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Las autoridades le siguen la pista a, por lo menos, 3.700 hectáreas de tierra que hacen parte de la Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo (Antioquia) y que fue propiedad de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín. Esas tierras, que no hacen parte del parque temático que funciona allí, estarían siendo ocupadas de irregularmente por terceros, que ni el Estado tiene certeza de quienes son. El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, habló con El Espectador sobre la investigación que adelanta la entidad respecto a este caso y otros de ocupación irregular de tierras que le ponen trabas a la agenda de la reforma agraria en el país.
Las denuncias sobre las tierras de la Hacienda Nápoles hablan de 4.000 hectáreas, pero solo en 300 funciona el parque, ¿quién tiene el manejo del resto?
Encontramos resoluciones de asignación de 2007 y de 2010, cuando esas tierras se le entregaron a la Alcaldía de Puerto Triunfo (Antioquia). Revisamos y Doradal terminó siendo un gran epicentro del desarrollo turístico de Antioquia. El interés del Gobierno no es afectar esa economía próspera que ha rodeado el parque. Pero cuando revisamos internamente, encontramos que hay 3.700 hectáreas en manos de un comodato de las alcaldías que aún no hemos podido reconocer e identificar en manos de quién están. Pero sí sabemos que hay muchísimas haciendas que están dentro de esa extensión que en su momento se entregó vía resolución a la Alcaldía, que a su vez las ha entregado en concesiones de 20 y 30 años.
Esas personas terminaron usando la Alcaldía de Puerto Triunfo para apropiarse indebidamente de esa tierra. Insisto: nada tiene que ver con el Parque Nápoles ni con el circuito turístico de Doradal. Pero hay una operación sistemática para robarse la tierra, que es una de las operaciones más sofisticadas que hemos encontrado y que no son las únicas en el país. Hay un esquema claro de acaparamiento de tierras en Colombia, en el que le hacen el quite a la ley. Esa finca jamás debió haber ido, por disposición legal, a la Alcaldía de Puerto Triunfo. Debió haberse honrado a la palabra de la Ley 160 de 1994, que ya estaba vigente para esa época, y ser transferida al extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, para entregarla a campesinos.
Es decir, ¿esas 3.700 hectáreas están divididas en fincas de particulares a los que se las entregó la alcaldía irregularmente?
Esa tierra está en manos de particulares. De algunos sabemos que son campesinos, que tienen cómo legalizar los comodatos. Otros son grandes finqueros de la región a los que estamos identificando.
¿Y el dinero de esos acuerdos a dónde se está yendo? ¿Quiénes tienen el control?
Eso es parte del debate. Lo mismo termina pasando con los bienes que entregaron los paramilitares, con los que entrega la mafia y con los baldíos. También han estado muchos congresistas alrededor de ese asunto. Estamos en esa investigación. Vamos a tener que hacer el barrido y la caracterización. Estamos en esa tarea junto con la SAE que, finalmente, es la que en su momento, como Dirección de Estupefacientes en 2007, delegó y entregó ese bien a la Alcaldía de Puerto Triunfo. Pero son personas que no tienen nada que ver con la Hacienda Nápoles.
¿Qué les ha dicho la SAE sobre lo que ocurre en la Hacienda Nápoles?
Eso ni siquiera lo hizo la SAE, sino la extinta Dirección de Estupefacientes, que era la entidad que estaba antes del asunto. En ese contexto, lo que nos toca es clarificar, porque vamos a pedir la revocatoria de esa resolución que se entregó, supuestamente, para proyectos productivos. La tierra se mandó con una destinación específica y vamos a ver si se está cumpliendo con ella o si podemos motivar una revocatoria. Con la SAE estamos concertando una comisión conjunta que va a estar al frente de la investigación.
¿Qué les responde la Alcaldía de Puerto Triunfo?
Allá saben quién es el concesionario del parque y cómo se ha movido históricamente con las administraciones municipales. Todo el mundo sabe quién es y cuál es el poder que tiene sobre las autoridades locales. Como el latifundio es tan inestable jurídicamente, concentra altos niveles de poder político. Entonces, uno revisa los acuerdos y están pegados con babas, coloquialmente hablando. Pero como son amigos del alcalde, del inspector de Policía o del gobernador, en eso se amparan para que no pase nada.
Además, es una zona que tiene unas complejidades de orden público particulares. ¿Cómo ha influido ese factor en el desarrollo de la reforma?
Es muy complicado, pero existe la decisión política del gobierno de recuperar esa tierra. Para nadie es un secreto que la tierra ha sido el núcleo del conflicto armado en Colombia y que la presencia activa de grupos armados que acaparan tierra es una forma de lavado de activos y de cuidar corredores estratégicos. Hacer estas operaciones de desalojo ha sido un acto de voluntad, también un intento por coordinar detalles con la fuerza pública y con los organismos correspondientes para reducir los riesgos que tienen nuestros funcionarios. La semana pasada llegamos al punto de hacer casi más de 3.000 hectáreas de recuperación en tres departamentos: Boyacá, Tolima y Córdoba.
¿Qué tal ha sido la disposición del Ministerio de Defensa para acompañar ese proceso?
Hemos tenido muy buena comunicación. Con dificultades en algunos departamentos muy puntuales, pero siempre hemos encontrado la voluntad de un equipo de carabineros que nos acompañan en estas diligencias.
¿Le preocupa que el cambio en la dirección de la Policía genere retrasos en el ritmo de recuperación y entregas de tierras, por falta de acompañamiento de la fuerza pública?
Sí, claro. Cualquier cambio a esta altura del gobierno es traumático para todos. No vamos a desconocer que estas cosas generan un clima en el que tenemos que esperar que se vuelvan a armonizar ciertas condiciones para seguir articulados.
Volviendo a la Hacienda Nápoles, en caso de revocarse la entrega de ese predio, ¿qué sigue en el proceso?
Lo que sigue es que a los campesinos que estén allí les vamos a entregar su debido título, a ellos les enviamos un mensaje de tranquilidad. Pero quienes no lo sean, nos tienen que entregar la tierra. Los campesinos hoy están amparados por un comodato que (los políticos) usan para elegir y reelegir alcaldes con su renovación. Nosotros lo que les vamos a entregar es el título definitivo a los campesinos. Y quienes no lo son, efectivamente, tienen que entregar la tierra.
Por otra parte, El Espectador reveló que el hermano del alcalde de Baraya (Huila) se estaría beneficiando de predios de la reforma agraria. ¿Qué ha investigado la ANT?
Ha habido de todo. Así como hay organizaciones campesinas tremendamente responsables en el uso de su predio, hemos tenido que intervenir en ocho casos en el país en los que encontramos que la tierra se entregó a una organización y el dirigente desvió la base de beneficiarios y terminó metiendo a otras personas; en el caso de Baraya, al hermano del alcalde. Hace parte de tareas muy concretas en las que hemos tenido que ir recogiendo esa tierra y entregándosela a otras organizaciones campesinas para que sean beneficiarias.
¿La ANT ha hablado con el alcalde sobre esas irregularidades?
No hemos podido hablar con el alcalde, pero debo manifestar que es la Alcaldía Municipal de Baraya y la Personería de ese municipio, bajo tutela y control del alcalde, la que ha evitado todas las actuaciones de la ANT. Eso es parte de los desafíos. Las autoridades locales muchas veces terminan siendo salvaguarda del poder terrateniente ilegal. No hablo del terrateniente legal, que tiene los papeles de su gran hacienda; estoy hablando del latifundio ilegal, que tiene baldíos, que son bienes de la SAE y del Fondo de Reparación. Esa es una realidad concreta que ocurre aún en todo el país.
Pero entonces, ¿qué hacer cuando son los gobiernos locales los que le ponen la zancadilla a la reforma?
Nosotros tenemos las facultades para actuar a cabalidad, con nuestra misionalidad y sin necesidad de depender del alcalde o del Ministerio Público, en este caso la Personería Municipal. Hemos pedido el acompañamiento de la Defensoría del pueblo y de otras instancias para dirimir en este y en otros conflictos.
¿Y el anuncio que hicieron sobre el retiro de esas tierras?
Sí, ahí estamos avanzando. Tenemos una ruta establecida y ese es solo uno de los casos. Otro muy sonado ocurrió en Buenavista (Córdoba). Entregamos una finca maravillosa, que se llama La Carcajada, de 3.000 hectáreas, a una persona que no dejaba entrar a los beneficiarios porque la arrendó. Nos dimos cuenta, sacamos el ganado, quitamos el derecho provisional y reasignamos esa finca.
Por parte de algunos congresistas y líderes hay denuncias de que también en Huila adquirieron predios que hacen parte de áreas protegidas, cerca a un páramo. ¿Qué explicación da la ANT sobre esa situación?
Las denuncias derivadas de la adquisición de predios en áreas protegidas se reducen a dos predios que se entregaron a comunidades étnicas. En el caso de las comunidades indígenas, no existe un criterio agronómico para la asignación de esas tierras. A ellos no solo se les compra tierra para la producción; se les compra tierra en sitios, por ejemplo, que son espacios espirituales y de rituales según su cosmovisión. Se compra tierra para otras condiciones y medidas. Son los indígenas y las comunidades campesinas los que históricamente han podido cuidar los nacimientos de agua y los páramos. En ningún momento el hecho de que la agencia compre esos bienes legitima un derecho para evadir la función ecológica de la propiedad.
Esos predios se compran y siguen con restricciones para su debida explotación. No es que, por el hecho de que se compren, los indígenas tengan licencia para deforestar o construir cualquier cosa. Tienen que restringirse al régimen de usos y en los casos de comunidades étnicas no existe restricción para esas compras. Nos pasa mucho en la Sierra Nevada de Santa Marta, con los indígenas arhuacos. Acabamos de entregarles dos predios de la SAE que están frente del mar. Para ellos, el acceso al mar tiene una razón espiritual, están dentro del área protegida y del Parque Tayrona. No van a montar un hotel, es para la conservación y para la entrada al mar, dentro de la cosmovisión arhuaca. Ese fue un mandato que orientó el señor presidente.
Pero las denuncias, en el caso puntual del Huila, vienen de congresista de oposición, como María Fernanda Cabal…
Hay un sesgo racista porque son ellos los que tienen mucha tierra en el país. Entonces son los únicos que pueden, a partir del mercado, comprar esas tierras. Pero el Estado no, para entregarlas a las comunidades más pobres. Hay un sesgo racista en todo esto, muy marcado, no solamente en María Fernanda Cabal, sino también en Miguel Polo Polo, en Paloma Valencia. En distintos actores que no han reconocido que este país es plurinacional, que aquí hay pueblos indígenas y comunidades negras que también merecen y requieren tierra. Comunidades que tienen otras formas de interpretación del territorio histórico, distintas a la ejecutiva.
Polo Polo me puso una denuncia por crear un convenio con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). En el marco de su fortalecimiento organizativo, ellos tienen que reunirse mensualmente y hacerle control político al Gobierno. En ese convenio se establece que los miembros de las comunidades indígenas que tienen delegados en todo el país tienen que reunirse y recibir una remuneración. Eso lo mostró como un acto de hechicería y de brujería, dijo que habíamos contratado a indígenas en la ANT para hacer rezos.
Ese absoluto desconocimiento de las dinámicas del país es muy peligroso, porque no reconocernos como diferentes, como plurinacionales, es un riesgo evidente para las comunidades indígenas, que históricamente también han sido las víctimas de la guerra. Lacera a la sociedad colombiana en el marco del reconocimiento de su propia diferencia. Es muy peligroso ese juego de andar exponiendo, a partir del racismo, este tipo de planteamientos.
¿Hay lugar a acciones penales por ocupaciones irregulares como las mencionadas?
De la tierra que entregaron los paramilitares, salió un informe de que casi el 56% está indebidamente ocupada. Esa gente que lleva 10, 15 o 20 años dentro de una hacienda que entregó un paramilitar, sin pagar arriendo, sin contrato y sin reglamentar sus mejoras, esa gente evidentemente robó al Estado. Por eso es preferible que reconozcan esa situación y que entreguen voluntariamente. Pero muchas veces terminamos nosotros yendo, desalojando con la fuerza e imponiendo las denuncias correspondientes frente a la situación concreta.
De esas tierras, ¿hay algo, por ejemplo, que sirva más adelante, de cara a una próxima sentencia de la JEP, para financiar el cumplimiento de las sanciones?
El reto es sustancial, porque hay mucha tierra y pocos recursos. Nosotros hoy, por lo menos, tenemos que operacionalizar un convenio de COP 700.000 millones con el Fondo de Reparación, para el caso de víctimas del paramilitarismo. Pero ahí podríamos gastarnos COP 2 billones más y todavía hay tierra de los paramilitares, más todos los bienes que han dicho Macaco, Mancuso y otros líderes que ni siquiera aparecen. Ese es otro aspecto importante: Macuso habló de que entregó 400 bienes, y cuando nosotros revisamos de forma efectiva lo que aparece relacionado con sus entregas, no hay más de 70 bienes.
Pero el trabajo no es solo entregar tierra, sino también que haya infraestructura para el desarrollo…
Tenemos una cantidad muy importante de entregas de tierras en distintos sitios del país, pero en muchas ocasiones esa tierra no tiene la infraestructura de educación, carreteras, etcétera, para hacerla productiva. Ese es uno de los desafíos. En este momento en Colombia hay más de 550 comités municipales de reforma agraria, su rol no es pedir tierras, sino que, por ejemplo, por donde compramos la tierra en Buenavista (Córdoba), pase una placa huella; ahí necesitamos articulación con el Ministerio de Transporte.
Cuando compramos la hacienda La Comandancia (San Onofre, Sucre), de casi 2.000 hectáreas y que hoy tiene a 200 familias, había que sacar un espacio para la escuela y ahí cabía, por ejemplo, el sector de educación. Hay un sinfín de articulaciones que dependen del Sistema Nacional de Reforma Agraria, que va mucho más allá de agricultura y que hay que seguir organizando de forma sistemática para que pueda manifestar más resultados. Por ahora, es la tierra y el título; pero necesitamos que cada vez sea una política más integral.
¿Hasta dónde se han logrado esas articulaciones? Exministros de este gobierno, como Iván Velásquez, han dicho públicamente que es muy difícil.
Hasta ahora estamos armando el andamiaje de las subcomisiones del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Ahí hay un esfuerzo importante, pero no suficiente y que hay que seguirlo afinando, trabajando. Por eso hemos manifestado abiertamente que la política de reforma agraria tiene que continuar para que no quede incompleta. Esto no es un asunto de cuatro años. Con la ministra Martha Carvajalino hemos articulado de la mejor manera cada uno de los ejercicios que hemos podido disponer. Pero, insisto, hay un gran desafío para que se sigan dando resultados. A pesar de los esfuerzos y avances, hay mucho por hacer. Hay que entender que hablar del campo no es hablar solo de agricultura. Ese chip hay que implantarlo en muchas de las carteras.
¿Qué medidas está tomando la ANT para garantizar la transparencia y la gestión en la ocupación de las tierras de la reforma?
En los temas de adquisición hay dos riesgos importantes. Uno es el sobrecosto, que estemos comprando una finca a un precio por encima de lo que vale. El otro es que compremos tierra improductiva. Para eso, tomamos dos medidas. Primero, hoy tenemos un sistema de autorreferencia de curvas de perfil de la tierra en Colombia que nos da un promedio de cuánto es el valor de la tierra en cada municipio. Cuando se dispara por encima de ese promedio, inmediatamente prendemos una alarma. No impide que se compre la tierra, pero sí se tiene que justificar bien en qué condiciones, por qué y qué mejoras productivas tiene.
La otra es que antes se analizaban los terrenos agronómicamente por satélite y eso no es responsable con el país. Lo que hacemos ahora es que, de manera obligatoria, va un agrónomo con su tarjeta profesional a certificar y verificar la aptitud agronómica de las haciendas. Eso nos asegura que también tengan capacidad productiva. Nuestros valores de referencia son valores comerciales, asesorados por lonjas autorizadas, con sistema de autocontrol y referencia de precios para evitar sobrecostos. Estamos intentando al máximo tener el mayor de los cuidados alrededor de eso.
Pero no solamente eso. Es la ANT la que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía más de 25 denuncias por posibles intermediarios que se presentan como gestores en estos ejercicios de compra y entrega de tierras. Eso es fundamental, porque lo hemos venido develando. A pesar de que esos contratos en el Código Civil tienen amparo legal, tenemos que ratificar una vez más que ningún trámite en la ANT se cobra, ni requiere de una oficina de intermediación, ni jurídica, ni de ninguna otra índole, para poder hacer sus diligencias.
¿Qué tanto han avanzado esas denuncias en la Fiscalía?
Sé que algunas han avanzado sustancialmente, incluso contra líderes campesinos que realmente no lo son, sino que le quitan a la gente diciéndoles: “No, es que yo tengo el gancho allá, yo tengo la palanca acá, deme medio millón de pesos”. La gente comienza a entregar dinero con la expectativa de tener un pedacito de tierra, y los terminan robando. Y los responsables se amparan en el derecho de la asociación; eso no puede ser. También hay embaucadores de toda índole, no solamente en la compra, sino también en la entrega de las tierras. Y pasan situaciones como la del municipio de Baraya.
¿Cómo va la reforma agraria y qué balance hace a menos de un año de que se termine este período de gobierno?
Somos optimistas con el balance, hablamos de la gestión efectiva de 70.000 hectáreas y la entrega de más de 290.000 de ellas. Hay unas cifras muy importantes, pero también está el hecho de revelar lo que ha ocurrido con los bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y los del Fondo de Reparación. Ahí tenemos dos fuentes de tierra que no se han agotado. Esperamos alcanzar el millón de hectáreas, que es la meta de cierre de este gobierno. Es lo que le corresponde a un gobierno que quiere implementar el Acuerdo de Paz, donde se estableció una meta de tres millones de hectáreas entregadas en 12 años. Esto significa que cada gobierno tenía que hacer la tarea de, al menos, la entrega de un millón de hectáreas y en eso estamos.
¿Cómo ha sido la relación con las instituciones que tienen que liderar la implementación de la reforma agraria?
Hay enormes desafíos que no vamos a desconocer. Tenemos que articularnos mejor con la capacidad de estructurar proyectos productivos, estructurarnos y acompañarnos mejor con financiamiento. Pero estamos en la tarea. Los comités de reforma agraria fueron creados por la Ley 160 de 1994 y duraron más de 30 años sin reunirse, sin articularse, sin siquiera reglamentarse. Es este gobierno el que ha empezado desde cero en esa tarea y esperamos que cada vez el engranaje sea con más confianza, de una manera más oportuna y rápida para el beneficio de los campesinos y de las comunidades étnicas a las cuales les entregamos la tierra.
¿Cuáles son los sitios del país y poblaciones a las que más ha impactado la reforma agraria?
Hemos hecho un balance general y, de forma cuantitativa, podemos ver en dónde se ha desconcentrado la tierra y en dónde no, en un esquema de modelación. En al menos 180 municipios de Colombia ya hay reforma agraria, según un análisis que hicimos recientemente. Eso significa que son sitios en los que había una estructura de propiedad con 300 propietarios en un municipio de Colombia, por ejemplo, y posterior a las compras y a la entrega ya tiene 1.000 propietarios. Eso repercute en que, efectivamente, hay mayor desconcentración y redistribución de la tierra. Una gran hacienda ya no es de una persona, sino de 200, por ejemplo. Esa es la tarea concreta en la que hemos podido avanzar.
¿Le preocupa que el cambio de gobierno el próximo año le ponga freno a la reforma?
Me preocupa que hay una contrarreforma agraria. O que existan retrocesos en casos como el de El Aro (Ituango, Antioquia), donde entregamos títulos; el de Bellacruz (Cesar), en donde en buena medida estamos cuidando a los campesinos de Colombia; o el de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar. Me preocupa sustancialmente que esto termine configurándose en una contrarreforma como la que ocurrió con la violencia paramilitar de 1990. Es una preocupación importante, por eso apelamos a que se entienda que sin campo y sin campesinos no hay país. En ese sentido, lo peor que le puede ocurrir a Colombia es una nueva ola de violencia y desplazamiento, en la que los notables esfuerzos que hemos hecho, que aún siguen siendo insuficientes, terminen reversándose en un cambio político.
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