El IDU paralelo de Julio Gómez

La Corte le dio plena credibilidad a Mauricio Galofre, quien relató que había un IDU paralelo que manejaban Julio Gómez y Álvaro Dávila que quedaba en el Hotel del Parque (a dos cuadras del IDU), en el que con la complicidad de los funcionarios de esa entidad se decidía cuáles propuestas eran rechazadas y cómo se ‘legalizaba’ el proceso para que siempre los contratistas escogidos fueran los mismos. Así quedó en evidencia por correos cruzados entre el socio de los Nule, Mauricio Galofre, y Diana Paola Patiño, subalterna de Julio Gómez, que comprueban “que la elaboración de los pliegos de condiciones se hizo a la medida de los contratistas”.

Se descubrió así que en ese IDU paralelo los contratistas del carrusel hacían las modificaciones para restringir la participación de los aspirantes y facilitar la intervención del grupo de Tapia y de Gómez en el mayor número de ofertas. En ese hotel, dependiendo de las necesidades, subían el patrimonio de sus firmas, bajaban el cupo de crédito o variaban la experiencia específica. Con cara ganaban y con sello no perdían. El método de evaluación les permitía saber los puntos que obtendrían y a qué contratistas debían sacar del juego.

Estas consideraciones aparecen en la acusación de 230 páginas del llamado a juicio del senador Iván Moreno Rojas. De acuerdo con el alto tribunal, Tapia y Gómez manejaban al dedillo esta oficina, sabían que era imprescindible averiguar cuántas propuestas debían ser eliminadas para que, una vez aplicada la fórmula matemática que asignaba los puntajes, fueran siempre los escogidos, “sin dejar al descubierto su manipulación”. Los testimonios de Galofre y los Nule sobre este punto son completamente creíbles para la Corte.

Advierte el documento que cuando la competencia de las empresas de Gómez y Tapia era descartada, con Manuel Pastrana —exasesor de la gerencia de la Empresa de Renovación Urbana, cuando el director de ésta era Néstor Eugenio Ramírez— se ocupaban de detectar el incumplimiento de algunos requisitos de los proponentes que habían pasado la segunda ronda. Encontrados esos ‘peros’, se los daban a conocer al IDU para que salieran de competencia. Era el entramado legal para no despertar sospechas, blindar el proceso y enriquecerse con la contratación en Bogotá.

En ese contexto, la Corte estableció que los miembros del comité de adjudicación y del grupo de evaluadores de innumerables contratos que se feriaban en el IDU en vano intentaron convencer a la justicia de la legalidad de estos procesos, “descartando la ocurrencia de presiones, sugerencias, órdenes, instrucciones, promesas remuneratorias o intervenciones” de Iván Moreno o alguno de sus emisarios. Con estos argumentos ordenó investigar a 13 personas (ver recuadro).

Los contratos del IDU

El Espectador tuvo acceso además a cuatro resoluciones del IDU, todas fechadas entre agosto y noviembre de 2009, en las que se resolvieron las adjudicaciones de cuatro contratos claves para la Alcaldía: el del puente de la calle 94, el del puente de la calle 134, la construcción de andenes en ambos costados de la carrera 15 desde la calle 100 hasta la 122, o algunas obras en la Avenida Ciudad de Cali. Todos esos contratos fueron ganados por las empresas de Julio Gómez y Emilio Tapia.

Por ejemplo, para la obra del puente de la calle 94 (que aún sigue sin ejecutarse) se presentaron 15 propuestas. En dos tenían intereses las firmas de los polémicos contratistas. De entrada, el IDU rechazó cinco y finalmente otorgó el mayor puntaje al consorcio Conexión, cuyas firmas constructoras Arkgo Ltda. o Equiplus hacían parte de la telaraña comercial de Gómez y Tapia. El contrato fue ni más ni menos que por $45.868 millones. Así ocurrió con 10 licitaciones más, en las que a firmas de Julio Gómez les adjudicaron en total contratos por un valor de más de $289.000 millones.

Muchos de esos contratos fueron caducados. No obstante, en criterio de la Fiscalía, Julio Gómez por ahora, en virtud de su preacuerdo, sólo se habría apropiado ilegalmente de $297 millones. En esa suma tasa el peculado. Otros tienen cuentas distintas y no les cuadra que Gómez, el zar de la contratación en Bogotá, apenas tenga que devolver una cifra tan mínima y mucho menos que la Fiscalía no hubiera pedido su detención hace pocos días, cuando se formalizó el preacuerdo.

Un vocero de la Fiscalía le dijo a este diario que el preacuerdo de Julio Gómez no es obstáculo para que se siga investigando si se apropió de otros dineros públicos y que si eso logra documentarse, podrían abrirse más expedientes en su contra. Pero que el compromiso por ahora es que Gómez sea testigo de la Fiscalía en los distintos casos del carrusel. En iguales condiciones estarían pactados los preacuerdos de los polémicos Álvaro Dávila y Emilio Tapia, citados para el 25 de noviembre y el 2 de diciembre próximos. En esas fechas les serán imputados los cargos.

La asesora insubsistente

El próximo 1° de diciembre se realizará una audiencia en Paloquemao, en la que la Contraloría Distrital de Bogotá solicitará que Julio Gómez sea detenido preventivamente. Ni a la Contraloría ni a la Procuraduría les pareció adecuado que Gómez, protagonista del escándalo de la contratación, estuviera libre mientras las investigaciones siguen en curso, por lo que el pasado jueves la Contraloría directamente solicitó medida de aseguramiento contra él. El Ministerio Público ya había hecho lo mismo, en carta enviada al fiscal José Ricardo González el pasado 10 de noviembre, pidiendo que Gómez fuera detenido dadas las graves irregularidades que éste podría haber cometido con multimillonarios anticipos del Distrito.

A la determinación de solicitar el arresto de Gómez, sin embargo, no le faltó controversia. La abogada Liliana Ortiz, asesora del despacho del contralor distrital Mario Solano, notificó en la Contraloría que se reuniría con el procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán para entre ambos tramitar la privación de libertad de Gómez. Ese mismo 15 de noviembre, conoció El Espectador, Ortiz fue declarada insubsistente. Esta asesora de libre nombramiento y remoción fue enterada de la decisión el 16 de noviembre, es decir, el día que se reunió con los funcionarios de la Procuraduría.

Las suspicacias empezaron a hacer ruido y fue el alcalde electo Gustavo Petro quien lanzó la recriminación desde su cuenta de twitter: “Aún no hay explicación sobre por qué la Contraloría Distrital declaró insubsistente a Liliana Ortiz, la abogada que pidió cárcel para Julio Gómez”. En diálogo con este diario, Solano respondió: “¿Acaso si el señor Petro saca a Alejandro Botero de su comité de empalme eso da pie para pensar que él es amigo del carrusel de la contratación?”. Solano le dijo a este diario que las actuaciones de la Contraloría para lograr que se hiciera justicia en este tema continuarían “con o sin Liliana Ortiz”. “Me sorprende tanta suspicacia, pero me sorprende aún más que el doctor Petro esté metido en ese juego”, señaló el Contralor.

El caso de Julio Gómez ha despertado toda suerte de polémicas. Algunos creen que la justicia es muy benévola con él. En la otra orilla algunos más controvierten esa afirmación. La Fiscalía insiste en que no hay concesiones y que irá hasta las últimas consecuencias. Los nombres y las piezas del carrusel de la contratación siguen protagonizando titulares de prensa y expedientes judiciales. Ayer mismo, por ejemplo, se conoció que un contratista de los Nule, el ingeniero Alberto Calderón, aceptó el cargo imputado por la Fiscalía, de falsedad en documento privado.

Otros 13 investigados por el carrusel, dijo la Corte

En el documento de llamado a juicio del senador Iván Moreno, la Corte Suprema de Justicia determinó que 13 personas más del IDU sean vinculadas a la investigación por el carrusel de la contratación. Cuatro de ellos eran miembros del comité de adjudicaciones: Ana María Ospina Valencia, Luis Eduardo Acosta Medina, Luis Esteban Prada Bretón y Luis Rafael Barrera.

Los demás eran evaluadores de las propuestas del IDU: William Fabián Calderón Aguirre, Helda María Torres Herrera, Lucy Yaneth Sánchez Robles, Tirso Alejandro Vanegas Rodríguez, Camilo Ernesto Pieschacón Moreno, Javier Horacio Pachón, Sandra Milena Gómez Tovar, Mónica Inés Delgado y Libia Hincapié López.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó investigar a los Nule porque habrían entregado información falsa a Segurexpo, la compañía que los aseguró para poder obtener las licitaciones.