asunto menor” en la relación con Ecuador.
Además, hay un factor clave de por qué, a grandes rasgos, Ecuador está quedando fuera del rasero con el que la presunta lucha contra el narcotráfico de Trump está entrando en Latinoamérica. Así lo explica Renato Rivera, experto en crimen organizado y políticas de seguridad en Ecuador: “En el caso de Colombia, hay una relación también con la presión geopolítica, pero sobre todo ideológica, que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos en la región, donde Noboa no se encasilla precisamente en esa categorización. De hecho, hay un factor adicional: Estados Unidos no va a entrar en una confrontación diplomática porque busca posicionarse con una base militar en las Galápagos. Este es un tema que se está discutiendo internamente en Ecuador, y, en esa medida, Estados Unidos no tendría ningún tipo de represalia, ni siquiera diplomática, además de la convergencia ideológica que existe entre Noboa y Trump”.
La discusión en Ecuador no solo es real, sino que va a ser sometida a voluntad popular el próximo 16 de noviembre. En un referendo y consulta popular, Noboa les va a preguntar textualmente a los ecuatorianos: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?”.
Busca la aprobación del pueblo para revertir una medida vigente en el país desde 2008, instaurada por el expresidente Rafael Correa. A todas luces, afirma Rivera, posicionarse como un aliado en esta campaña le sirve muchísimo a Noboa.
“Ecuador aún le falta mucho legado, mucha historia para ocupar ese rol estratégico y geopolítico que ha tenido Colombia con Estados Unidos en la región. La retórica antidrogas y el vínculo con el terrorismo se acomodan a los aliados. Es conveniente para países débiles, como Ecuador, unirse a esa narrativa para ganar legitimidad”, asegura. Pero también es claro frente a los riesgos: cambiar soberanía por cooperación basada en “hard power” (mano dura o uso de la fuerza).
No hay diplomacia, todo es transacción
Gumbiner asegura que, a pesar de la escalada que estamos viendo minuto a minuto, en el fondo y desde Washington hay personas alarmadas que están buscando suavizar la situación, en especial porque, después del desmantelamiento de Usaid, que comenzó a inicios de 2025 con la suspensión de la ayuda humanitaria, los remanentes de cooperación y flujo de apoyo financiero (que Trump frenó el viernes) son de seguridad. “Creo que la gente intenta en la administración de Trump —que no es precisamente Donald Trump— seguir diciendo que estos apoyos de Colombia benefician directamente a Estados Unidos”, asevera.
En líneas generales, Trump aparenta no tener nada que perder. En la misma jornada, incluso, cortó negociaciones comerciales con Canadá solamente por un anuncio de televisión en contra de los aranceles. Gumbiner afirma que no está siguiendo una estrategia global, ni regional, ni grande. Reacciona en el momento a la situación que está frente a él. Mucho menos sigue los canales tradicionales de la diplomacia estadounidense.
Su posición solamente parece radicalizarse cada vez más y más. Ya pasó de las amenazas con aranceles a medidas mucho más tangibles que solo las palabras: la Lista Clinton y el poderoso portaaviones aumentan cada vez más la incógnita de cuánto más puede escalar la situación binacional. El problema, como bien lo decía Rivera, es que, por más de 25 años, Colombia ha sido el socio estratégico más importante de Estados Unidos en materia de narcóticos; es prácticamente la razón de ser de la relación entre los países.
En juego, más allá de las reacciones de Trump, están la cooperación y la lucha antidrogas. El desafío ahora será demostrar que estas estrategias no pueden seguir siendo rehenes de los impulsos de un presidente impredecible, ni justificar bajo su sombra operaciones fuera de la legalidad internacional.
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Por Hugo Santiago Caro
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