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Hace algunas semanas, en sus redes sociales, el Ministerio de Ambiente anunció el “logro histórico” de una meta ambiental clave para el país. De acuerdo con la cartera, entre 2023 y 2025, más de 701.000 hectáreas se encuentran en proceso de restauración en todo el país, lo que corresponde al 93 % de lo propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro. Esto, para intentar dimensionarlo, corresponde a cuatro veces el área que ocupa Bogotá, con sus áreas rurales incluidas.
Para alcanzar este nivel de cumplimiento, el Gobierno nacional ha invertido poco más de COP 2.9 billones a lo largo de tres años, según le respondió la cartera ambiental a este periódico. Este dinero es casi el doble del presupuesto del Ministerio de Ambiente para el próximo año (COP 1.7 billones) o casi ocho veces más que el del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (COP 380.000 millones).
El problema, aseguran varios especialistas con experiencia en procesos de restauración ecológica, es que, a pesar de que el avance anunciado por el Gobierno suena esperanzador, no es posible evaluar ese anuncio ni saber cuál es su impacto.
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Mauricio Aguilar, ecólogo con un doctorado en Conservación y Restauración de Ecosistemas y profesor del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana, apunta a que “no hay forma verificable de medir esa meta, además de que se está midiendo mal”. “Uno no sabe qué están haciendo”, sintetiza Carolina Murcia, bióloga, doctora en Ecología Tropical y Conservación y profesora de la maestría en Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana en Cali.
A las inquietudes por la efectividad de la restauración que se adelanta en el país, y que serviría para fijar más dióxido de carbono (CO₂) en nuestros bosques, revertir la pérdida de biodiversidad o mejorar la calidad del agua en algunas regiones, entre otros objetivos, se suma el del monto de la inversión.
La plataforma que nunca germinó
“Es todo lo contrario a la deforestación”, resume Francisco Torres Romero, ingeniero forestal con un doctorado en Administración, para explicar lo que se busca con la restauración ecológica.
Aunque solemos estar más familiarizados con la deforestación, que sintetizándola bastante es la tala de árboles (entre muchos otros impactos), el Jefe de la Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical para la Central Hidroeléctrica El Quimbo (Huila) de la Fundación Natura, asegura que lo que se busca con la restauración es “ayudar a ganar y recuperar coberturas naturales”.
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Para dimensionar su importancia, cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó en junio de 2021 el Decenio para la Restauración de los Ecosistemas, que va hasta 2030, aseguró que a través de esta “se puede ayudar a erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva”. En Colombia, según el documento que guía este proceso, 59 millones de hectáreas de ecosistemas han perdido su integridad ecológica.
Si bien la restauración ecológica surgió como un campo académico en la década de los 80 del siglo pasado, Murcia, con más de 30 años de experiencia en estos procesos, recuerda que en el país ya se adelantaban programas desde 1950. Sin embargo, no fue hasta finales de lo 90 cuando en Colombia surgió el primer plan de restauración: el Plan Verde. Tanto esa estrategia, como las que le siguieron en las primeras dos décadas de los 2000 (SINA I y SINA II), agrega Francisco Torres Romero, ingeniero forestal con un doctorado en Administración, tuvieron un énfasis muy fuerte en la reforestación. Es decir, en la siembra de árboles, una acción que, si bien puede ser importante en la restauración, no es la única.
Estas experiencias, coinciden Murcia y Torres, han llevado a que Colombia sea reconocida a nivel internacional por sus esfuerzos en restauración ecológica. Los problemas, agregan, surgen cuando se han querido medir los resultados de esos programas. “Cumplían el número de convenios y se gastaban los recursos, pero los resultados no eran satisfactorios”, recuerda Torres sobre una de las conclusiones que arrojó la evaluación que desde Natura adelantaron sobre el SINA II.
En otras palabras, aseguraban que no era posible asociar los resultados reportados por las entidades con los objetivos que tenían que ver con, por ejemplo, la disponibilidad de agua para el consumo o la producción, o en la conservación de la biodiversidad.
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Este es un problema que ha perdurado en el tiempo. En el marco de la COP16 de biodiversidad, que se celebró hace casi un año en Cali, el IDEAM presentó un reporte en el que evaluó los resultados de los procesos de restauración que se adelantaron en el país entre 2007 y 2022. De las 259.850 hectáreas que analizó el instituto, la evaluación reveló que solo 15.264 hectáreas, es decir, menos del 10 % del área total registrada, se habían restaurado efectivamente.
Entre las principales dificultades que identificó la entidad y que se traducían en una “efectividad limitada de los resultados”, resaltaban los asociados al monitoreo de los procesos de restauración: “no se cuenta con información de todas las entidades que por normatividad deben reportar las áreas con procesos de restauración o no siempre se reporta oportunamente”, señalaba el documento.
“En otros casos no se tiene registro geográfico de las áreas intervenidas; únicamente se reportan datos alfanuméricos en tablas o registros de una coordenada, lo que dificulta establecer la extensión de la intervención para el monitoreo”, apuntaba en otro aparte.
“En restauración nos quedamos en la acción, pero no verificamos que el efecto ocurra”, agrega Aguilar, de la Javeriana, que en febrero de este año publicó un estudio en la revista académica Biological Conservation, en el que insistían en el diagnóstico: de los 675 proyectos de restauración ecológica que rastreó con sus colegas, y que se implementaron entre 1963 y 2021, solo el 22 % hicieron seguimiento y solo el 2 % evaluó la eficacia de ese seguimiento. “Todos los proyectos hacen monitoreo de implementación: dije que iba a plantar 100 árboles y aquí están sus 100 plantas”, asegura el ecólogo.
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Para subsanar esos vacíos de información, los expertos han insistido por décadas en la necesidad de contar con una plataforma que permita hacer un seguimiento exhaustivo a los programas de restauración. Así también lo reconoció el IDEAM en su análisis del año pasado cuando indicó que es importante fomentar un registro geográfico de las iniciativas que incluya, entre otras, información sobre el ecosistema que se desea recuperar, los enfoques y las estrategias que se implementan, así como la fecha en la que se inicia el proceso, la duración del mismo y las especies que se utilizan.
A pesar de la petición que los académicos han realizado por décadas y de que las mismas entidades reconocen los vacíos, esta plataforma no existe a la fecha, lo que también dificulta hacerle un seguimiento a la meta planteada por el Gobierno de Gustavo Petro.
¿Vamos en el 93 % de la meta?
En junio de 2023, la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que el Gobierno quería restaurar, entre 2023 y 2026, 750.000 hectáreas, un área del tamaño de Caldas. Es una meta ambiciosa, como reconoce ahora la cartera: es casi el doble de lo prometido por las tres administraciones anteriores, sin contar la de Iván Duque (2018 – 2022), que se enfocó en la siembra de árboles, una estrategia cuestionada por su enfoque y resultados, como contamos en esta nota.
Según el Ministerio de Ambiente, con corte a agosto de este año, 700.983 hectáreas se encontraban en proceso de restauración, de las 753.783 hectáreas que estaban proyectadas. Esto, le aseguran a El Espectador desde esa cartera, corresponde al 92,99 % de la meta planteada en junio de 2023.
Para lograrlo, agregaron en su respuesta, se han invertido más de COP 2.9 billones, de los cuales COP 803.424 millones provienen del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Los restantes COP 2.1 billones son de regalías ambientales.
Pero hay científicos que tienen serias dudas sobre el avance de ese proceso, pese a que reconocen algunos logros de este Gobierno, como la inversión y el involucramiento de las comunidades.
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Lo primero que resalta Torres, de Natura, es que no sería correcto incluir en las cuentas las más de 200.000 hectáreas que se encuentran en fase de estructuración (el 28, 6 % del total). Como reconoce el ministerio, se trata de una fase inicial que incluye la formulación del proyecto, por lo que, agrega el ingeniero forestal, “no se ha iniciado ninguna intervención. Eso, hasta que no se oficialice (siguiente etapa) no es un hecho”.
Los expertos también tienen dudas sobre las hectáreas en fase de implementación y las de monitoreo. Murcia, de la Javeriana de Cali, se pregunta por qué no hay ni una sola hectárea en monitoreo. Al trasladar esa duda al ministerio, la cartera respondió que “recoge y consolida el reporte de las diferentes iniciativas del proceso de restauración del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y otros sectores públicos y privados”, y referenció dos aplicativos web (uno y dos) mediante los cuales presenta los avances de la meta. En el primero de ellos, admite el Minambiente, “no se tiene la totalidad de [las] acciones” pues se encuentra en revisión para ser articulado con la actualización del SNIF, el anhelado sistema de seguimiento. En el segundo, se detalla cómo se distribuyen geográficamente las más de 700.000 hectáreas que están en proceso de restauración.
Al revisar el segundo aplicativo, Torres y Aguilar se hacen las mismas preguntas: ¿de dónde provienen los datos? ¿Cómo revisar quiénes los están reportando? La otra duda que tiene el profesor de la Javeriana es que el ministerio solo reporta las hectáreas y la entidad a cargo del proyecto. “Faltan fechas, polígonos, quién está ejecutando, de dónde vienen los recursos, qué estrategias se están usando”, agrega el funcionario de Natura. “Los datos solo nos dicen las áreas que se están interviniendo, pero se está midiendo mal la meta y no hay formar de verificar la información”, apunta Aguilar.
Que las herramientas de monitoreo se limiten al seguimiento de hectáreas hace imposible que el Gobierno y los investigadores puedan responder a la pregunta clave en la restauración: “¿estamos logrando lo que queríamos?”, cuestiona Murcia.
A lo que se refiere es que los procesos de restauración pueden perseguir múltiples objetivos, dependiendo del área intervenida: en unos casos, puede ser recuperar la cobertura de árboles, pero en otros puede ser disminuir la erosión costera o mejorar la regulación o producción de agua. Con la información con la que dispone actualmente el país, “ellos pueden prometer todo lo que quieran, pero si no tienen cómo hacerle seguimiento, ¿cómo vamos a saber qué hicieron”, se pregunta la profesora de la Javeriana de Cali.
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Con estas dudas, continúa Aguilar, tampoco se puede responder a la pregunta sobre si los casi COP 3 billones que ha invertido el Gobierno de Gustavo Petro son mucho o poco. “Como no sabemos los impactos, no sabemos qué efectividad está teniendo. Si pudiéramos medirlo en temas de agua, es decir, que una intervención ayudó a reducir la contaminación en un punto, veríamos que es hasta barato”. Al no poder responder estas inquietudes, señala el ecólogo, “queda un sinsabor de si estamos haciendo lo suficiente o no”.
Buena parte de la respuesta a todas estas preguntas, podrían recaer en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), que, según le respondió el ministerio a este diario, se encuentra en proceso de actualización por parte del IDEAM y con el acompañamiento técnico de la cartera. De acuerdo con Jessica Rubio, presidenta de la Red Colombiana de Restauración Ecológica (RECRE), una organización que hace parte de la Mesa Nacional Asesora de Restauración, justo este miércoles 22 de octubre, el Minambiente presentó al contratista que adelantará la actualización de esa plataforma.
Aunque El Espectador buscó al ministerio durante una semana para aclarar esta y otras dudas relacionadas con el seguimiento de la meta de restauración, al cierre de esta edición no logramos concretar la entrevista por “temas de agenda”.
Mientras expertos como Murcia y Torres lamentan que el país aún no haya logrado estructurar una institucionalidad para hacerle seguimiento a estas metas y que tenga continuidad, Rubio, bióloga con una maestría en Hidrosistemas, espera que el Gobierno que inicia en 2026 pueda darle continuidad al programa iniciado por esta administración. La cuestión, resume Torres, es que “no hay una visión a largo plazo. Cada Gobierno viene a cumplir una meta y su idea es hacer más que el anterior”.
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