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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal contra 14 congresistas y ex congresistas, los cuales presuntamente habrían ejercido presiones indebidas a la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, para que se les cediera la administración de bienes incautados a la mafia.
Estas personas aparentemente, les ofrecieron un pago de comisiones a funcionarios de la entidad durante las administraciones de Carlos Albornoz y Omar Figueroa, para que se les entregara el poder de los multimillonarios bienes incautados a hermanos, amigos, familiares y socios de los parlamentarios.
Entre los congresistas involucrados se encuentran los ex presidentes del Congreso Hernán Andrade, Luis Humberto Gómez Gallo (Conservador) y Javier Cáceres Leal (Cambio Radical).
Por estos hechos también deberán responder los congresistas Myriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Ómar Yepes Alzate, Óscar Fernando Bravo y Héctor José Ospina Avilés (Conservador).
Además de Álvaro Ashton Giraldo y Enrique Rafael Caballero, además de los congresistas Miguel Pinedo Vidal (Cambio Radical), Cristóbal Rufino Córdoba (Colombia Democrática) y Lucero Cortés Méndez (Partido de la U).
Por estos hechos, la mayoría de estos congresistas ya son investigadas por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias.
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