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Así como durante los gobiernos de Álvaro Uribe hicieron eco los conceptos de “seguridad democrática” y en el de Iván Duque el de “paz con legalidad”, el primero año de mandato de Gustavo Petro se enfoca en darle vida a la política de “paz total”. Un ambicioso plan de seguridad en el que las principales organizaciones criminales son invitadas a conversar sobre la posibilidad de dejar las armas para darle fin al conflicto armado y a la guerra por los réditos del narcotráfico. Un año después de la posesión de Petro, los resultados son tan positivos como negativos según se le mire. Unos grupos le responden, otros no. Crece el reclutamiento forzado de menores, pero bajan los hostigamientos. Estas son las principales estadísticas del primer año del gobierno Petro. El Espectador presenta esta radiografía de la seguridad del gobierno, construida con cifras de la Policía, Ejército, Armada, Fundación Pares, Instituto Indepaz y la Jurisdicción Especial para la Paz.
La grietas de la “paz total”
El pasado 31 de diciembre, Petro dio a conocer un grupo de resoluciones en las que se confirmaba el cese al fuego bilateral con los principales grupos armados de Colombia. Seis meses después, los acuerdos, tal cual se firmaron en diciembre, se mantiene vigentes únicamente para dos grupos: Segunda Marquetalia y las Autodefensas de la Sierra Nevada. El correspondiente al ELN quedó en firme recién hasta el próximo 3 de agosto, luego de que la guerrilla negara haber llegado a un acuerdo mutuo a principio de año y después de tres ciclos de conversaciones en La Habana; y el del Clan del Golfo está suspendido totalmente desde que este grupo se tomó el paro minero en Antioquia en abril pasado.
Mencionó aparte merecen las conversaciones con el Estado Mayor Central de las Disidencias de las Farc, las cuales han sido interrumpidas parcialmente y gozan de un alto grado de desprestigio por parte de la opinión pública a raíz de las acciones atribuidas al grupo comandado por Iván Mordisco. El pasado 8 de julio, Gobierno y disidencias aseguraron que reanudarían la intención de paz, con miras a la instalación de una mesa de diálogo, luego de que meses antes se congelaran las relaciones por cuenta del asesinato de cuatro niños indígenas que habían huido de las filas criminales en Putumayo. El pasado 27 de julio, enfrentamientos con el Ejército dejaron una niña de cuatro años asesinada en La Plata, Huila.
Las estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran que las disidencias de Iván Mordisco fueron las que mas irrespetaron el cese al fuego bilateral:
En cuanto a enfrentamientos armados con la Fuerza Pública, el grupo armado organizado más violento fue el ELN, a pesar de contar con una mesa de diálogos adelantada y que tendrá su cuarto ciclo de conversaciones en Caracas (Venezuela). Los siguientes datos del mecanismo de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Para Juan Pappier, investigador para las Américas de Human Rights Watch, la política de paz total es una estrategia de seguridad que intenta frenar el principal problema en derechos humanos que tiene el país. No obstante, hasta el momento, no tendría un norte sólido. “para que funcione hace falta una política sólida de seguridad y una estrategia clara de negociación. Lamentablemente, en este año, hemos visto señales de improvisación, por ejemplo, en los anuncios de cese al fuego, que son desconcertantes y que se han realizado sin las salvaguardas necesarias para garantizar la protección de la población civil”, explicó a El Espectador.
A su turno, Mauricio Valencia, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que durante el tiempo que la Fuerza Pública no persiguió a los grupos criminales, habrían aprovechado para fortalecerse. “Se han beneficiado de estos ceses bilaterales para consolidarse en ciertas zonas y también para seguir ejerciendo prácticas de reclutamiento. Por ejemplo, el Clan del Golfo se sigue constituyendo como el grupo armado más fuerte de Colombia, llegando a tener presencia en 2023 en 270 municipios”, argumentó. Los datos de Pares sobre la presencia criminal de las estructuras armadas, comparados con 2022, no son buena noticia para el Gobierno.
Masacres, líderes sociales y excomabtientes Farc
Según la UIA de la JEP, que agrupa información de casi 200 medios de comunicación y 640 organizaciones defensoras de derechos humanos, el primer año del gobierno Petro dejó un saldo de 76 masacres. Si se compara con el último año del gobierno de Iván Duque, hubo una disminución en 13 eventos violentos. La información complementaria muestra que la zona del pacifico sigue siendo la más atroz en cuanto a muertes múltiples, así como la costa caribe colombiana. Así se evidencia el comportamiento de las masacres entre gobierno y gobierno.
En cuanto al asesinato de líderes sociales, durante el gobierno Petro se ha reducido un poco la situación, aunque los números siguen siendo preocupantes. Los excombatientes de las FARC siguen muriendo por decenas.
De otro lado, así se comportó la guerra en otras de sus aristas durante el primer año del gobierno Petro, en comparación con el último año de la era Duque. Organizaciones de derechos humanos han sido insistentes en que una mayor presencia de grupos armados ilegales ha conllevado a un fortalecimiento en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Según información de la JEP, en el último año del gobierno de Iván Duque hay registros por al menos 97 hechos, mientras en el primer año del gobierno de Gustavo Petro ya se registran por lo menos 104 casos.
La seguridad ciudadana
Néstor Rosanía, analista y experto en seguridad, establece que en Colombia se está padeciendo una “nueva dinámica de delincuencia en las ciudades”. En Bogotá, Rosanía alerta por el crecimiento del Tren de Aragua venezolano y la infiltración del crimen transnacional en la capital colombiana. “Se veía lejano hace unos años y parecía que era más un tema de las fronteras. Pero están en Bogotá, la ciudadanía sabe que están picando gente y que pudieron llegar de Caracas directamente a Kennedy, en Bogotá”. Sobre Medellín, Rosanía observa un reforzamiento de las bandas sicariales y en municipios cercanos a Ibagué, el regreso de disidencias de las Farc en zonas como el Cañón de las Hermosas.
Además, Mauricio Valencia, de Pares, alerta sobre la coacción de la que están siendo víctimas candidatos locales en Cauca y Valle del Cauca por parte, principalmente, del Estado Mayor Central de las disidencias las Farc. Y solicita a las autoridades especial atención para Buenaventura: “Uno ve que hay disputas entre el ELN y el Clan del Golfo, pero también está la presencia de la columna Jaime Martínez, que es una subestructura también del Estado Mayor Central. Y, por si fuese poco, están los grupos delincuenciales organizados”. Se refiere a los Shotas y a los Espartanos, quienes hasta el año pasado sostenían una guerra a sangre y fuego por el microtráfico en Buenaventura, y que están participando en diálogos de paz mediados por el Gobierno Nacional.
Los delitos de impacto contra la ciudadanía se han comportado así, durante el último año, según información oficial de a Policía Nacional:
Lucha contra el narcotráfico
Como lo ha revelado El Espectador, la nueva política de drogas se concentrará en ofrecerles a los campesinos cultivadores de coca, marihuana y amapola, un tránsito a economías legales a cambio de sustituir las plantas de uso ilícito existentes en sus territorios. Se invertirá en compra de tierras para lobores agrícolas, proyectos productivos para el campesinado y en el fortalecimiento de usos lícitos de estas plantas, para quienes se adhieran a la política de gobierno sin sustituir las plantas ya existentes. El giro en la política de drogas le costará al Estado hasta $18 billones.
El ministro Osuna ha señalado que se prepara una política de “asfixia” contra las organizaciones criminales narcotraficantes. Y que esa persecución se verá representada en incautaciones. A la par, esta estrategia dependerá de las eventualidades de las conversaciones de paz y los procesos de sometimiento con grupos armados como el ELN, las disidencias Farc, el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y demás. Asimismo, como la persecución penal ya no estará dirigida en el campesino, se prevé una fuerte iniciativa contra la droga que se despacha desde las costas nacionales. Así están las estadísticas de incautaciones:
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