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Este martes el gobierno colombiano, representado por la canciller María Ángela Holguín y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, asisten a la audiencia citada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la «revisión» del caso de «falsas víctimas» de una masacre cometida en 1997 por paramilitares, en complicidad con el Ejército, por la que fue condenado el Estado.
Así mismo, delegados de la Fiscalía General de la Nación y representantes del colectivo José Alvear Restrepo estarán presentes en la exposición en la que el Gobierno demostrará que al menos ocho de las víctimas de Mapiripán, beneficiadas por el fallo de la CIDH en 2005, no fueron asesinadas ni desaparecidas en esa matanza.
Se espera que en la audiencia que se realiza en la ciudad de San José de Costa Rica, los jueces escuchen a los representantes de las víctimas, a los familiares y al Estado colombiano.
El órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en San José de Costa Rica, condenó en 2005 al Estado colombiano y ordenó indemnizar a las familias de 40 víctimas, después de que la matanza fuera denunciada por varias organizaciones no gubernamentales en 1999.
El 25 de octubre pasado la magistrada Teresa Ruiz, del Tribunal Superior de Bogotá, pidió a la Fiscalía investigar si había «falsas víctimas» en la matanza de esa localidad de los Llanos Orientales y que hasta ahora se consideraba que había dejado medio centenar de muertos.
Y, al parecer, ocho de las víctimas de Mapiripán, reconocidas como tales por la CorteIDH, no habían sido asesinadas en aquel suceso, según determinó la Fiscalía.
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