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Hace 60 años los abuelos y los papás de Israel Aguilar Solano salieron desplazados del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, en los límites entre Córdoba y Sucre, y caminaron hacia el sur. Buscaron asentarse en territorios de Montelíbano y Puerto Libertador, tierras que según su tradición oral habían pertenecido a zenúes prehispánicos. De ese primer grupo, cuenta Israel, nacieron más de 16.000 descendientes, y de éstos al menos 2.200 viven muy cerca de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande de América.
“Ahí están todos los papeles. Usted puede verificar que los censos hablan de al menos 3.500 familias que por años fueron invisibles”, dice Aguilar, de 50 años, que ahora es el cacique y tiene 10 hijos.
Él es la voz líder del resguardo indígena del Alto San Jorge, el mismo que después de 16 años de peticiones formales al Estado, decenas de reuniones, tutelas y demás líos jurídicos, logró ser reconocido por el Gobierno como un territorio autónomo conformado por siete predios (El Intento, El Porvenir, La Meta, Playa Rica, Las Mirellas, Buenos Aires y San Nicolás), que suman 960 hectáreas donde hasta el momento se reconocen 350 familias. Censo que, aclara el Incoder, tendrá que actualizarse.
“Teníamos derecho a desarrollar nuestra propia estructura. El Incora nos había entregado formalmente las tierras en 1998 y desde el año 2000 habíamos conformado cabildos y estructuras de gobierno, pero para el Estado no teníamos mucho poder de decisión porque no eramos resguardo”, dice Aguilar.
Esta comunidad es la misma que el año pasado le reclamó al Gobierno por no haber sido consultada antes de que se le aprobara en diciembre de 2012 a la compañía anglo-australiana BHP Billiton, dueña de Cerro Matoso, una prórroga a su contrato de explotación de níquel en Montelíbano.
En su momento, la concesión fue duramente cuestionada en el Congreso, pero finalmente se firmó entre la compañía minera más grande del mundo y el Estado colombiano, y terminó entregándole a la empresa el permiso para operar hasta el año 2029, con la posibilidad de extender automáticamente el contrato hasta 2049.
“La tutela que presentaron las comunidades reclamando el derecho a la consulta previa fue fallada en contra de los indígenas porque no se reconoció la existencia de este resguardo debido a que la compañía y el mismo Gobierno negaron la presencia de las comunidades”, dice el abogado José Javier de la Hoz, quien representa los intereses de las comunidades, junto con Abelardo de la Espriella.
En mayo de este año la Corte Constitucional eligió esa tutela para revisión. “Confiamos en que la sala sea coherente y ahora que el resguardo existe en el papel haga valer sus derechos y exija la realización de una consulta previa para que los indígenas avalen las condiciones en que está operando Cerro Matoso”, dice De la Hoz.
Las duras tensiones entre los indígenas y la empresa, ligadas a las denuncias de las comunidades sobre abandono estatal y supuestas afectaciones a la salud derivadas de las operaciones mineras, llevaron a que en octubre de 2013 las comunidades protestaran por casi 20 días a las puertas de la compañía.
La presión indígena surtió efecto. La compañía, el Estado, en cabeza del Ministerio de Minas, y las comunidades firmaron un acuerdo en el que los indígenas se comprometieron a dialogar y no bloquear más las operaciones, el Gobierno dijo que llevaría inversión social a la zona y Cerro Matoso aseguró que invertiría un máximo de US$2 millones en financiar un estudio para verificar si sus operaciones sí han afectado la salud de los pobladores que viven en el área de influencia de la mina.
Aunque se abrirá una convocatoria para determinar qué universidades colombianas van a hacerse cargo de recopilar la información, el estudio será coordinado por la Organización Panamericana para la Salud (OPS) de la OEA, que presentará a mediados de agosto el marco de referencia que regirá la investigación.
acuevas@elespectador.com
@angelicamcuevas