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Más de $14.000 millones invertidos en la organización de eventos, otros $10.400 millones destinados a la compra de tiquetes aéreos y contratos entregados a personas cercanas a la familia presidencial. Estos son algunos de los resultados de la radiografía al primer año de contratación pública en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El Espectador revisó una base de datos de 436 contratos que suman más de $84.000 millones y ayudan a entender cómo se mueve una parte del dinero en la entidad encargada de respaldar la labor del jefe de Estado. Lejos de ser una crítica a la ejecución de recursos de este Gobierno, este chequeo es un ejercicio de transparencia.
Los amigos de la primera dama
Entre los más de 400 contratos que firmó este año la Presidencia, uno de los más llamativos es el de Carolina Plata Navas, por un valor de $482 millones. De hecho, es el contrato más grande que la entidad le ha entregado a una persona natural en este periodo, sin contar con que se trata de la renovación a uno de $70 millones que suscribió dos semanas después de la posesión de Gustavo Petro.
Plata Navas fue elegida para manejar el protocolo y la logística de los eventos que se realizan en la Casa de Nariño y en las otras dos residencias presidenciales: la Hacienda Hato Grande y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena. El contrato va hasta noviembre de 2024, lo que se traduce en su salario mensual de $20 millones.
Sin embargo, lo oneroso del convenio no es lo más llamativo del caso. Carolina Plata es una de las amigas más cercanas de Verónica Alcocer, la primera dama, a quien llama su “hermana del alma”. Además, Plata está casada con el empresario del carbón Danilo Romero, quien es a su vez amigo del presidente Petro. Romero ha financiado algunas de las campañas políticas del hoy presidente y también ha tenido negocios privados con él, pues en 2006 le vendió un apartamento.
La pareja Romero-Plata hace parte del círculo íntimo de los Petro-Alcocer, fueron invitados especiales a la posesión de hace un año y también estuvieron en la celebración privada por la victoria de Petro en su apartamento del norte de Bogotá. Además, una de las hermanas de Carolina, Martha Janeth Plata, fue jefa de finanzas de la campaña de Petro a la Alcaldía de Bogotá en 2011.
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Volviendo al contrato, otro aspecto llamativo es el de la experiencia. Como Presidencia exigía 10 años en trabajos relacionados con administración, Carolina Plata los certificó con las empresas Carbones de Toledo S.A, Supra Assets y Rumbos Ltda, las mismas que manejan su esposo o familia.
Como se ha evidenciado en otras ocasiones, la influencia de Alcocer en el Gobierno, a través de la contratación y los nombramientos, tiene varios protagonistas. En el último año Presidencia le dio tres contratos a su amigo Nerú Martínez Carrillo, famoso por su faceta de coreógrafo. Los tres procesos suman $98 millones y están orientados a la “realización de actividades en materia de salud mental y física”.
La española Eva Ferrer, aunque no es contratista, pues es empleada de planta, también trabaja en Presidencia. Reconocida por ser la mano derecha de Alcocer y pieza clave en la estrategia de comunicaciones de la campaña, recibió en tiempo récord la nacionalidad colombiana y actualmente trabaja como consejera presidencial para la reconciliación.
Los eventos
Una de las tantas críticas que recibió el Gobierno este año tiene que ver con el despliegue y atención que se les dio a las reformas sociales. La laboral y la de la salud, por ejemplo, fueron radicadas en medio de multitudinarios eventos en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.
Detrás de los discursos de los ministros y del propio presidente Petro, estos eventos, al igual que las manifestaciones en favor del Gobierno, implicaron un enorme esfuerzo logístico, ya que requerían servicios de transporte, alquiler de vallas, sonido, sillas, luces y otros elementos.
Para este fin, la Presidencia eligió a la empresa Plaza Mayor Medellín, una sociedad mixta que tiene como principales accionistas al distrito de Medellín y a la Federación Nacional de Cafeteros. La compañía recibió dos contratos que suman más de $14.300 millones y están orientados a la atención de todos los eventos de la Presidencia, la Vicepresidencia, el Alto Comisionado Para la Paz y las Consejerías.
Los gastos para este tipo de actividades no terminan aquí. Presidencia también contrató los servicios de la relacionista Silvia Sáenz Pumarejo para apoyar la “planificación protocolaria y operativa de las actividades a realizarse por el señor presidente, tanto a nivel nacional como internacional”.
Sáenz, quien también sería cercana a Alcocer y en campaña organizó reuniones entre Petro y varios empresarios, ha obtenido tres contratos que suman $370 millones, el último fue firmado el 18 de mayo y va hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.
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La encuesta
Para medir la percepción y la efectividad de su gestión, el gobierno Petro contrató, por un valor de $1.143 millones, los servicios del Centro Nacional de Consultoría. La empresa se comprometió a encuestar a 2.400 personas de las principales ciudades del país y a entregar resultados mensualmente.
Según la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, este tipo de encuestas “cumplen con una función en la relación entre el político y el ciudadano: contribuyen al mejor funcionamiento del control de la autoridad, lo cual es necesario para el fortalecimiento de la democracia”.
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A pesar de esto, el presidente ha tenido una relación tensa con las encuestas; en varios de sus trinos ha dicho que los medios no publican las que muestran sus buenos resultados y ha cuestionado otras, como una en la que no salió bien librada su propuesta de reforma a la salud. “¿Saben cuál es el mayor problema de una encuesta de salud? Que quienes murieron pudiendo ser atendidos y sobrevivir, no pueden ser encuestados”, dijo en febrero.
En marzo, el mandatario difundió en sus redes una encuesta en la que aparecía con un 51,2 % de aprobación; sin embargo, no mencionó que se trataba de la misma medición que Presidencia contrató con el Centro Nacional de Consultoría.
Es de destacar que no es la primera vez que un Gobierno paga su propia encuesta para medir el impacto de sus decisiones; de hecho, es una práctica muy común y las últimas administraciones lo han hecho año tras año, con diferentes firmas.
Resguardos y consejos comunitarios
La inclusión de los pueblos indígenas en el Ejecutivo es uno de los rasgos más característicos del gobierno Petro. El mandatario lo dejó claro a los pocos días de su posesión, al nombrar en cargos relevantes a tres líderes indígenas: Leonor Zalabata Torres (embajadora ante la ONU), Patricia Tobón (directora de la Unidad de Víctimas) y Giovani Yule (director de la Unidad de Restitución de Tierras).
Esta apuesta quedó ratificada en el Plan Nacional de Desarrollo, que incluyó temas como el fortalecimiento del Fondo Buen Vivir, que se encarga de ejecutar los recursos de proyectos entre el Ministerio del interior y las organizaciones indígenas sobre acceso a los derechos territoriales, soberanía alimentaria, proyectos productivos, entre otros.
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Otra muestra de esto es, precisamente, la contratación de Presidencia, que en el primer año de Gobierno firmó al menos 13 contratos con confederaciones indígenas, asociaciones de cabildos y consejos comunitarios. Todos suman $3.730 millones y están enfocados en asesorías para formular políticas públicas o sensibilización en los territorios para atender problemas como el de las víctimas de minas antipersona.
Por ejemplo, el Dapre le otorgó a la Confederación Indígena Tayrona un contrato de $900 millones para que apoye el diseño del capítulo indígena de la Política Nacional de Juventud. Al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) lo contrató por $400 millones para que contribuya a la formación de las autoridades indígenas en temas de equidad de género.
El Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato recibió un contrato de $300 millones para prevenir los accidentes con minas antipersona. Cabe destacar que para este objetivo específico, la Presidencia también contrató a otras organizaciones como la Cruz Roja ($800 millones), Cáritas Colombiana ($800 millones), Fundación Tierra de Paz ($400 millones) y la Fundación Barco ($300 millones), entre otras.
Otros contratos
Para el transporte aéreo de pasajeros y la venta de tiquetes, Presidencia suscribió dos contratos con Satena, uno de $6.200 millones y otros de $3.246 millones. Se trata de una estrategia de doble vía, pues además de solucionar la demanda de la entidad, le da un impulso a las finanzas de la aerolínea estatal.
Esta práctica la están replicando entidades como la Dian, el Ministerio de Comercio, entras otras que acostumbraban a licitar el servicio con empresas privadas. Sin embargo, Presidencia también contrató, por $1.000 millones, a la agencia Gold Tour para que se encargue de suministrar los tiquetes para los viajes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Fondo Paz.
Otro de los contratos interadministrativos que está en el top 10 de los más cuantiosos es el que el Dapre firmó con RTVC para la producción y trasmisión de los contenidos audiovisuales del Gobierno. Se trata de un convenio por $5.600 millones que incluye, entre otros ítems, la realización del programa Entre-Vistas, los reportajes “Entérese del Cambio” y el cubrimiento de la agenda internacional del presidente Petro.
El resto de la contratación, en su mayoría, está orientada a las soluciones tecnológicas, como la renovación de licencias de software; el mantenimiento de la Casa de Nariño, la adquisición de pólizas, servicios postales, seguridad privada, papelería y bienestar para los empleados de la Presidencia.
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Por David Efrén Ortega
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