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El Espectador habló con Diana Guzmán, directora de Dejusticia, para hacer una radiografía sobre cómo le fue a la justicia colombiana con sus pros, contras, vacíos y saldos pendientes con la ciudadanía. La también abogada y profesora de la Universidad Nacional menciona que en Dejusticia, considerado como el centro de estudios jurídicos más importantes del país, se detectaron varios avances para que hablar de justicia, en lugar de un privilegio o cuestión de azar, sea un derecho disponible para todos. Sin embargo, menciona que el servicio, las demoras y algunas promesas inconclusas dejan un saldo en rojo dentro del sistema que, espera, sean resueltas en 2025 con la reforma judicial, la justicia inclusiva y, sobretodo, los enfoques diferenciales hacia sectores históricamente excluidos de los servicios y ojos del Estado. Entrevista.
¿Qué balance hace de la justicia colombiana en 2024? ¿Cómo le fue y qué retos, oportunidades y deudas deja este año?
Hay tendencias que vale la pena traer sobre la mesa para entender qué fue lo que pasó: las tensiones permanentes entre el Ejecutivo y el sistema judicial, pero sobre todo con las altas cortes. Un tema fundamental fueron las decisiones del Consejo de Estado en relación con algunos miembros del Pacto Histórico (partido de Gobierno) que perdieron su investidura como senadores o congresistas por cuenta de la doble militancia. Esta es una figura ha sido utilizada en relación con personas de otros movimientos políticos, pero ha afectado mucho al Pacto y frente a eso ha habido reacciones. También está declaratoria de inconstitucionalidad del Ministerio de la Igualdad.
Es lamentable que se hayan tramitado estas tensiones a través de redes sociales, porque no hubo un buen debate para intentar llegar a acuerdos. En Colombia tenemos un Estado Social de Derecho que implica que una separación de poderes y eso lleva a que las Cortes en ocasiones tengan que ejercer control en relación con actuaciones del Gobierno. Pero también hay que buscar la forma de que se genere una colaboración armónica y lo que sucedió fue lo contrario: no fueron para nada productivas. El Gobierno puede discrepar de las decisiones judiciales, pero en general esas discrepancias deberían tramitarse en sede judicial, impugnando y no necesariamente con confrontaciones.
Otra pugna se vio en la elección del nuevo procurador general, Gregorio Eljach. ¿Cómo ilustra la postulación a la Procuraduría los daños que hacen estos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial?
Creo que, más que fortalecer a las cortes y la justicia, los enfrentamientos las debilitan. Por una parte, generan esta sensación de que las entidades judiciales son instituciones politizadas que están participando en un debate público por perspectivas políticas y no necesariamente por sus decisiones más técnicas y jurídicas.Un buen ejemplo es la elección del procurador, que es una figura muy importante en el Estado y su nombramiento es interesante. Ahí vimos esas tensiones permanentes, porque no se debatió sobre quién podría llegar a ser el mejor procurador, sino que prevaleció la idea de “hay que ganarle al presidente”. Es malo y negativo para las propias cortes, pues para que puedan funcionar bien tienen que estar abiertas al escrutinio público. También el presidente tiene que estarlo y ahí las Cortes juegan un papel muy importante, pero también ser conscientes.
¿Qué otra tendencia en relación a la justicia se vio durante este 2024?
El poco avance de la agenda de reforma judicial. El 2023 terminó con la idea de una reforma judicial profunda que permita garantizar el acceso a la justicia, que es una deuda histórica en Colombia, en particular en relación con las poblaciones más vulnerables. Se convocó una comisión de reforma que arrancó con entusiasmo, participación amplia de distintas partes del sistema judicial y de algunos sectores sociales. Pero no avanzó y su resultado es que la agenda de reforma a la justicia se ha diluido, ha quedado empantanada y no hubo los avances que se esperaban. Entonces con estas dos tendencias tenemos una justicia que se percibe en el debate público como politizada por estos enfrentamientos y tensiones con el Gobierno y que, además, no ha logrado enfrentar problemas estructurales que la aquejan por cuenta de la falta de avances efectivos en las reformas judiciales.
¿Qué pasó con la reforma y cómo esa “desinflada” repercutió en la opinión pública y su confianza en la justicia?
Creo que no se logró consolidar una visión colectiva de cuál tiene que ser esa reforma a la justicia. El presidente partió con unas ideas generales de que la reforma a la justicia debería contribuir a que el sistema judicial contribuya a la verdad, que garantice el acceso y que sea más incluyente. Se debatió cómo se concreta, pero eso no es suficiente para tener esa visión colectiva y global de la reforma a la justicia. Esa visión no llegó a consolidarse y los debates empezaron a concentrarse en cosas muy técnicas de reformar alguna ley o proponer un proyecto nuevo. Eso es importante, pero no suficiente. Colombia necesita una reforma que tenga una visión global que entienda cuáles son los problemas centrales y estructurales. Que parta de diagnósticos robustos sobre los problemas de la administración de justicia y aquí nos siguen haciendo falta esos diagnósticos.
En general los debates están dominados por abogados y, aunque yo soy abogada y hago un mea culpa, falta esa visión de comprender que para resolver los problemas de la justicia necesitamos entender cuáles son las políticas públicas que pueden asegurar que las leyes, las reformas y la Constitución realmente se concreten en la práctica y puedan contribuir a cambiar la vida de las personas.
¿Cómo se ve perjudicada la justicia con estas pugnas y esos cuestionamientos a la independencia judicial, la autonomía de jueces y magistrados? ¿Se ha extrapolado del plano político a la ciudadanía?
Lo que hemos visto en los últimos años es que hay instituciones y poderes que están particularmente interesados en mostrar que son independientes del Gobierno. Lo vimos hace poco en el debate en el Congreso, donde se cayó la Ley de Financiamiento y el presidente del Congreso salió a decir que se demuestra la independencia. Yo me pregunto si eso es realmente lo más importante en este debate. Para las políticas sociales que requiere el Estado, por supuesto tiene que haber una independencia judicial y eso es fundamental, pero estarse desmarcando constantemente y diciendo “somos independientes” no sé si es la mejor forma de asegurarla. Los choques entre Ejecutivo y Rama Judicial debilitan la justicia.
Lo cierto es que sin un buen escrutinio público, también de las Cortes, lo que vamos a terminar es reproduciendo la idea de que las Cortes tienen que ser reformadas a toda costa y no necesariamente generando un debate que fortalezca su independencia judicial.
Usted se refiere a problemas estructurales en la justicia. ¿Cuáles son esos diagnósticos que afectan a todo el sistema y que repercuten en las ciudades, el funcionamiento y claramente, en el acceso a la justicia en cualquier parte del país?
Hay varias cosas que Colombia debería trabajar. El primer tema tiene que ver con impunidad: ha sido estructural y es un debate recurrente, pero muy difícil de dar porque no tenemos indicadores que nos permitan llevar a cabo buenas discusiones sobre qué está pasando con la impunidad. No sabemos si hay avances o no.
El segundo tema: acceso a la justicia, que sigue siendo un problema básico. Cuando vemos los informes y las encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas en el país lo primero que vemos es que hay enormes necesidades jurídicas y muchas de ellas están insatisfechas. Quienes más están afectados son las poblaciones empobrecidas, mujeres, personas con orientación sexual no heteronormativas, personas racializadas y comunidades indígenas. Necesitamos pensarnos estrategias de acceso a la justicia que reconozcan las diferencias territoriales, poblacionales y nos permitan superar las grandes brechas que tenemos en el país en relación con el acceso.
Otro tema es la congestión. Aquí hemos tenido muchas estrategias para enfrentar la congestión, pero generalmente están muy pensadas en jueces de descongestión, en traer más gente y más mano de obra, pero no hemos pensado necesariamente el problema desde otras perspectivas judiciales. Ahí debemos entender mejor en qué consiste ese problema, porque no podemos simplemente ampliar y ampliar y ampliar (sic) la planta sin saber qué es lo que está pasando dentro del sistema y encontrar otros mecanismos de política pública para poder enfrentarlo.
Jueces, magistrados y expertos en Dejusticia han coincidido que una forma de acercar la justicia a las personas es con enfoques diferenciales. ¿Aplicarla es una opción más viable y saludable para mejorar el servicio?
Cuando pensamos en el acceso a la justicia, realmente se trata de poner en el centro a las personas; eso significa también reconocer que tienen vulnerabilidades distintas y problemas diferentes. De allí la importancia de los enfoques diferenciales. Pero así como debe haber enfoques diferenciales en la administración de justicia y en la forma como se administra pues también debe haber mayor inclusión y representación al interior de la Rama.
Para que la justicia sea realmente inclusiva tiene que ser diversa también. La diversidad debe estar dada en términos de género, pero también por otras características sociales relevantes, como la raza. No tiene mucho sentido que si somos realmente el 50 % de mujeres y 50 % de hombres en Colombia, las mujeres en los altos cargos de la Rama Judicial sigan siendo una minoría.
Este año pasó una cosa muy interesante: por primera vez tres cabezas muy importantes relacionadas con la justicia estuvieron dirigidas por mujeres, como la ministra de Justicia, la fiscal general y la procuradora. ¿Qué nos dice eso? Que las cosas están cambiando, que puede haber una mayor inclusión, pero también que nos falta mucho por avanzar en términos de incorporación de enfoques diferenciales e inclusión y diversidad.
Con todo este análisis y antecedentes, ¿cómo pinta el año 2025 para la justicia en Colombia?
Hay varios escenarios posibles. El principal es que esas tensiones permanentes se mantengan y que además no logren avanzar en la consolidación de la visión de una reforma a la justicia transformadora que se concrete en cambios. Si esas dos tendencias se mantienen, la cosa no pinta bien para el sistema judicial porque va a seguir preso de debates que lo llevan a la politización y lo alejan de la posibilidad de enfrentar sus problemas estructurales. Pero creo que hay un escenario en el que es posible romper esta tendencia de enfrentamientos permanentes y de tensiones continuas para avanzar en lo que se supone que debería ser una colaboración armónica en donde se mantiene una buena independencia respecto del Gobierno y el sistema judicial en general. Sería muy deseable que la agenda de reforma de la justicia avance, no de cualquier forma, sino realmente a partir de acuerdos en torno a cuáles son esas reformas transformadores que necesita el país y cómo lograrlas en un contexto cada vez más polarizado que no nos ha ayudado a avanzar.
En conclusión, ¿cómo le fue a la justicia colombiana en 2024?
El año 2024 no fue el mejor año para la justicia: no avanzamos en las reformas que la justicia necesitaba. Pero el 2025 puede ser un buen año, porque creo que es el último año de ventana de oportunidad para que podamos avanzar en las reformas a la justicia que Colombia necesita y para que puedan reducirse las tensiones negativas entre Gobierno y cortes.
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Por Tomás Tarazona Ramírez
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