La mala hora de uno de los constructores de la Bogotá-Girardot

Justo cuando el país se viene enterando a cuentagotas de la mano negra que la multinacional Odebrecht extendió sobre Colombia con sus tentáculos de corrupción y que incluso ya tiene a exfuncionarios públicos de alto nivel privados de la libertad, como el exviceministro de Transporte Gabriel García, tanto el Consejo de Estado como la Superintendencia de Sociedades decidieron sobre uno de los más reconocidos constructores de ese mismo sector, el de la infraestructura, y quien tiene casada una pelea millonaria con el Gobierno. (Lea El contratista del túnel de La Línea se defiende y contraataca)

Primero, el Consejo de Estado no le dio lugar a un recurso interpuesto por la Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A., que conforma Carlos Collins, en contra de la ANI, y que buscaba anular una decisión tomada por dos tribunales de arbitramento. En el documento de 25 páginas redactado por el alto tribunal y conocido por El Espectador se dejó claro que la Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. tendrá que pagarle a la Nación, en este caso representada por la Agencia Nacional de Infraestructura, $151.357 millones. Y a eso hay que sumar los $30.945 millones del primer fallo. Eso quiere decir que las concesión deberá pagar $182.303 millones. (Lea Gobierno demandará al contratista del túnel de La Línea)

En el documento se lee: “Declárase infundado el recurso de anulación interpuesto por la Sociedad Concesión Autopista Bogotá-Girardot S.A. contra el laudo arbitral proferido el 13 de enero de 2016, convocado para resolver las controversias entre dicha sociedad y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI”.

Tras conocerse el fallo, el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, fue contundente: “El contratista Carlos Collins interpuso recurso de nulidad que Consejo de Estado acaba de negar. En vía Bogotá-Girardot había dos tribunales de arbitramento. Ambos nos dieron la razón”. Luego, tras recordar los montos a favor de la Nación, manifestó: “Con decisión del Consejo de Estado, contratista Carlos Collins le adeuda a la Nación $182.303 millones… ¿cuándo los va a pagar?”.

Sin embargo, Carlos Collins, en diálogo con El Espectador, hizo varias precisiones. “La Concesión Bogotá-Girardot tiene cuatro socios: la DIAN, con 25 %; Álex Char, con 25 %; Vergel y Castellanos, con 25 %, y Álvarez y Collins, con otro 25%. Y lo que se había pedido era la nulidad del fallo. Lo que dice el Consejo de Estado es que no da la nulidad. Entonces queda el fallo como lo dejó el tribunal de arbitramento y contra ese fallo cabe una tutela, hay un recurso y lo vamos a presentar”. Así las cosas, esta termina siendo una pelea que involucra a una entidad del Estado contra la otra, pues, al terminar el proceso a favor de la ANI, también será la DIAN la que se tendrá que meter la mano al bolsillo para pagar parte de esos $182.303 millones que, según el porcentaje señalado por Collins, se calcula en $45.575 millones.

Y, segundo, este lunes en la mañana, la Supersociedades ordenó la liquidación de la Constructora Carlos Collins S.A. “La decisión se tomó por petición de la Delegatura para la Inspección, Vigilancia y Control, que realizó visitas a la compañía, donde constató que la constructora no desarrolla actualmente su objeto social ni cumplió con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil”.

En medio de la indagación para poder llegar a tal decisión, se encontró que dicha empresa “no presenta retención en la fuente desde 2014, debe impuesto de renta de 2013 por $1.521 millones, impuesto de renta de 2015, por $64 millones, impuesto a la riqueza año 2016, por $199 millones e impuesto al valor agregado período 1 de 2016, por $17 millones, por lo que la DIAN tiene embargadas las cuentas bancarias de la sociedad”. Eso quiere decir que la Constructora Carlos Collins S.A. no podrá desarrollar ningún tipo de actividad comercial y que “el proceso (se) inicia con el activo reportado por el deudor que asciende a la suma de $76.383 millones, valor que será determinado realmente al momento de aprobarse el inventario valorado de bienes por parte del juez del proceso”.

Ante esta decisión, Collins fue claro: “Ellos habían puesto un edicto en la Supersociedades que debía durar tres días. Alguien me avisó que me estaban mandando a liquidación judicial, cuando resulta que yo desde el 16 de diciembre del año pasado estoy en liquidación voluntaria. Sólo basta pedir el certificado de la cámara de comercio y saldrá ‘en liquidación’Entonces, decir que mandan a liquidación judicial es como decir que tienes un muerto y además llega alguien y le pega un tiro. Para qué le pegas un tiro si ya está muerto. Si ya estoy en liquidación voluntaria, ¿para qué me mandan a liquidación judicial?”.