«No está desdibujada»

La discusión de la reforma a la justicia en la Cámara de Representantes, que debe darse a partir de la próxima semana, no será nada fácil. Al anuncio del Consejo de Estado de que se retiraría del debate por considerar que la iniciativa que se está discutiendo va en contravía de la independencia de la Rama Judicial, se suma la decisión de los coordinadores ponentes en la Comisión Primera de revivir la Comisión de Acusaciones como instancia para la investigación de aforados —la cual había sido eliminada durante el trámite en el Senado— y el evidente desacuerdo frente al fortalecimiento del fuero militar.

Esos fueron los tres puntos claves que se abordaron ayer en la reunión de representantes ponentes, quienes anunciaron que presentarán su informe el lunes y que, a más tardar, entre martes y miércoles se dará la discusión y la votación para así cumplir con el cronograma dispuesto y evitar el hundimiento del proyecto. Restan dos debates, en Comisión Primera y en Plenaria de Cámara, que deben surtirse antes del 16 de diciembre —fecha en que termina el primer período de la actual legislatura— para superar la obligada primera vuelta.

Sobre el tema de la Comisión de Acusaciones, el coordinador de ponentes, Orlando Velandia, señaló que el problema no es si se elimina o no y, según se puede concluir, la ponencia propondrá que se cree un consejo de instrucción que cuente con herramientas técnicas suficientes para realizar el proceso, el cual debe depender de la Comisión en cuestión.

En el mismo sentido se expresó el representante Heriberto Sanabria, quien propuso una unidad técnica de apoyo investigativo compuesta por personas de altísimas calidades que apoyen a la Comisión de Acusaciones para iniciar los proceso de instrucción: “El problema de acá es de falta de herramientas y de recurso humano calificado”, señaló. Sea como sea, la Cámara no está contemplando la eliminación.

De otro lado, uno de los temas sobre el cual se espera un álgido debate, pues no hubo acuerdo entre los ponentes, es el fortalecimiento del fuero militar para que las investigaciones contra los miembros de la fuerza pública en acciones relacionadas con el servició sean asumidas, en primera instancia, por la Justicia Penal Militar. Para Velandia, si bien se respeta la posición del Gobierno de incluir el tema, partidos como el Liberal creen que incluirlo en la reforma es una decisión equivocada, ya que no tiene nada que ver con los problemas de fondo en la justicia del país.

Por el contrario, un grupo de legisladores considera que el fuero es un tema que no admite discusión y que se debe dotar de herramientas jurídicas suficientes a la fuerza pública para garantizar los resultados en materia militar.

Frente al anuncio del Consejo de Estado de hacerlo a un lado, la reacción fue de sorpresa, no sólo por parte de los representantes sino también de los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Éste manifestó que, hasta ahora, el texto aprobado ha sido fruto del consenso.

“El comunicado del Consejo de Estado se refiere a lo que fue aprobado en el Senado hace un par de semanas. ¿Cómo es que hasta ahora llegan a la conclusión de que no es satisfactorio? Han debido decirlo en el instante en que se hizo la aprobación”, dijo Esguerra y advirtió que en todas las instancias del debate hubo participación de los presidentes de las altas cortes.

Vargas Lleras, a su vez, rechazó la afirmación del presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, y afirmó que “la reforma a la justicia no está desdibujada porque contempla con estricto rigor todos los acuerdos que fueron objeto del consenso con ellos. Insistir en que se violenta la autonomía de la rama porque el ministro de Justicia pueda participar con voz pero sin voto en las decisiones de la administración judicial, me parece que no refleja la realidad”.

Lo claro es que, sin arrancar el debate en la Comisión Primera de la Cámara, ya se están haciendo evidentes las diferencias respecto a algunos de los aspectos que contempla la reforma. La principal preocupación entre los parlamentarios es que no habrá discusiones de fondo pues, de acuerdo con el cronograma que maneja el Gobierno, debe ser aprobada antes del miércoles porque el tiempo apremia.