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El presidente Gustavo Petro entró en esta convulsionada semana en la historia como el primer jefe de Estado colombiano en ejercicio que –junto a una parte de su familia– terminó en la lista con la que Estados Unidos castiga a las personas que podrían tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico y el lavado de activos. La notificación le llegó el viernes, pasadas las 2 de la tarde, mientras se encontraba delineando los detalles de lo que, en el cierre de la tarde, se consolidó como su sexto plazoletazo electoral en lo que va de este 2025.
Petro estaba en ese momento dialogando con algunos de sus funcionarios más cercanos en torno a cómo podría moverse la primera administración de izquierda pura de cara al epílogo de su cuatrienio, en medio de una relación tensionada como nunca antes con el principal socio del país y que ahora comanda el magnate republicano Donald Trump. Además, estaba pendiente de ser informado sobre el avance de unos diálogos con exnarcoparamilitares en Valledupar, con quienes busca mover información que tendría impacto en sus contradictores.
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El cuadro, que se dibujó en menos de tres horas y que fue el culmen de cinco días en los que la realidad política y diplomática colombiana fue sacudida en todos los frentes, contó entre sus trazos este 24 de octubre con una controvertida carta de renuncia del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien se va del gabinete tras su enfrentamiento con su par del Interior, Armando Benedetti, y luego de hacer pública una propuesta constituyente que revestiría de poderes al presidente Petro –como definir quiénes estarían en ese proceso– y a sus bases más fieles de un norte a seguir justo cuando se espera el tránsito democrático de las elecciones de 2026.
“Espero que no volvamos atrás, que no nos volvamos a entregar a las fuerzas de la muerte”, fueron parte de las palabras que esbozó el mandatario durante una salida proselitista a la Plaza de Bolívar, en Bogotá –similar a las que hizo en Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga e Ibagué–, la cual venía promoviendo desde inicios de semana y para la cual movilizó el erario, entidades públicas, organizaciones indígenas y sociales y, entre otros, a varios de los partidarios del progresismo que precisamente este domingo están citados para una consulta en la que se elegirá entre el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho como la carta presidencial. Todo sirvió para movilizar a las bases hacia las urnas.
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Pero también en esa puesta en escena, en la cual estuvo acompañado de varios ministros y volvió a ondear la bandera roja y negra que se conoce como “libertad o muerte”, confirmó otro punto esencial de lo que viene en esta etapa final del Gobierno y que se venía cocinando durante los últimos cinco días.
En efecto, desde una cita que se realizó el martes pasado en la Casa de Nariño, se reforzó la estrategia de hacer campaña discursiva a través de una confrontación directa con la institucionalidad que toma decisiones autónomas que son contrarias a sus intereses. Por eso, tanto Petro en el plazoletazo como sus ministros en redes e intervenciones públicas, han cuestionado a lo largo de estos días a la Corte Constitucional por no tomar una decisión sobre la reforma pensional; al Congreso por no avanzar en la cirugía al sistema de salud; al Consejo Nacional Electoral por las decisiones en torno a la consulta de este 26 de octubre; y, entre otras varias, al Consejo de Estado por frenar un decreto con el que se buscaba cambiar la operatividad médica del país.
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“La parálisis empujará hacia cambios más radicales”, aseguró Álvaro Forero Tascón, analista y columnista de este diario, sobre cómo el freno a todas las iniciativas del progresismo basado en una discusión ideológica y no argumentativa podría llevar a un escenario más complejo en 2026.
Y si bien el mayor estartazo fue la inclusión de Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti en la llamada lista Clinton, por decisión del Departamento del Tesoro de un Trump que lleva varias semanas atacando a Colombia por sus altos niveles de producción de cocaína, que llegaron en un solo año a más de 3.000 toneladas impulsadas por las cerca de 300.000 hectáreas de hoja de coca que tapizan el territorio nacional, detrás de todo hay otras movidas que son transversales a estos episodios y que calientan aún más la polarización.
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Una de ellas, reseñada por Petro y todo su gabinete –al igual que por sus militantes más purasangre–, fue la absolución el 21 de octubre en segunda instancia en favor del expresidente Álvaro Uribe, líder máximo del Centro Democrático y a quien una jueza había hallado culpable hace dos meses de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esquivar judicialmente esa sentencia lo habilitó para entrar de lleno a la contienda electoral y consolidar el puesto 25 en la lista cerrada del Senado que quiere promover desde su colectividad.
Además, eso le da aire para que sus cinco precandidatos (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño) cuenten con su respaldo en plaza pública en los recorridos que están haciendo con el fin de buscar adeptos para dirimir todo a través de una encuesta, a finales de noviembre, de la que saldrá la ficha uribista que buscará un cupo en la consulta ampliada que la derecha –la izquierda hará lo propio– espera hacer el 8 de marzo próximo, cuando también se elige a un nuevo Congreso.
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El mandatario aseguró que la absolución de Uribe demuestra que –desde su punto de vista– el sistema judicial también debe reformarse vía constituyente, lo cual quedó consignado en el documento de 23 páginas en el que está la propuesta de convocar a una asamblea que le dé vida a ese mecanismo reformista de la Constitución de 1991. Montealegre la promovió (aunque Petro luego le pidió la renuncia), Benedetti le dio fuerza política y el Pacto Histórico la retomó como bandera de campaña.
El exjefe de Estado, por su parte, aprovechó este impulso en clave electoral que le dio el fallo de segunda instancia y la movilidad discursiva que le otorgó la reacción de la Casa de Nariño para reforzar su postura como jefe de oposición y, pese a que tiene otros expedientes judiciales pendientes de decisión, como una figura de cohesión para una centro-derecha que quiere recuperar el poder. Y ahí, en medio de ese otro panorama, entran en la ecuación otros factores que pasan por el vecindario y que escalan hasta Washington.
Se trata de la narcodictadura que Nicolás Maduro dirige desde Venezuela y por la cual pesa sobre su cabeza una recompensa de hasta 50 millones de dólares por sus vínculos con el cartel de los soles, una organización calificada como traqueta y terrorista por la Casa Blanca y de la que el presidente Petro niega su existencia.
Trump ordenó el despliegue de una fuerza militar en aguas del Caribe y del Pacífico para cercar al régimen de Caracas bajo la tesis de combatir de forma directa al narcotráfico –lo que incluye operaciones de la CIA en territorio de ese país–, por lo cual ha justificado los bombardeos sobre más de 10 de lanchas presuntamente cargadas de cocaína (dos en la última semana) y con un saldo que supera los 30 muertos. Colombia, Human Rights Watch y otros Estados y organizaciones las califican de “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional, pero la Oficina Oval las justifica al decir que son ataques a traficantes de drogas ilícitas.
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Esos episodios llevaron a que el lunes pasado arrancara con una serie de críticas de Petro a Trump por la amenaza que pueden representar para la soberanía colombiana, y por el riesgo de una acción armada directa en territorio venezolano, los cuales al final fueron respondidos por el mandatario estadounidense y el anuncio de la suspensión de las ayudas que Washington da en diversos frentes a Bogotá. Eso sí, la Casa de Nariño dice que el país no las necesita.
La calentura controversial escaló al punto de que el presidente Petro llamó a consultas al embajador en Washington, Daniel García-Peña, y direccionó a su canciller, Rosa Villavicencio, para que el diálogo binacional –que también es atravesado por la descertificación en la lucha contra el narcotráfico– se hiciera en clave de redefinir las alianzas internacionales de Colombia. Incluso, fuentes del Ejecutivo le confirmaron a este diario que se analiza la posibilidad de mover a los uniformados estadounidenses asentados en bases de territorio nacional, lo que sería otra escalada en la tensión; eso, en todo caso, no es aún un hecho.
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Y aunque Petro se quedó sin visa, al igual que parte de su gabinete, desde que hace un mes dijo en una calle en Nueva York, después de hablar ante el pleno de Naciones Unidas, que el ejército de Estados Unidos no debería obedecer ciertas órdenes de Trump, su inclusión en un listado de posibles colaboradores de narcos es un hecho inédito que refleja el punto álgido en el que quedó el diálogo entre Bogotá y Washington.
Maduro y otro dictador como Daniel Ortega (Nicaragua) tienen sanciones similares encima, pero eso dista aún de la situación de Petro, quien en todo caso mantiene su cercanía con Caracas y busca reforzarla con intercambio de información sensible para combatir la ilegalidad en una frontera común que supera los 2.200 kilómetros. Las narcodisidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras con las que el Ejecutivo colombiano busca acercamientos a través de una estancada política de paz total, tienen presencia en ambos lados de la línea limítrofe. Bandas venezolanas como el Tren de Aragua también están en Colombia.
El otro manejo que le dan a la crisis
El Espectador confirmó que todos estos episodios han sido parte de análisis y solicitud de informes desde al menos cuatro reuniones de muy alto nivel que se realizaron esta semana en la Casa de Nariño, la última de ellas precisamente el viernes antes del sexto plazoletazo, porque pueden marcar una nueva ruta para la reelección de la izquierda que quiere la actual administración en los comicios de 2026.
Pero, más allá del relato que todos los bandos construyen –incluso desde el exterior–, la agitación nacional es parte de un escenario que tendrá definiciones con el viaje a Qatar que comienza este domingo Petro (parte de la agenda es precisamente la paz total), quien lleva más de 70 en menos de tres años, y que impactará en un gabinete que en el mismo periodo ha tenido más de 60 integrantes; su antecesor, Iván Duque y objeto de constantes críticas palaciegas, estuvo muy por debajo de esas estadísticas.
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En todo caso, Petro dijo el viernes que no volverá a hablar de Trump, y desde Washington le confirmaron a este diario que un diálogo directo entre los dos mandatarios ya se descartó del todo, por lo que la Casa de Nariño apostó por una relación de nivel medio y la búsqueda de nuevos socios. Y en el plano interno querrá confrontar desde las calles y otros escenarios a los contradictores que advierten de un posible aislamiento regional, ya que ni Brasil, México o Chile –también gobernados con la izquierda– han llegado a decibeles tan altos de disputa.
Petro y Trump son antagonistas, pero el primero necesita del segundo para promover escenarios electorales, y el otro lo requiere para demostrar fuerza en un vecindario igual de convulsionado a lo que esta semana estuvo Colombia.
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