Enredados

Empezó con la polémica venta de Isagén, en donde los ciudadanos terminaron quedando con la impresión de que el Estado colombiano hizo un mal negocio, vendiendo a precio bajo un activo estratégico a un único oferente. A los pocos días, fue publicado el informe de la comisión de expertos sobre la reforma tributaria. En el marco de sus vaguedades e incoherencias, el mensaje que quedó, sin embargo, como si proviniera del Ejecutivo, fue bastante claro: habrá alza generalizada de impuestos, empezando por el IVA. El Gobierno patinó en sus declaraciones y aunque de alguna manera descalificó el informe y se desmarcó de sus sugerencias, al final no tuvo más remedio que confirmar que llevará al Congreso una nueva reforma tributaria que será presentada en el segundo semestre de este año. Esta determinación se hizo sobre la base de los cálculos que tienen para dedicar el primer semestre a la firma de la paz y su ratificación y el segundo a la implementación de los acuerdos, en donde, por supuesto, hay un alto contenido tributario.

Más tarde llegó el informe de la Contraloría sobre las irregularidades en la Refinería de Cartagena y con éste la consolidación de un gran escándalo de corrupción que aún está en proceso de identificación de responsables. Luego vinieron las salidas en falso de un par de ministros. El de Agricultura le declaró la guerra al sector empresarial dueño de los supermercados y en medio de la ligereza de sus declaraciones los acusó de comportamientos ilegales y terminó amenazándolos con investigaciones de la SIC. El ministro Iragorri, esa es la verdad, está preso de las circunstancias, pues anhela un alto precio para los productores y buena calidad y bajo costo para los consumidores. Le pasa con la papa y el maíz, por solo mencionar algunos casos. La ministra de Transporte, que no es muy dada a rectificar el rumbo, está empeñada en sacar adelante una nueva metodología para establecer la base gravable para el cobro del impuesto de vehículos. Su apuesta salió mal, los expertos la descalificaron y los ciudadanos nuevamente quedaron indignados por lo que consideran un soterrado intento para sacarles más plata del bolsillo. Y aunque ambos funcionarios andan recogiendo declaraciones, desdiciéndose y rectificando por pedazos, el daño que le hicieron a la imagen del Gobierno no tiene ya reversa.

Y a todo lo anterior que ya no es fácil, al Gobierno empiezan a pasarle factura otros temas que no necesariamente están bajo su control: la inflación, el precio de los alimentos, la devaluación del peso y la baja en los precios del petróleo. Y ni se diga lo que está pasando con los efectos terribles que se agravan con ocasión del fenómeno del Niño, el natural incremento de infectados por el zika y los más de 100 municipios que desde hace semanas tienen ya racionamiento de agua durante algunas horas del día o de la noche. No sé si se acuerdan, pero la Justicia sigue en paro y lo de la muerte de los niños y la situación de La Guajira… ni se diga.

Así las cosas, y por más que el Gobierno haga esfuerzos para separar una cosa de la otra, es evidente que no es posible escindir completamente el destino del plebiscito por la paz de la suerte del Gobierno y lo que de éste piensen los ciudadanos. El Gobierno debe retomar el liderazgo en áreas diferentes a la paz, y si quiere aprobar el plebiscito, debe llegar al día de las elecciones con un entorno controlado, más favorable al que se ha visto en estos meses.

@NicolasUribe